En un comunicado, el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Marco Antonio Maganda Villalba, acusó a los gobiernos federal, estatal y municipales de la violencia en el estado.
Los llamó a que reconozcan que no han dado resultados satisfactorios en la disminución de la violencia, a pesar de las “cuantiosas” inversiones que cada año se realizan en Seguridad Pública.
El panista consideró que la violencia, corrupción y pobreza son “el más grande desafío”.
Dijo que el gobierno del estado “no está a la altura de las demandas de Guerrero”, y demandaron a Héctor Astudillo Flores instalar “a la brevedad con actitud incluyente y desprendida, la mesa plural de diálogo”.
Responsabilizó a los gobiernos federal, estatal y municipal, por su “insuficiente esfuerzo” porque no “pueden o no quieren cambiar la deplorable situación que priva en nuestra entidad”.
Criticó que el gobierno de Astudillo se limite a pedir al gobierno federal el envío de más policías, militares y marinos, que esporádicamente logran detenciones, y en respuesta repunta nuevamente la violencia.
“Y entonces el gobierno se justifica diciendo que es un efecto de los buenos resultados que se van teniendo en el combate a la delincuencia”, se lee.
Del llamado del gobierno estatal y la fiscalía a los ciudadanos y la iglesia para que presenten denuncias por los señalamientos de posibles nexos entre servidores públicos y delincuencia, dijo que “es plenamente sabido que no existen garantías para el denunciante” porque el sistema de justicia y de seguridad están “infiltrados” por los grupos delictivos.
Maganda llamó al gobierno estatal a promover un acuerdo en el Consejo Estatal de Seguridad Publica, para que se concluya este año la certificación y depuración de policías estatales y municipales, además de la ciudadanización de los Comités de Consulta y Participación Ciudadana.
El dirigente panista afirmó que persiste en el gobierno del estado y los municipios opacidad en el manejo de los recursos públicos donde esos organismos “sólo son testimoniales”.
En el comunicado, el líder panista acusó al gobierno estatal de manejar de manera discrecional la asignación de los recursos para obras que se dan a “empresas afines que a cambio pagan cuantiosas sumas por los contratos”.
Y dijo que los recursos ahorrados por el plan de austeridad que serán “canalizados a proyectos a través del Instituto Estatal del Emprendedor, corren el riesgo de ser utilizados para reposicionar al PRI con miras a la elección del 2018”, acusó el dirigente.
Y llamó a que el gobierno estatal y los ayuntamientos cumplan la ley federal y estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, activando sus portales electrónicos y publicando toda la información obligatoria.
Dijo que el PAN está preocupado porque además del alto número de familias pobres en el estado y más empobrecidas por el recientemente “gasolinazo”, se suma la demanda de empleos y servicios de personas que ya empiezan a ser deportadas de los Estados Unidos.

La sesión del CDE

Ayer sesionó el Comité Directivo Estatal (CDE) para iniciar el análisis del presupuesto de Egresos 2017 que incluye los recursos federales y estatales para los comités directivos municipales y para las actividades de las secretarías y gastos operativos de la dirigencia.
Sobre esta actividad, y sobre la denuncia penal interpuesta por los consejeros estatales del PAN, la ex diputada local Irma Lilia Garzón Bernal, Victoria Escuen Ávila, y el ex regidor de Acapulco y secretario del Comité Directivo Municipal, Guido Rentería Rojas, desalojados con policías antimotines de la sesión de Consejo Estatal el pasado 12 de febrero, contra Miranda Villalba y su esposa, la diputada federal Guadalupe González Suástegui, nada dice el comunicado. Tampoco sobre la acusación de éstos de que tras esa demanda reciben amenazas anónimas, de las que responsabilizan al dirigente y su esposa.
Anoche se esperaba que el CDE apruebe el presupuesto de egresos 2017 que será presentado al Consejo Estatal para su ratificación o rectificación.