El secretario de Finanzas y Administración, Héctor Apreza Patrón, informó a diputados que la deuda pública del estado disminuyó en 9 por ciento; mientras que el secretario de Contraloría y Transparencia Gubernamental, Mario Ramos del Carmen, afirmó que hay dos ex secretarios sancionados por mal manejo de recursos en la administración pública.
En el cuarto y último día de comparecencias de funcionarios del gobernador Héctor Astudillo Flores, por la tarde asistieron ante diputados los secretarios Apreza Patrón, Mario Ramos del Carmen y el titular de Planeación y Desarrollo Regional, David Guzmán Maldonado.
Las comparecencias se realizaron en la sala José Francisco Ruiz Massieu y duraron casi cinco horas, durante las cuales, los diputados del PRI y el PVEM realizaron reconocimientos y felicitaciones a los funcionarios estatales.
El secretario de Finanzas destacó que Guerrero está en la quinta posición de entidades menos endeudadas en el país; que al inicio de la administración la deuda era de 2 mil 376 millones 400 mil pesos, pero al corte de junio de 2017, era de 2 mil 141 millones 100 pesos, que representa una reducción de más del 9 por ciento.
Sin embargo, informó que la cifra más reciente, de septiembre, es de que la deuda es de 2 mil 21 millones 600 mil pesos.
Según lo dicho por el secretario, Guerrero está calificado entre los estados que tiene “un excelente manejo de deuda y una gran capacidad de endeudamiento, al que no se ha recurrido”.
Dijo que de los 140 mil empleados del gobierno estatal, 17 mil 512 son pagados directamente por Finanzas, por eso apuntó que los ingresos no son de libre disposición, debido a que están etiquetados para el pago de la nómina; y advirtió que por eso no se han realizado los “despidos masivos”.
Los 17 mil 512 empleados pagados representan el 13 por ciento del los recursos humanos, pero dijo que cuando vienen “los cierres las dependencias ejercen una presión de gasto muy fuerte”.
Apreza Patrón apuntó también que cuando recibieron el gobierno estatal encontraron una eficiencia de 27 por ciento en gestión de recursos, que para 2016 subió al 84 por ciento.
Afirmó también que el gobierno del estado está “casi a punto de ponerse al corriente” con el pago al ISSSPEG en lo que se refiere a jubilados y pensionados, en ese caso hacen falta 55 millones de pesos para poder cubrir todos los adeudos pasados, que le corresponde pagar al gobierno estatal.
Aseguró que para eso dará una aportación extraordinaria en diciembre; y sólo quedarán pendientes 467 millones que los ayuntamientos adeudan al ISSSPEG.
Otro de los problema que dijo que enfrenta la dependencia son los juicios laborales, contenciosos y civiles, que representan gastos por miles de millones para el estado, “no lo hemos resuelto”, pero afirmó que han enfrentado varios.
A consecuencia de eso, dijo que han ahorrado mil 536 millones al estado, y ejemplificó con que recibieron dos expedientes que estaban en ejecución “teníamos el requerimiento de pago por 97 millones y otros 917 millones, pero lograron ahorrar más de 900 millones de pesos”.
Gran parte del tiempo destinado para dar su informe, que fue de 30 minutos, Apreza Patrón se dedicó a hablar de cómo recibieron el gobierno del estado en 2015, pero la coordinadora del PRD, Erika Alcaraz Sosa, dijo que ya no puedan hablar de que son deudas o problemas heredados, a dos años de gobierno.
El secretario recordó que recibieron la dependencia y la administración pública estatal con una “grave situación financiera”, con un pasivo inicial estimado superior a los 32 mil millones de pesos; un déficit estructural de casi 19 mil millones de pesos, proveniente principalmente de los sectores educativo y de salud.
También se informó “del déficit coyuntural superior a los 3 mil 300 millones de pesos, el cual debía atenderse antes de concluir el año de referencia y que se incrementaba paulatinamente con el paso de los días, derivado de la falta de recursos para el pago de salarios y prestaciones de fin de año, aguinaldos y otros conceptos en general, así como para cubrir los montos correspondientes a los afiliados al ISSSPEG”.
Sin precisar a qué se refería, dijo que encontraron pasivos elevados y sin registros que dificultaron el “saneamiento”.
Dijo que los 20 primeros meses del actual gobierno, que va de noviembre 2015 a junio 2017, los ingresos para el estado y los municipios ascendieron a 103 mil 919 millones 100 pesos, de los cuales solo el 3.8 por ciento son ingresos propios y el 96.2 por ciento de fondos federales.
Por su parte, la diputada de Morena, María de Jesús Cisneros Martínez, reprochó que se habló mucho de los problemas financieros que recibieron de pasados gobiernos y sin embargo, “no hay responsables en la cárcel. El pueblo puede seguir siendo defraudado y desfalcado, pero su gobierno no hace nada”.
Lamentó que la transparencia y rendición de cuentas no pasa de ser un discurso demagógico, “porque lo que reina en las administraciones municipales y estatales es la opacidad”. Le preguntó cómo fue que “se deja quitar, despojar o recortar 200 millones de pesos de parte del gobierno federal”.
El secretario de Finanzas le dijo a la diputada que Guerrero depende de los recursos federales, pero que durante varios años el gobierno estatal no pagó adeudos institucionales de diferentes administraciones en Salud y Educación, por eso las retenciones que hicieron estas dependencias.
Afirmó que no se le quitó presupuesto al estado, sino que se cobró lo que las dependencias estaban obligadas a pagar, pero precisó que el dinero fue utilizado para el pago de plazas sin techo presupuestal.
Héctor Apreza habló del caso particular de Chilpancingo y el problema de la basura. Apuntó que cuando aún era alcalde Marco Antonio Leyva Mena se entregó al municipio 6 millones de pesos para el relleno sanitario, para el manejo y destino final de la basura “se le dieron varios millones de pesos. El gobierno del estado fue muy solidario”.
El panista Iván Pachuca pidió a Héctor Apreza detalles de las observaciones que tuvo Guerrero por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) del ejercicio fiscal 2016, por 429 millones de participaciones federales, información que no incluyó en el documento presentado a los diputados.
Al respecto, Apreza Patrón informó que Finanzas ha recibido muchas revisiones y auditorías. Destacó que esta fue la primera vez que se realiza una auditoría al gasto corriente.
Agregó que el estado entregó a la ASF la información “debidamente fundamentada, para que Guerrero fuera descargado de las observaciones” y que las solventaciones fueron aceptadas, pero aún no han sido descargadas en el página oficial.

