La coordinadora de proyectos de justicia penal de la Open Society Justice Initiative, Ina Zoon, señaló que ante la falta de justicia se puede decir que Guerrero es la cuna de la impunidad, donde nada más en 2016 fue del 94.1 por ciento, pues de cada 100 asesinos nada más cinco enfrentaron la justicia.
Durante el informe Atrocidades innegables: crímenes de lesa humanidad de la Open Society Justice Initiative, que se llevó a cabo en la Universidad Loyola de Acapulco, Ina Zoon dijo que de acuerdo con el balance que se tiene, es que en los cinco municipios que fueron escogidos para una nueva estrategia de seguridad: Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Coyuca de Benítez y Chilapa, los resultados son negativos; pues comparando el número de homicidios de antes de esa nueva estrategia y los de ahora, se ve que el “homicidio y la violencia ha crecido, entonces ¿cuál es la ventaja de esta estrategia en esos municipios?”, preguntó.
Añadió que luego de la militarización del país, Guerrero ha cedido la seguridad a la federación, “los federales y militares son los que mandan en Guerrero”.
Agregó la experta en derecho penal que no sabe en qué medida éstos escuchan o tienen relación con los ciudadanos de Guerrero, que si saben qué es lo que ellos quieren o los líderes del estado creen que se debería hacer en el estado y no lo que la federación considera.
Ante representares de organizaciones sociales, los diputados locales del partido Movimiento Ciudadano (MC), la viuda de Armando Chavarría, Martha Obezo y el líder de MC, Luis Walton, la experta en derecho penal internacional, Ina Zoone, dijo que le daba pena dar esa información, pero que seguro era algo que ya sabían.
En su intervención advirtió que si la actual tendencia de impunidad continúa en 2017, este año será el más violento de toda la historia. Destacó que en 2001 se tenían 16 municipios de Guerrero libres de homicidios dolosos y en 2016 nada más quedan cinco. En Guerrero hay cifras negras de impunidad y por ello “le deberíamos llamar Guerrero cuna de la impunidad, porque Guerrero es el primer lugar desde 2013 a 2016, con excepción de 2015 que fue San Luis Potosí.
Dijo que en Guerrero en 2017 se está en el 97.5 por ciento de impunidad, que sólo se está a 2.5 por ciento para estar en la impunidad total y que se podrá decir que son de todas las denuncias, pero nada más en homicidios dolosos en la impunidad en 2016 se alcanzó el 94.1 por ciento, lo que significa que de cada 100 asesinos que “mataron dolosamente, con intención, cinco llegan a la justicia y el 95 por ciento anda por ahí”.
Añadió que en un estudio se ha determinado que las instituciones para proporcionar justicia de Guerrero ya no son capaces de responder al grado de violencia, que las instituciones que deben investigar es imposibles confiar en ellas para que le hagan frente. Advirtió que se está en una emergencia estatal, que debe ser de prioridad absoluta porque no es posible que la impunidad esté en un 95 por ciento de homicidios dolosos.
Indicó que en la aplicación del nuevo sistema de justicia penal, Guerrero está en el último lugar y que en 2005 se tenía un solo cártel de la droga y ahora hay 50 grupos criminales. Indicó que en Guerrero se han dado crímenes atroces y de lesa humanidad y que el gobierno de México debe de construir un sistema de justicia que pueda responder. Indicó la experta que el gobierno mexicano no puede salir airoso solo en lo que está viviendo y necesita pedir ayuda internacional.
Que investigue la relación entre la administración y los grupos organizados así como las atrocidades, que es necesario que los “expertos internacionales para que no puedan ser influenciados, presionados para que puedan trabajar y no sería un mecanismo para siempre pero puede empezar por los grandes casos, por las masacres y poco a poco ir transmitiendo este conocimiento a las instituciones y fortalecer el sistema”. Aunque reconoció que luego de la intervención internacional en el caso de Ayotzinapa el gobierno ha dicho que no quiere ayuda, que casi tiene resueltos los casos y que no quieren que metan la nariz en los asuntos del país.
Dijo que es importante la ayuda para que los que se encuentran desamparados tengan la posibilidad de exigir; pues no se buscará quién apretó el gatillo, sino el objetivo será determinar quién es el máximo responsable, quién dio la orden. Agregó que los crímenes de lesa humanidad no se cierran nunca y dijo que hay indicios de lesa humanidad.
“Decimos que se cometieron estos crímenes en un marco de un excesivo y arbitrario uso de la fuerza pública en el contexto de la estrategia de militarización, porque los gobiernos de México han optado por sacar al Ejército a la calle para matar a quien se puede, en lugar intentar construir un sistema de justicia, traer ante la justicia a los responsables e intentar atacar las bases financieras del crimen organizado y del régimen político”.
