Con algunos universitarios, dos asociaciones civiles, dos feministas, un sindicalista, cuatro representantes de partido, dos del PRI, funcionarios electorales, de derechos humanos y un reclamo por la ausencia de diputados, se realizó la primera mesa de Diálogos para una Cultura Cívica del Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) en Chilpancingo.
El vocal de la junta local del INE Guerrero, Dagoberto Santos Trigo, reconoció que hicieron invitaciones personalizadas a un universo más amplio de personas, no precisó cuántos, y sólo llegaron los que estaban en la sala de Rectoría en la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG).
En consulta, informó que se convocó a la sociedad a un diálogo abierto para definir porqué la ciudadanía sólo participa en procesos electorales, y los partidos “cuando llegan al poder se olvidan de los compromisos de campaña, porque no hay una sociedad que reclame”.
En este sentido, dijo que impulsan la exigencia a los partidos políticos, a sus gobiernos y quienes tienen el poder de reformar la ley, “para que haya consecuencias si no se cumple con las promesas de campaña, no sólo a nivel federal sino local”.
De la representatividad de la primera mesa que se llevará en las regiones, dijo que “invitamos a aquellos que tienen opinión. La verdad de las cosas sería un tanto complicado tener una mesa mucho más amplia, la idea es sentar las bases e invitamos a quienes son de organizaciones no gubernamentales para que expongan qué creen que pueda ayudar a tener una ciudadanía más participativa”.
Por separado, la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Maricela Reyes Reyes, opinó que los diálogos del INE pretenden generar confianza, ya que “las instituciones tienen poca credibilidad”.
De la falta de la mayoría de representantes de partidos, pues sólo hubo del PRI, PAN y Morena, indicó que las instituciones democráticas, como los partidos, no significan prácticas democráticas, y tampoco es fácil establecer mecanismos de participación, y los ciudadanos “debemos (también) ponernos en ese dilema”.
En la mesa, el representante del PRI, Heriberto Huicochea, dijo que la débil cultura democrática en Guerrero es multisectorial, “no obedece a un factor mayoritariamente”, que la desconfianza en las instituciones, la poca credibilidad en el resultado de las elecciones por parte de la sociedad “obliga a replantear las estrategias de participación ciudadana”, y que la tarea de concientizar a la ciudadanía recae en los órganos electorales.
El representante del PAN, Carlos Millán, señaló que los 70 años continuos del PRI en el poder responden a la pregunta de la escasa cultura democrática, y “básicamente” la solución es mayor transparencia, cultura cívica y acabar con la impunidad.
El enviado de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Alberto Sierra, señaló que no se debe entender al poder fuera de la ética.
La feminista María Luisa Garfias Marín cuestionó la ausencia de diputados en la reunión y estimó que hay falta de interés para legislar en la materia, y criticó que el Congreso local no haya dado curso siquiera a la iniciativa de ley para regular la violencia política de género en el proceso electoral que se aproxima.
El representante del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), Javier Monroy, recordó que la elección por urnas en México en la historia, no ha representado paz, sino fraudes constantes en México, y que la alternancia en el 2000 con el PAN, tampoco acarreó democracia, “sino la profundización del neoliberalismo, al que el PRI abrió la puerta con Miguel de la Madrid desde 1982, y Carlos Salinas de Gortari”.
Reconoció que pueblos y organizaciones han usado las elecciones como mecanismo de lucha, en relación a la propuesta del Congreso Nacional Indígena (CNI), que nombró a una vocera para impulsarla como candidata independiente a la Presidencia de la República en 2018.
Señaló que si los órganos electorales pretenden aplicar modelos que motiven la participación deben considerar la historia de los pueblos, basados en usos y costumbres, incluir a mujeres, jóvenes y a víctimas de la violencia social, en particular de aquellos que sufren la desaparición forzada y asesinatos “que no son de interés para los partidos políticos”.