La diputada local perredista Eloísa Hernández Valle, lamentó a nombre de su fracción el asesinato de siete personas en Ahuacuotzingo entre ellos cinco policías, y el enfrentamiento en Chichihualco entre delincuentes y policías federales, y llamó a los gobiernos federal, estatal y los municipales a dar resultados en seguridad.
“Exigimos que la seguridad sea una prioridad para que nuestro estado recupere los años de bonanza económica que tuvimos gracias al turismo, exigimos que esto sea una realidad y no sólo un lema de campaña”, dijo en tribuna.
Hernández Valle lamentó que la violencia e inseguridad en el estado se continúe incrementando “todos los días”, y los “hechos delictivos cada vez más graves”, los cuales “denotan la faltan de eficacia de las políticas y acciones implementadas en materia de inseguridad”.
La perredista lamentó “la violenta acción ejecutada en Ahuacotzingo” donde fueron asesinados cinco policías y dos trabajadores de Prospera, para llevarse casi un millón de pesos del mismo programa.
Consideró que es responsabilidad del Estado la reparación del daño por el asesinato de los siete servidores públicos “que han dejado en el desamparo a sus familias”.
Eloísa Hernández habló también del enfrentamiento del martes en Chichihualco, cabecera del municipio de Leonardo Bravo, donde integrantes de un grupo criminal y policías federales se enfrentaron.
Ante los hechos violentos “los guerrerenses nos encontramos a disposición de los grupos delincuenciales, debido a la falta de efectividad de las acciones en materia de seguridad, la falta de empleo, la falta de oportunidades de educación para los jóvenes”, dijo la perredista en tribuna.
Y generalizó apuntando que no existen resultados de los gobiernos municipales, estatal ni el federal en seguridad, “no podemos tener un solo día en que las cosas en este territorio no sean peores que el día anterior, vamos perdiendo la capacidad de asombro ante el grado de violencia de que nos encontramos rodeados”.
A pesar de los bloqueos de la bancada mayoritaria en el Congreso, dijo que el PRD seguirán insistiendo en pedir seguridad y pidió a todos los gobernantes “redoblar los esfuerzos para disminuir los índices de violencia que desde hace algún tiempo nos han rebasado. Que en coordinación se aborde este tema estableciendo acciones reales acorde al problema de cada municipio y región”.

A la congeladora propuestas del PRD

Por su parte la coordinadora de los diputados del PRD, Erika Alcaraz, lamentó que a pesar de que han buscado llevar a la tribuna del poder Legislativo temas de seguridad y corrupción, estos son bloqueados por la fracción mayoritaria, que es la del PRI.
Se refirió a la masacre ocurrida en el penal de Las Cruces, de la que responsabilizó al gobierno del estado, o el caso del “contrato vergonzoso de los parquímetros en la ciudad de Chilpancingo, están en la congeladora de la Junta de Coordinación Política, pretendiendo su olvido”.
Dijo que es urgente un informe sobre el número real de muertos, heridos y en su caso desaparecidos en el penal, porque el gobierno de Guerrero está “bajo sospecha cómplice porque la información otorgada a los medios de comunicación resulta sesgada e inverosímil ¿Cómo es posible que en un motín donde hubo 28 muertos, asesinados con despiadada violencia, varios de ellos, haya habido sólo tres heridos?”.
La coordinadora de los diputados del PRD dijo que la estrategia de seguridad pública “es un fraude; Guerrero sigue ubicado en el primer lugar de asesinatos a escala nacional”.
Alcaraz Sosa continuó los señalamientos: “la administración de los reclusorios de la entidad es la punta de la corrupción, la simulación y la impunidad del sistema de justicia penal. Para nadie en este Congreso le son ajenas las denuncias que el verdadero control de las instituciones la tiene el crimen organizado”.
Pero dijo que esos temas no les son urgentes al bloque integrado por el PRI, PAN, MC, y PVEM, porque con ellos no tienen relación con el gobierno de Acapulco.
En tribuna exigió “congruencia y la inmediata aprobación” de los puntos de acuerdos parlamentarios para que comparezcan el secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes; el subsecretario del Sistema Penitenciario, Miguel Ángel Alonso Orihuela Hernández, así como la del alcalde de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena.