Indicó que cuando se ve cuánto esfuerzo se pone en enviar al Ejército, organizar operativos militares y se compara cuánto esfuerzo, cuánto dinero se destina al desarrollo de las capacidades de las fiscalías para tener la capacidad de tener líneas de investigación para atrapar a los responsables, es que no hay voluntad. Preguntó que por qué no se sabe la verdad a ocho años sobre el caso de Armando Chavarría, y se respondió porque la Fiscalía no tiene la capacidad de investigar casos como ése y lo que se observa es falta de voluntad política.
Señaló que al menos el 10 por ciento de las personas asesinadas no tienen nada que ver con el crimen organizado.
Sobre derechos humanos dijo que se debe fortalecer la Comisión Estatal de Derechos Humanos porque hay más denuncias en la CNDH por desapariciones que en la Fiscalía del estado, y eso quiere decir que no hay confianza de las víctimas en ese organismo.
Ina Zoon dijo que se debe nombrar al fiscal en materia de desaparición forzada y búsqueda, el cual debe ser un asunto de absoluta prioridad porque Guerrero encabeza las estadísticas; se debe fortalecer la institucionalidad de la búsqueda, pues ya se va para seis meses que se venció el término legal para nombrar a un titular y “eso me suena como falta de voluntad para ayudar”.
Mientras que en su intervención, la viuda de Armando Chavarría, Martha Obezo, reiteró que también pedirá juicio político para el fiscal Javier Olea, porque no se puede permitir que los traten de esa manera; que en Guerrero no hay justicia pues han pasado cuatro gobernadores, ocho procuradores y el actual fiscal y “no ha llegado la justicia”.
Dijo que el fiscal una sola vez la ha recibido en audiencia y fue para negarle acceso al expediente de Chavarría al que tienen derecho para ver y nada más al Congreso que ya lo envió a un juzgado, pero “yo no sé qué juez tiene el caso”. Dijo que las atrocidades no castigadas dan paso a una más, y subrayó que lleva ocho años buscando justicia y que es hora que no se castigua a los culpables, pero no sólo a los asesinos materiales sino también a los autores intelectuales.
Señaló la viuda que no conoce el contenido de la investigación y que en estos días el fiscal entregó al Congreso local, pero a ella nunca le han dado acceso al expediente. Indicó que ha sostenido que se tiene que transparentar la investigación, una investigación que satisfaga, cuyo expediente soporte una consignación, una investigación altamente responsable que responda a los estándares internacionales porque, indicó, ya sabemos las cosas que hacen acá, “son expertos en fabricar culpables”.
Dijo que el fiscal informó que solicitó la detención de varios y que el manejar el expediente del crimen de quien fue la cabeza de un poder constituye una ofensa, no personal, sino a la sociedad entera porque es la que demanda la verdad, “necesitamos recuperar la justicia como un bien público”. Indicó que la justicia es un bien necesario para recuperar la paz porque en Guerrero hay mucho dolor, “ya no encontramos dónde meterlo, cómo lidiar con esto, cómo vamos a continuar nuestras vidas si todos los días contamos muertos”.
Por su parte Jean Mendieta, quien fue la moderadora, dijo que no hay confianza en las instituciones por parte de las víctimas debido a los altos niveles de impunidad que hay y mejor esperan que llegue la justicia divina que la del hombre. Dijo que la violencia del crimen organizado y la fuerza del Estado se suman a la violencia social que se ha venido dando desde hace mucho tiempo, como es la violencia a las mujeres, la pobreza, la falta de acceso a servicios básicos, la desigualdad.
Añadió que el saldo es una población lastimada, atemorizada, indefensa y un número incalculable de víctimas, de familia destruidas, de personas desparecidas pero no olvidadas. Aseguró que la violencia impacta y fragmenta a las personas que no les permite continuar con su vida cotidiana con cosas básicas de la vida, pues “la violencia no las golpea de manea individual sino también golpea las relaciones más cercana con sus familias y dejan de hace muchas cosa, el impacto social de la violencia que estamos viviendo aún no la alcanzamos a ver”.
Añadió que es importante acompañar a las víctimas, no por un asunto de compasión, sino de interés público, porque una sociedad traumatizada no puede proyectarse al futuro, no puede canalizar las energías porque están estancada en el miedo, derrota y desesperanza y que no permite proyectar al futuro. Señaló que las víctimas necesitan saber quién es responsable de su dolor, es importante porque se individualiza la culpa, porque la impunidad está en niveles indignantes.
Subrayó que la justicia es un requisito fundamental para una paz sostenible, pues las sociedad que han logrado un nivel de tranquilidad es porque han pasado por el proceso de justicia. Estuvieron el representante de los familiares de los desparecidos en Acapulco, Ciro Fuentes; Norma Mesino, los diputado del MC, Magdalena Camacho y Ricardo Mejía; el ex dirigente de MC, Adrián Wences, entre otros.