EL-SUR

Viernes 21 de Junio de 2024

Guerrero, México

Política  

Guerrero, el estado más peligroso para quien ocupa un cargo o aspira a uno: Data Cívica

De las casi mil 400 víctimas registradas de 2018 a 2023 en el país, un tercio estaban relacionadas con alcaldías, sindicaturas y regidurías. El interés del crimen organizado está en el nivel municipal, “ya que así es como construyen sus controles territoriales: localidad por localidad”. Esto “no sólo afecta la asistencia de la ciudadanía a votar, también provoca que las personas seleccionadas y capacitadas para ser funcionarias de casilla no se presenten “y sean sustituidas por las primeras que se forman en la fila para ejercer su voto”

Abril 17, 2024

Ernesto Núñez, subdirector de Información de Animal Político; Olivia Zerón, periodista; Sandra Ley, coordinadora del Programa de Seguridad de México Evalúa; Mónica Meltis, directora de Data Cívica, e Itzel Soto, coordinadora del proyecto Votar entre balas, en la presentación del análisis de cómo han sido violentados los candidatos y candidatas durante los últimos procesos electorales y cómo estos hechos influyen en la percepción de la sociedad en torno a las elecciones, sobre todo en el ámbito local. El proyecto está auspiciado por Animal Político, Data Cívica y México Evalúa Foto: Moisés Pablo / Cuartoscuro

Guillermo Rivera

El Sur Ciudad de México

Guerrero es la entidad del país más peligrosa para las personas que están en un cargo público o que aspiran a alguno, con 202 casos desde 2018 al 13 de abril de 2024, entre asesinatos, atentados, ataques armados, secuestros, amenazas, desaparición y atentados contra familiares, consigna el más reciente informe de Data Cívica.
En la presentación ante medios de comunicación de la última actualización del reporte Votar entre balas; entendiendo la violencia político-criminal en México, elaborado por la organización, se dio a conocer que de 2018 al día 13 de este mes se han registrado en todo el territorio mexicano mil 777 amenazas, asesinatos, ataques armados, desapariciones y secuestros en contra de personas que ocupan un puesto en el ámbito gubernamental o político, y contra instalaciones de gobierno o de partidos políticos.
A este registro también se suman aquellas personas que aspiran a un cargo dentro de la administración pública.
Asimismo, en el informe se documenta que estos atentados son realizados por grupos de la delincuencia organizada.
En la conferencia de prensa, realizada este martes, participaron Itzel Soto, coordinadora del proyecto Votar entre balas; Sandra Ley, coordinadora del Programa de Seguridad de México Evalúa; Mónica Meltis, directora de Data Cívica; Ernesto Núñez, subdirector del medio digital Animal Político, y Olivia Zerón, periodista.
Itzel Soto explicó que su investigación muestra que por cada agresión a una persona candidata se registró una disminución de 1.3 por ciento en promedio en la asistencia de la ciudadanía a votar en las elecciones de 2018 y 2021.
Además, por cada persona agredida que desempeñaba un puesto en la función pública la caída fue de tres puntos porcentuales, de acuerdo con el informe Democracia vulnerada: El crimen organizado y la administración pública en México, que fue difundido en el mismo acto por Data Cívica como parte de Votar entre balas.
En este segundo documento se indica que en el periodo 2018-2019, “los eventos de violencia político-criminal se empezaron a concentrar en las regiones del Oeste, Sur y Golfo. En 2020-2021, frente a la elección más grande hasta entonces en el país, los ataques se dispersaron a la zona Centro y Bajío, además de empezar a identificar municipios con una mayor concentración de ataques.
“Finalmente, en 2022-2023, la violencia político-criminal se extendió a casi todo el país, con Guerrero, Guanajuato, Veracruz, Zacatecas y Baja California ocupando los primeros cinco lugares de mayor frecuencia de estos ataques”.
Por otra parte, se precisa que “solamente Baja California Sur no tiene registro de este tipo de eventos. Más aún, los ataques recogidos en la base ocurrieron en 581 municipios que concentran 75 millones de habitantes. Es decir, 60 por ciento de la población mexicana vive en un territorio donde el crimen organizado ha buscado incidir en la esfera política mediante el uso de ataques dirigidos a actores políticos y sus círculos más cercanos”.
En el ámbito local, la mayoría de las víctimas

La relevancia de hacer este tipo de análisis a nivel municipal, explicaron las investigadoras, está en que es ahí donde más se presenta la violencia político-criminal: 77 por ciento de las víctimas registradas aspiraban o tenían un cargo en ese nivel de gobierno. De las casi mil 400 víctimas que aparecen en el informe en el periodo de 2018 a 2023, un tercio estaban relacionadas con alcaldías, sindicaturas y regidurías.
“El interés de las organizaciones criminales está en el nivel local, ya que así es como construyen sus controles territoriales: localidad por localidad, para consecuentemente controlar municipios y regiones enteras”, resalta el documento.
Por partidos políticos, especifica, un cuarto de las víctimas eran de administraciones de Morena, “lo cual es lógico, dado que es el partido que más ayuntamientos ha ganado en las últimas elecciones”. Sin embargo, precisa, “si consideramos que PAN, PRI y PRD han competido como coalición en la mayor parte de los municipios, es este grupo de oposición el que concentra más de 40 por ciento de los ataques”.
Llama la atención el caso del PRD, dice el informe, “que a pesar de que alcaldes de afiliación perredista gobernaban de manera individual” –sin coalición– el 2 y 3 por ciento de los municipios en 2018 y 2021, respectivamente, “su porcentaje de víctimas es mucho mayor a los municipios que gobiernan. Posiblemente esto se debe a que el PRD tiene mayor apoyo de base en estados como Michoacán o Guerrero, donde se ha concentrado un gran número de ataques”.

