Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

El representante legal de los padres y madres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra, aseguró que existe una intención deliberada del Ejército de encubrir a aquellos elementos que han violado derechos humanos.
El sábado, Vidulfo Rosales Sierra participó en la reunión de la Comisión Nacional Provisional de la Asamblea Nacional Popular para el reencuentro con organizaciones y colectivos, en las instalaciones del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, en la Ciudad de México.
La reunión fue a puerta cerrada, sin acceso a los reporteros, y el abogado habló con los medios.
“Tenemos un Ejército que trae una línea de continuidad, que no hay distinción entre este Ejército con el anterior. Hay una intención deliberada de encubrir a elementos de las Fuerzas Armadas que violan derechos humanos” comentó Vidulfo Rosales en entrevista para El Sur.
De igual forma, el abogado afirmó que actualmente se han otorgado facultades a las Fuerzas Armadas para que puedan realizar acciones políticas y fijar posicionamientos que van en contra de las víctimas.
“Es el discurso que estamos viviendo: ‘todo aquel que cuestione a las Fuerzas Armadas quiere desprestigiarnos, quiere generar una desconfianza de nosotros a la ciudadanía’ bajo este discurso se quiere encubrir la responsabilidad que tienen elementos del Ejército mexicano en concreto por su participación directa a la violación de derechos humanos en el caso Ayotzinapa”, comentó Rosales.
Añadió que desde su punto de vista “en el ambiente de la comentocracia” se está creando un discurso que busca colocar al Ejército como víctima, además de buscar exonerarlos de sus responsabilidades en el caso, que señaló que si tienen desde el momento que infiltraron la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos con un elemento de las Fuerzas Armadas.
Rosales criticó que el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) Luis Cresencio Sandoval, realice posicionamientos políticos y que se tiene una institución que ha diversificado sus actividades.
“Tenemos a un secretario de Sedena con potestades para hacer posicionamientos políticos. Unas Fuerzas Armadas haciendo política ahora. El Ejército mexicano ya no sólo se encarga de hacer tareas de seguridad pública o seguridad nacional, ahora también hace política y a través de esa política despliegan un discurso que encubre a sus elementos” comentó el abogado.
Al representante se le preguntó sobre la detención del general José Rodríguez Pérez, quien fue comandante del 27 Batallón de Infantería de Iguala cuando desaparecieron los estudiantes. Rosales Sierra comentó que esto representa un avance pero mantienen preocupación por la falta de acción en contra de 20 órdenes de aprehensión contra militares.
“Es un avance importante, sin embargo para madres y padres de los 43 persiste una profunda preocupación por varios elementos, primero porque existe una demora injustificada en contra de las 20 órdenes de aprehensión contra militares” expresó el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Agregó que el secretario de la Defensa Nacional, debería permitir que los militares que tengan orden de aprehensión en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes demuestren ante los entes judiciales, si tienen o no una responsabilidad.
“Lo que debería hacer el general es permitir que esos 20 militares señalados vayan y se pongan ante el escrutinio judicial y que allá demuestren si tienen responsabilidad o no. Si el general quiere demostrar que su Ejército no es responsable pues que lo hagan en el escrutinio judicial” comentó el representante.
Sobre la sentencia absolutoria dictaminada por un juez penal en Tamaulipas contra el ex acalde de Iguala, José Luis Abarca, el representante legal señaló que la absolución se dio debido a una investigación irregular pero que no significa que el implicado sea inocente.
“Es una acción penal que se hizo en la administración pasada que está basada en una prueba obtenida mediante tortura y que hay un análisis muy formalista del juez que dio peso que indica que como fueron copias certificadas de una averiguación diversa que se aportaron como prueba para el secuestro, le restó todo valor probatorio”, indicó Vidulfo Rosales Sierra.