Guerrero ocupa el segundo lugar de los cinco estados con más recomendaciones sin cumplir de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y el de mayor número de reportes de personas desaparecidas en el Sistema de Información Nacional de Personas Extraviadas y Fallecidas no Identificadas, de acuerdo con el informe 2016 del organismo que difundió ayer en su página de internet. 
Después de Oaxaca, que tiene 16 recomendaciones en trámite, Guerrero suma 15 con “pruebas de cumplimiento parcial”, de las cuales dos corresponden a 2016, y otra es  resultado de la investigación especial del caso Ayotzinapa, por las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas el 12 de diciembre de 2011 durante un desalojo a balazos de normalistas en la Autopista del Sol, al sur de Chilpancingo.
También señala que Guerrero fue el estado que recibió el mayor número de reportes de personas desaparecidas, seguido de Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Baja California, en el apartado de acciones de búsqueda con familiares de las víctimas. Los estados de los que se recibió el menor número de reportes fueron Guanajuato e Hidalgo. 
El informe de 2016, indica que la CNDH emitió 71 recomendaciones a distintas autoridades federales, estatales y municipales, por violaciones a los derechos humanos, y una más por violaciones graves, ocurridas en el municipio de Tanhuato, Michoacán, donde la policía federal ejecutó a 22 civiles.
Detalla que desde la fundación en 1990, hasta el 15 de marzo de 2016, la CNDH emitió 2 mil 537 para 3 mil 102 autoridades, de las cuales, 361 aún tenían pendiente el cumplimiento de alguno de los puntos recomendatorios. Entre las autoridades requeridas destaca Guerrero.
Históricamente, las autoridades con mayor número de recomendaciones fueron la PGR, 222; el IMSS, 146; la SEDENA, 123, los gobiernos de Guerrero, con 136; Oaxaca, 134; Chiapas, 127; gobierno de la Ciudad de México 100, y Veracruz, 93.
Al corte de 2016, informó que hay 313 recomendaciones en trámite dirigidas a 132 autoridades que no han sido debidamente atendidas. Las instituciones con el mayor número de recomendaciones sin cumplimiento son:  la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), 46; el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con 29  recomendaciones; la Procuraduría General de la República (PGR), con 23; la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), con 15, y el gobierno de Guerrero, 14.
En general, de las recomendaciones pendientes cumplimiento, 23 por ciento corresponde a gobiernos estatales, 22 por ciento al gobierno federal y 42 por ciento a municipios
A Guerrero se suma una de las cuatro recomendaciones por violación es graves a derechos humanos, por el desalojo policiaco de estudiante de Ayotzinapa en la Autopista del Sol, aceptadas por las instituciones implicadas: la secretaría de Seguridad Pública Federal, el gobierno y el Congreso del estado, y que, a cinco años de los hechos todas mantienen el estatus de “con  pruebas de cumplimiento parcial”.
En las 13 recomendaciones pendientes de Guerrero, dos se emitieron el año pasado, la 09/2016 sobre la policial comunitaria de Olinalá y de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y 46/2016 sobre el caso violencia obstétrica en el hospital general de Ometepec.
Entre los ayuntamientos hay un incumplimiento del gobierno municipal de Chilpancingo, así como dos recomendaciones pendientes en el Congreso de Guerrero.
El informe destaca  la recomendación general sobre el ejercicio de la libertad de expresión, motivada por la falta de garantías para ejercer el periodismo, por el registro mil 49 expedientes de queja, del primero  de enero de 2000 al 31 de diciembre de 2015, en el Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, 48 atentados contra medios de comunicación entre 2006 y 2015, y el incremento de periodistas y comunicadores asesinados en 2015, 12 en un año. 
A la letra dice que “resulta también alarmante que casi seis de cada 10 homicidios de periodistas en el país han sucedido en cinco entidades federativas: Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Chihuahua y Oaxaca”.
 
Obstáculos en PGR en la investigación de Ayotzinapa 

Tema aparte del informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es la creación de la oficina Especial del caso Ayotzinapa para investigar los ataques la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala contra normalistas y civiles por fuerzas del Estado con presuntos narcotraficantes, y donde señala obstáculos de la autoridad ministerial para en el seguimiento del caso. 
En particular, se refirió a las investigaciones sobre las irregularidades que se atribuyen al entonces director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República, Tomás Zerón de Lucio, en el contexto de su presencia en el paraje conocido como Puente Río San Juan en Cocula, Guerrero, con el inculpado Agustín García Reyes, El Chereje, el 28 de octubre de 2014. 
“Cabe decir que este Organismo Nacional ha enfrentado obstáculos para acceder a la información, lo que denota la falta de cooperación de quienes debieran mostrar su compromiso con los derechos humanos”.
Destacó que las investigaciones realizadas en 2016 por la CNDH determinaron que un grupo de los 43 estudiantes desaparecidos, a bordo del autobús Estrella de Oro 1531, fue forzado a detenerse en el Puente del Chipote por agentes encapuchados de la Policía Municipal de Iguala, Guerrero. 
Un grupo entre 15 y 20 estudiantes a bordo, fueron agredidos física y verbalmente y obligados a descender de la unidad. “Al lugar arribaron tres patrullas del municipio de Huitzuco en las que, junto con una más de la Policía de Iguala, comenzaron a ser subidos los normalistas, momento en el que llegaron al sitio dos patrullas de la Policía Federal, de las cuales descendieron dos agentes que entablaron diálogo con tres elementos de la Policía Municipal de Iguala”. 
También detalla el análisis de la muerte a golpes del normalista Julio César Mondragón Fontés, en una acción conjunta y complicidad de miembros de la delincuencia organizada y servidores públicos de Iguala. 
Así como la colaboración e intercambio de información que mantuvieron con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes auspiciados por la Comisión Interamericana de derechos s Humanos, y el seguimiento a las recomendaciones que dejaron los especialistas, 
A la fecha, continúa con sus investigaciones de violaciones a derecho humanos en el Caso Iguala a fin de salvaguardar el derecho de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación integral del daño, aspectos que son necesarios en la búsqueda de la no repetición de los actos.