El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, en un comunicado informó que se reunió este sábado con la canciller de Alemania, Ángela Merkel.
En la reunión, el director de la organización, Abel Barrera Hernández expresó su particular preocupación porque el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa no vaya a ser resuelto durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
También denunció la falta de voluntad política de las autoridades federales para dar seguimiento a las líneas de investigación propuestas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Hasta el momento no hay avances sustanciales en la investigación del paradero de los normalistas.
Tlachinollan, junto con otras organizaciones y periodistas, compartieron su preocupación por la persistencia de la impunidad y la corrupción sistémicas que han sido “causa fundamental de esta crisis en materia de derechos humanos que enfrentamos en México”, dice el comunicado.
Informa que estas prácticas han socavado el Estado de derecho y han generado un ambiente de permisibilidad para que las organizaciones delincuenciales sometan a la población con la consumación de delitos de alto impacto.
Las agresiones a periodistas y las personas defensoras de los derechos humanos fue un tema de preocupación de la Canciller, quien reconoció la gran labor que realizan en situaciones difíciles y adversas. Por ello manifestó su interés en ayudar, y apoyar el trabajo de periodistas y de los defensores de los derechos humanos.
Angela Merkel fue sensible y receptiva a los planteamientos emitidos por representantes de la sociedad civil. Preguntó, “¿en México no sé sabe cómo actuar o no se quiere actuar? Continuó comentando que en nuestro país las libertades deben ser garantizadas, eso es claro y se debe combatir la corrupción, que es una tarea difícil”, afirmó la canciller.
Por otra parte, manifestó preocupación por que no haya contrapesos políticos en el país, sobre todo un Poder Legislativo que pueda pedir cuentas al Ejecutivo, y que no exista un Poder Judicial con la fuerza para hacer valer el Estado de derecho.
Finalmente, las defensores y periodistas expresaron su preocupación por el impulso que se le ha dado al Ejército y que cuenta con el apoyo de varios partidos políticos a una ley de seguridad interior que apuesta a un modelo militarizado de la seguridad, en detrimento de los derechos humanos de la ciudadanía.