Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La vida de Antonia Guevara Gómez y su familia cambió desde 2015 cuando un grupo delictivo al mando de Juan Castillo Gómez, El Teniente, (asesinado en julio de 2019) comenzó las hostilidades para apropiarse de su pueblo, Izotepec, municipio de Heliodoro Castillo, (Tlacotepec), de donde en noviembre de 2018 su familia fue expulsada en definitiva.
Desde 2015, la familia de Antonia fue desplazada dos veces y los dos intentos por regresar han terminado en desgracia, contó ayer.
La tragedia no terminó con su desplazamiento en 2018; dos años después, su hermano despareció cuando regresó a su pueblo a confirmar si había condiciones para el regreso, su padre murió hace un año en un pueblo que no era el suyo y su madre está postrada, enferma.
Antonia es integrante del grupo de 130 familias desplazadas radicadas en Chichihualco que ayer se reunieron con la relatora especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Cecilia Jiménez-Damary.
De todas, fue la única que aceptó contar su testimonio al reportero, antes de la reunión con la relatora.
Los ataques del crimen organizado contra Izotepec, donde Antonia vivió hasta el 18 de noviembre del 2018, comenzaron en mayo de 2015. Después de un intenso tiroteo, la familia Guevara Gómez y otras salieron durante tres meses.
Regresaron los primeros días de octubre pero el 17 de ese mes mataron a su sobrino, hijo de su hermana, y a otro joven cuando fueron a traer su ganado para meterlo a una galera, y mantenerlo a salvo de los tiroteos de los delincuentes que acechaban.
La desplazada recordó que cuando estaban cargando unos becerros en una camioneta, comenzó la balacera y los dos jóvenes fueron sometidos por los hombres armados quienes les prendieron fuego.
El cuñado de Antonia y el padre del otro joven alcanzaron a desbarrancarse en un voladero arriba de una cuatrimoto para salvar la vida y sólo resultaron con fracturas en las costillas. Dijo que cuando llegó la policía del pueblo y los vecinos aun encontraron los cuerpos de los dos muchachos ardiendo.
Las hostilidades y amenazas del grupo armado siguieron en los días posteriores. “Siempre nos de-cían que nos saliéramos, que si no iban a entrar a acabar con toda la gente, con niños y mujeres”, recordó.
De acuerdo con Antonia, los tiroteos eran constantes hasta que el 18 de noviembre del 2018 entraron 100 hombres armados contra los que el pueblo ya no pudo enfrentarse, “pues ya era mucha gente”.
Explicó que los agresores, encabezados por El Teniente, querían controlar el pueblo por la madera del núcleo agrario, pues para entonces la amapola ya no la sembraban pues ya no valía como antes.
“Por la madera y las tierras, ellos (los grupos delictivos) quieren apoderarse de los pueblos a como sea”, y eso pasó en Izotepec.
Recordó que cuando salieron las familias de su pueblo en 2018 “fue bien feo”; unas salieron caminando por el cerro hasta Yextla, municipio de Leonardo Bravo, y de allí tomaron el rumbo de Chichihualco, igual caminando por el monte.
Ella, en cambio, con su madre enferma, pidió a uno de sus primos que la sacara en una camioneta y salieron de Izotepec “cuando mero estaba la balacera”.
Al llegar a Yextla les advirtieron que no le dieran por Filo de Caballos (municipio de Leonardo Bravo) porque también había balaceras y también se estaba saliendo toda la gente.
Añadió que tuvieron que tomar atajos para llegar a Chichihualco.
Ahora le han dicho a Antonia que Izotepec es un pueblo semi vacío, que solo vive la gente armada que los desplazó.
Desde entonces, Antonia Guevara Gómez y unas 130 familias de comunidades de Leonardo Bravo se encuentran refugiadas en Chichihualco todavía sin posibilidades de regresar a sus pueblos.
Contó que en septiembre del 2020 vecinos de algunos pueblos les dijeron que había vuelto la tranquilidad, y entonces su hermano Con-cepción, de 34 años de edad, subió a verificar si ya podían regresar sin problemas, pero ya no regresó.
“Nos aseguraron que ya estaba tranquilo y él solo fue a ver si deveras había condiciones para que regresáramos, pero ya no regresó”.
Recordó que subió un miércoles 25 de septiembre y salió del pueblo de regreso a Chichihualco el viernes a bordo de una camioneta Estaqui-tas, de la que tampoco volvieron a saber nada.
Dijo que presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) pero sólo lo buscaron en los penales y hospitales de Guerrero y Morelos, sin resultados.
Ella, con unas 20 mujeres desplazadas subió a Izotepec; recorrió todo el corredor de Filo de Caballos hasta Xochipala, y no encontraron ningín indicio de Concepción.
En el pueblo le aseguraron que salió a las 7 de la mañana, sin que le dieran mayores datos.
Todavía con la tristeza en el rostro, recordó que el día que desapareció su hermano, ella estaba en Chilpancingo, donde tenía internados a su papá y a su mama y Con-cepción le mandó un mensaje de texto temprano para informarle que ya venía a Chichihualco de regreso.
Pero después del medio día otro de sus hermanos comenzó a mandarle mensajes y ya no contestó.
Agregó que, preocupado, su otro hermano le llamó a ella por teléfono para preguntarle si no le había hablado El Pelón, como le decían, porque él ya le había estado marcando y lo mandaba a buzón.
Dijo que al segundo día en el Facebook de Concepción se publicó una fotografía de un plato con comida y un vaso como de veladora con michelada, pero cuando le llamaron el teléfono sólo sonó una vez y después siempre mandó a buzón.
Su hermano desaparecido tiene cuatro hijos; uno de 17 años, otro 15, una niña de 4 y otro de 3. El mayor ya se fue a Estados Unidos, sin que haya vuelto a ver a su padre.
Antonia explicó que en condición de desplazamiento su padre murió hace un año y que como él han fallecido nueve más desde noviembre del 2018 cuando fueron expulsados de sus comunidades.
Y para Antonia, las dificultades no terminan; su madre sigue postrada en cama, con un padecimiento de columna que le provoca muchos dolores y necesita una operación, pero sin recursos ni apoyo gubernamental, nada ha podido hacer.