El crimen organizado y el aparato estatal

La académica Sandra Ley, coordinadora del Programa de Seguridad de México Evalúa, señaló que la violencia no sólo afecta la asistencia de la ciudadanía a votar, sino que también “provoca que las personas que habían sido seleccionadas y capacitadas para ser funcionarias de casilla no se presenten y, como marca la ley, sean sustituidas por las primeras que se forman en la fila para ejercer su voto”.
En ese sentido, agregó, “por cada persona candidata o militante de partido atacada, hay un aumento de casi 1 por ciento de sustitución”.
Un ejemplo de estas situaciones, dijo, es San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, “donde la participación electoral bajó de 54 por ciento a 21 por ciento después de que durante el periodo electoral de 2018 hubo un ataque contra un regidor, pero en el de 2021 sumaron tres, contra la presidenta municipal y dos exfuncionarios de seguridad.
“La sustitución de funcionarios de casilla fue de 8.6 por ciento en 2021, por arriba del promedio nacional, que es de 3.9 por ciento”.
Otro caso que se mencionó fue el de Apaseo el Grande, Guanajuato. Ese municipio tuvo una caída de la participación de 50 a 39 por ciento tras el asesinato de un candidato a regidor y dos militantes de partidos en 2021, y la sustitución de funcionarios de casilla subió de 12 a 19 por ciento.
“¿Qué es lo que nos dicen estos ataques? Con un menor número de funcionarios capacitados para contar votos, si hay un mayor número de sustituciones, entonces estamos desdibujando ese elemento ciudadano del que nos hemos enorgullecido por décadas en la construcción de la democracia mexicana. Y segundo elemento: conforme se desvanece la participación ciudadana en las elecciones, entonces el crimen organizado tiene aún más posibilidades de afianzar sus lazos con el aparato estatal y con el gobierno”, advirtió Ley.
Soto y Ley coincidieron en la importancia de analizar “no sólo las agresiones en periodos electorales, sino también durante la trayectoria de las personas ya como autoridades, ya que la violencia continúa y tiene efectos en el contexto municipal que también se analizaron”.
Otro de los hallazgos, comentó Ley, fue que por cada ataque a funcionarios públicos “al año siguiente aumenta cinco puntos la tasa de homicidios en el municipio”. Por ejemplo, el caso de Atoyac, en Veracruz, donde el presidente municipal suplente fue secuestrado y posteriormente asesinado a principios de 2019. Después de eso “se disparó casi cinco veces la tasa de homicidios” en el lugar.
“Estamos ante la elección más grande de la historia de México. Atender la violencia político-criminal debe ser prioridad de la próxima administración federal”, enfatizó Ley.

“Democracia secuestrada”, ¿democracia válida?

En su turno, Ernesto Núñez se refirió a un material de Animal Político elaborado a partir de la información recolectada y organizada por Data Cívica titulado “La democracia en Guerrero está secuestrada por el narco”. Dijo que el medio digital del que es subdirector ha recuperado testimonios de candidatas de ese estado que pidieron anonimato –pues han tenido familiares ya asesinados– en los que admiten que prefirieron dejar de hacer campaña por seguridad; y también de capacitadores electorales que reconocen “que sin permiso del crimen organizado no se puede entrar al territorio”.
“Ahí es donde uno se pregunta si eso realmente es una democracia válida, donde va a predominar el voto libre y secreto. Seguramente no”, lamentó.
La periodista Olivia Zerón coincidió en que “los ataques del crimen organizado para incidir en la esfera pública deben ser atendidos con urgencia por las y los gobernantes que resulten electos. ¿Qué pasará con la democracia en los lugares donde el crimen hoy ya incide?”.
Las y los presentadores dieron algunas recomendaciones de política pública, como fortalecer la profesionalización de las corporaciones de seguridad municipales, desde adecuadas condiciones laborales hasta su capacitación y certificación.
“Que se garantice por parte de las autoridades judiciales el puntual seguimiento a la investigación y sanción de los culpables, para dar una señal clara del compromiso y desmantelar redes de protección existentes.
“Que los partidos políticos asuman su responsabilidad y no postulen candidatos cuyas trayectorias y vínculos abonan a procesos de violencia, colusión e impunidad; y que autoridades electorales utilicen los datos disponibles para identificar tendencias y objetivos y se puedan generar planes de prevención y protección”, entre otras medidas.
Data Cívica, México Evalúa y el medio digital Animal Político aprovecharon la ocasión para anunciar el relanzamiento del sitio votar-entre-balas.datacivica.org, que contiene más detalles para “ahondar en la comprensión del fenómeno de la violencia político-criminal en México. Esto incluye un mapa interactivo con datos a nivel municipal, gráficas, estudios estadísticos y reportajes que ponen rostro a las cifras de agresiones contra las y los candidatos”, explicó Itzel Soto.
La directora de Data Cívica, Mónica Meltis, dijo que “el sitio actualizado de Votar entre balas nos permite visualizar distintos perfiles y tipos de ataques del crimen organizado en los procesos electorales. El trabajo colectivo detrás del proyecto nos permite generar un conocimiento común sobre cómo ha cambiado la violencia político-criminal y cómo afecta en nuestra democracia”.