Informes escuetos

El secretario de Contraloría y Transparencia Gubernamental, Mario Ramos del Carmen, y de Planeación y Desarrollo Regional, David Guzmán Maldonado, entregaron un informe escueto con poca información, pero además no respondieron concretamente preguntas realizadas por diputados.
Mario Ramos del Carmen habló del combate a la corrupción, transparencia gubernamental y modernización administrativa, pero a pesar de que los diputados de Morena y el PAN, María de Jesús Cisneros e Iván Pachuca Domínguez, respectivamente, insistieron en que diera a conocer los nombres de los funcionarios sancionados por los problemas financieros que encontraron en la administración, no dijo ningún nombre.
El único dato relevante fue que la dependencia sancionó a dos ex secretarios de despacho, pero no dijo los nombres, tampoco en qué consisten las “sanciones”.
El funcionario estatal dijo que no podía dar nombres porque los procesos continúan, eso fue criticado por la diputada de Morena, quien acusó a los actuales funcionarios de encubrir a los pasados.
Pachuca Domínguez pidió detalles de las 618 observaciones encontradas como resultado de las 129 auditorías realizadas por la Contraloría, pero Mario Ramos del Carmen sólo dijo que las dependencias observadas fueron la Secretaría de Obra Pública y Ordenamiento Territorial, así como la Secretaría de Administración y Finanzas, CAPASEG, CICAEG, e IGIFE.
Como parte de sus acciones, Mario Ramos dijo que requirió a los servidores públicos cumplir con la obligación de presentar sus declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal.
Dijo que durante 2017 recibieron 284 declaraciones fiscales y 3 mil 332 declaraciones patrimoniales y de intereses del Poder Ejecutivo, lo que representa sólo un 7 por ciento más que el ejercicio anterior.
Del Poder Judicial dijo que recibieron 628 declaraciones patrimoniales y 53 declaraciones fiscales; de órganos autónomos mil 372 declaraciones patrimoniales y 15 declaraciones fiscales, lo que suma un total de 5 mil 332.
Informó que en 2017 “se resolvieron 472 procedimientos de responsabilidad administrativa, a los servidores públicos que omitieron presentar su declaración patrimonial, intereses y fiscal en 2016”, pero de esos, a 460 se les concedió la excepción de sanción, se suspendieron por 30 días sin goce de sueldo a 12 servidores públicos, a quienes se apercibió que de no presentar sus declaraciones en los 5 días hábiles posteriores a la notificación de la resolución definitiva, su nombramiento quedaría sin efecto y como consecuencia la baja de la nómina del gobierno del estado.
Contra los servidores públicos que no presentaron sus declaraciones en mayo de 2017, se iniciaron 106 procedimientos de responsabilidad administrativa.
La diputada de Morena y el diputado del PAN insistieron en conocer los nombres de los funcionarios o ex funcionarios sancionados. María de Jesús lamentó que a pesar de que en su intervención Ramos del Carmen haya hablado de más de 14 leyes, “de todas esas leyes no se hace una. De qué sirve tener todo un compendio y tomarse fotos junto a ellas, si habiendo tanta corrupción no cae un solo corrupto en la cárcel”, reclamó.
Le pidió “atrapar un pez gordo, señor contralor, para creerle. Un Ángel Aguirre o Rogelio Ortega, o un ex secretario de finanzas, de educación o de salud mínimo, porque es ahí donde ha estado la robadera”.
En cuanto al titular de Planeación y Desarrollo Regional, David Guzmán Maldonado, su informe fue limitado y sus respuestas sarcásticas, se limitó a hablar de convenios firmados y que se han concentrado en obras de infraestructura que impactan en las “seis carencias sociales: rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de vivienda, servicios básicos de la vivienda y acceso a la alimentación”.

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