Este miércoles, día en que fue asesinado, Edmundo Román había llegado a laborar a su oficina como lo hacía de forma cotidiana. A pesar de que por su jerarquía en el Poder Judicial podía contar con un chofer, el togado manejaba él mismo su automóvil

Argenis Salmerón

Poca vigilancia policiaca y hermetismo entre los trabajadores se observó este jueves en los juzgados de Caleta, luego de que el miércoles fue asesinado a balazos el magistrado Edmundo Román Pinzón al salir del inmueble de cinco pisos del Poder Judicial.
Las actividades dentro del edificio se desarrollaron de manera normal y el acceso por la puerta principal y al estacionamiento fue exclusivamente para magistrados, jueces, secretariois de acuerdos, proyectistas y trabajadores administrativos.
Para los abogados y personas que llevan un caso el acceso a las instalaciones fue restringido, medida que permanece desde antes del crimen del magistrado.
Una trabajadora contó que Román Pinzón “todos los días fue a trabajar” en contraposición a versiones periodísticas de que hacía home office porque había recibido amenazas.
Aseguró que el miércoles el magistrado llegó alrededor de las 8:40 de la mañana al edificio del Tribunal Superior de Justicia en Caleta, saludó y subió su oficina en el quinto piso, revisó expedientes y estuvo en su privado. “Fue un día normal de trabajo”, subrayó.
Y otro trabajador informó que un día antes de su asesinato, en las mismas instazlaciones Román Pinzón y el magistrado Alberto López Célis entregaron despensas a los trabajadores en representación del presidente del TSJ Ricardo Salinas Sandoval.
Los magistrados podían tener un chofer pero Edmundo Román no lo solicitó y manejaba su vehículo, el mismo en el que fue asesinado, comentó otro trabajador de los juzgados ayer a mediodía.

Escasa vigilancia un día después

A las 10 de la mañana, policías ministeriales en una patrulla acudieron al lugar para continuar las investigaciones del crimen.
Afuera del inmueble solamente se instaló una patrulla de la Policía del Estado con cuatro agentes.
No se observaron recorridos de vigilancia afuera del edificio, tampoco en la avenida Costera ni en los alrededores como se supondría luego de que el miércoles mismo se anunció que se puso en marcha la Alerta Roja para dar con los asesinos.
Los trabajadores dijeron que tras el ataque del magistrado se sienten vulnerables ante cualquier situación de violencia.
Pidieron una mayor vigilancia policiaca para evitar incidentes y que se instalen cámaras de seguridad.
Dijeron que el miércoles en la tarde, en el momento del crimen, se escucharon como cohetes, pero pensaron que era por el festejo de la Virgen de Guadalupe; indicaron que después escucharon gritos de personas.
Fuentes ministeriales no quisieron dar más información del caso, menos del móvil en torno al crimen del magistrado.
Tampoco hubo ninguna comunicación de la Fiscalìa General del Estado sobre las probables líneas de investigación y sobre alguna pista de los autores materiales e intelectuales.
Solamente se supo que fueron seis los impactos de bala que recibió el magistrado.
Y se confirmó que peritos de la Fiscalía Regional de Acapulco encontraron 13 casquillos percutidos de un pistola calibre 9 milimetros.
Los trabajadores del quinto piso del inmueble donde laboraba el magistrado no dieron información y guardaron hermetismo.