Ilegales, los fiscales especializados

Entre los asuntos enviados a la congeladora, está el presentado ayer por Alcaraz Sosa, quien a nombre de la fracción perredista presentó una propuesta de punto de acuerdo, por el que se requiere por segunda ocasión al fiscal general del estado para que en el término de tres días, envíe al Poder Legislativo para su visto bueno los nombramientos de los fiscales especializados en Delitos Electorales, Combate a la Corrupción, y en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas.
Pero la propuesta fue bloqueada por las fracciones del PRI y el PVEM que votaron en contra, por lo que no alcanzó la votación para ser aprobado como asunto de urgente y obvia resolución.
La perredista recordó que el pasado 29 de junio aprobó requerir al fiscal que remitiera al poder Legislativo el nombramiento de los fiscales especializados.
Erika Alcaraz recordó que es facultad del Congreso local dar visto bueno de las personas “que habrán de desempeñar tan importantes cargos para la procuración de justicia”.
Sin embargo, dijo que el fiscal lejos de garantizar una debida conducción de la Fiscalía “da muestras de opacidad, falta de conocimiento de la tarea e importancia que es la procuración de justicia, a pesar de decirse un abogado privado experimentado”.
Y apuntó que el informe que el fiscal entregó durante su comparecencia ante diputados fue deficiente, carente de análisis y balance de la situación de la procuración de justicia.
Que Javier Olea no haya enviado los nombres de los fiscales especializados, a pesar del llamado, fue calificado como un “desacato” y que la falta de nombramientos legales “sus funcionen pueden generar una mala actuación por parte de la Fiscalía que representan y, en su caso, un violación a los derechos humanos de los ciudadanos”.

Las tres sesiones

Ayer hubo tres sesiones del pleno del Congreso local, dos de ellas de trámite para “elegir” y tomar protesta a los diputados propietarios y suplentes que integrarán la Comisión Permanente durante el tercer periodo de receso del segundo año de la 60 legislatura.
También se eligió y realizaron la toma de protesta de los diputados que integrarán la Mesa Directiva que presidirá y coordinará los trabajos del tercer año de ejercicio de la legislatura.
El diputado de MC Silvano Blanco de Aquino lamentó que hayan dejado fuera de la Mesa Directiva a su partido, evitando así la pluralidad que legalmente se establece para su conformación, además de que dijo que su compañera de fracción , Magdalena Camacho Díaz, realizó “un trabajo muy decente” en el cargo de presidenta.
Será el diputado del PVEM Eduardo Cueva Ruiz el que presidirá la Mesa Directiva del 13 de septiembre de este año al 31 de agosto del 2018.
La priista Beatriz Alarcón Adame y el perredista Carlos Reyes Torres, fueron electos como primero y segundo vicepresidente. Los diputados Eloísa Hernández Valle y Víctor Manuel Martínez Toledo, como secretarios propietarios, y como suplentes Flavia García García y Raymundo García Gutiérrez.
Eduardo Cueva Ruiz envió un oficio donde renuncia a la coordinación del grupo parlamentario del PVEM y a partir del 13 de septiembre de este año deja de integrar las Comisiones de las que forma parte. Esto para poder tomar protesta como presidente de la Mesa Directiva.
En una tercera sesión se instaló el tercer y último periodo de receso, correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de la actual legislatura.
El Congreso local también aprobó un acuerdo para realizar en agosto el Parlamento Juvenil del Estado de Guerrero 2017, que presentó el diputado perredista Jonathan Ensaldo Muñoz, quien es presidente de la Comisión de la Juventud y el Deporte.