El investigador John M. Ackerman dijo que México es el país con más presos políticos y que más viola los derechos humanos, pero el estado de Guerrero es “particularmente destacado en esa materia”.
Dijo que la apelación por parte del estado en el juicio contra la coordinadora de la CRAC, Néstora Salgado, es un “acto de cinismo” porque a ya la exculparon de los cargos y “ni siquiera se ha presentado un solo testigo de lo que la acusan”.
Luego que asistió al 17 aniversario luctuoso del ex dirigente del Partido Comunista, Pablo Sandoval Ramírez, del pacto por la seguridad que propuso el gobernador Héctor Astudillo, declaró “no hace falta pacto, hemos tenido miles de pactos políticos y esto no es un asunto político, es una cuestión de efectividad institucional”.
Agregó que en Guerrero y en el país “acaban de despedir al Fiscal de Delitos Electorales, el Procurador renunció y la PGR está acéfala, descabezada, desde la Fiscalía Electoral, la Anticorrupción, es el negocio de la impunidad y aquí en Guerrero también se fomenta, no tiene que andar buscando y haciendo pactos el gobernador, sino haciendo su chamba”.
“México es el país de América Latina con la mayor cantidad de presos políticos de la región, sin duda la gente habla de otros países que tendrán algunos presos políticos, pero México es el que más viola los derechos humanos, de los luchadores sociales, los periodistas, y Guerrero es un agresor particularmente destacado en esa materia. Hoy hay esos tres presos políticos, de seguro hay muchos más. Está Samuel, Gonzalo y Arturo, son de alta prioridad que tendrían que estar libres mañana, no es posible que sigamos con ese abuso tan sistemático”, puntualizó.
De los casos de los presos políticos en Guerrero, dijo: “Hasta donde me quedé, los tres casos, cuatro incluyendo el de Nestora, no hay pruebas, y mucho menos hay condena, ellos están en prisión preventiva en el caso de los tres; y en el caso de Nestora es una apelación al auto de libertad, que ellos ya tienen y son cargos fabricados”.
Explicó que ni siquiera se ha presentado un solo testigo de lo que le acusan, pero la mantienen acusada como un “chantaje, una presión hacia ella, es una venganza”, porque ella lo que denuncia es trata de personas en Olinalá.
Advirtió que en Guerrero hay un fuerte problema y “las autoridades trabajan con los delincuentes, encubren, facilitan la delincuencia; tanto la delincuencia común como la que está financiada, así el problema es que los luchadores deberían estar libres y los verdaderos delincuentes en la cárcel”.
Del caso del asesinato de Ranferi Hernández Acevedo, dijo que no conoce la situación pero es “triste que caiga, alguien que sea un dirigente político, la violencia y los asesinatos duelen, pero se agrava cuando esas víctimas tienen un rol político y social que jugar, es un ejemplo más del desgobierno en el estado de Guerrero y son blancos cualquier luchador político que genere un polo opositor”.