El alcalde Marco Antonio Leyva Mena, reveló que parte de las deudas del Ayuntamiento fueron heredadas por la pasada administración, que presidió el también priista Mario Moreno Arcos, aunque no precisó la cantidad.
Consultado sobre el informe de la Auditoría Superior de la Federación de las cuentas públicas de 2015, Leyva se refirió al endeudamiento con el que comenzó su gestión en diciembre de ese año, y a pregunta de por qué no había informado esa circunstancia respondió:
“Eso se ha informado a la instancia que corresponde… yo lo que quiero es dedicarme a trabajar, no generando problemas y cuchicheos políticos, porque muchas veces cuando se dejan deudas en el municipio también es cierto que la misma ley te da un plazo para comprobar aún cuando ya estás fuera del Ayuntamiento. Entonces esa parte yo se la quiero dejar a la Auditoría”.
Se le preguntó el monto de la deuda y respondió que eso se debe de preguntar al auditor. “Yo no quiero juzgar cuando la ley todavía le da espacios de comprobación a la administración anterior”, señaló. Luego expuso que solicitó por escrito la opinión del Sistema Nacional de Seguridad para saber si es factible que el enlace del programa Fortalecimiento a la Seguridad del municipio (Fortaseg), Efraín Zúñiga Cortés, sea evaluado.
Apenas el 15 de enero poli-cías preventivos despedidos se quejaron de irregularidades, y que uno de los involucrados es el enlace del gobierno federal
“Yo no tengo ningún problema de que sea evaluado, el debate que se hace al interior del Cabildo es que el señor para que pueda ser evaluado tiene que pertenecer a la estructura de Seguridad Pública Municipal. El señor Zúñiga es un enlace, es como si yo de repente fuera a los procesos de certificación y llevara al secretario de Desarrollo Económico y le digo evalúenmelo, ¿cómo me lo van a evaluar si no pertenece al sistema de Seguridad Pública municipal?”, justificó.
El alcalde fue consultado al término de la conferencia de prensa en la que informó sobre la Primera Feria del Empleo Chilpancingo 2017.
En otro tema, aseguró que no se permitirán más las actividades comerciales en el Zócalo y reconoció que este actividad fue parte de un acuerdo de Cabildo de la administración pasada.
La última feria la organizó la Cámara Nacional del Comercio (Canaco), donde hubo quejas de locatarios porque bajaron sus ventas del 14 de febrero. Aseguraron que en esa ocasión cada vendedor pagó el espacio por 5 mil pesos.
Leyva Mena dijo que el Ayuntamiento sólo obtuvo por todos los vendedores 10 mil pesos y añadió que se aceptó esa feria de la Canaco porque “estamos tratando de ser solidarios con comerciantes en épocas verdaderamente complicadas y difíciles, como es el asunto de lo que se vio por el gasolinazo”.