EL-SUR

Miércoles 19 de Agosto de 2026

Guerrero, México

Política  

Halla la Auditoría federal desvíos en el Ayuntamiento de Ayutla por 50 millones

Los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales fueron utilizados para la compra de fertilizante y para proyectos productivos

Rosalba Ramírez García

Agosto 03, 2017

 
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró en el ejercicio fiscal 2016 del gobierno de Ayutla de los Libres un daño a la hacienda pública por 50 millones 309 mil pesos que no fueron solventados, porque los utilizaron para compra de fertilizante y proyectos productivos.
El municipio es gobernado por la alianza PRI-PVEM que postuló a Hortensia Aldaco Quintana, a quien la ASF realizó una auditoría de desempeño a los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federa de Ayutla de los Libres.
El órgano fiscalizador tomó una muestra de 106 millones 899 mil 400 pesos que es el 71.5 por ciento de un total de 149 millones 587 mil pesos.
De acuerdo al informe, la federación transfirió al estado 4 mil 566 millones 219 mil 600 pesos durante el ejercicio fiscal 2016 a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), de los cuales fueron asignados a Ayutla 149 millones 587 mil pesos.
La ASF realizó 10 observaciones al municipio, de las cuales ocho fueron solventadas. Las dos restantes generaron una observación y un pliego de observaciones, por los que determinaron recuperaciones probables por 50 millones 309 mil pesos que no fueron solventados.
De estos recursos, 49 millones 809 mil pesos fueron utilizados para la compra de fertilizantes y 500 mil pesos por proyectos productivos.
Esas acciones no se encuentran consideradas en la ley de Coordinación Fiscal, ni en el catálogo del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).
La auditoría concluyó que el municipio “no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del FISMDF y tiene una contribución marginal al cumplimiento de los objetivos de la política pública en materia de Desarrollo Social”.
En el dictamen se apunta que al 31 de diciembre de 2016, el municipio gastó el 95.7 por ciento de los recursos disponibles y al cierre de la auditoría, el 31 de marzo de 2017 había ejercido el 99.7 por ciento.
Pero en el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias a la ley principalmente de Coordinación Fiscal y la General de Contabilidad Gubernamental, con lo que generaron “un probable daño a la hacienda Pública federal por un importe de 50 millones 309 mil 100 pesos” que representa el 47.1 por ciento de la muestra auditada.
También determinó que el municipio incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que no proporcionó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los informes del ejercicio y destino de los recursos. Tampoco realizó el Programa Anual de Evaluaciones, ni efectuó evaluaciones sobre los resultados del fondo, “lo cual limitó al municipio para conocer sus debilidades y áreas de mejora”.
Por las irregularidades en la ejecución de los recursos, la ASF determinó que los objetivos y metas del fondo se cumplieron de manera marginal, ya que el municipio invirtió 50 millones 309 mil 100 pesos (que es el 33.6 por ciento de lo asignado) para proyectos que no están considerados en los lineamientos establecidos ni obtuvo “la opinión favorable” de la SEDESOL para considerarse como proyectos especiales, y tampoco corresponden a los rubros establecidos en la ley de Coordinación Fiscal.
Se precisa que el gobierno municipal de Ayutla cumplió con el porcentaje de recursos establecido para las Zonas de Atención Prioritaria Urbanas, porque invirtió el 16.7 por ciento cuando debió de ser al menos el 10 por ciento. Sin embargo, el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 36 por ciento cuando debió de ser por lo menos el 70 por ciento de los recursos transferidos.