Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La detención por el caso Ayotzinapa de la ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Lambertina Galeana Marín, “es importante porque fue una funcionaria que tuvo conocimiento del contenido de los videos de las cámaras instaladas en el Palacio de Justicia de Iguala, de donde se llevaron a un grupo de estudiantes”, opinó el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.
Sin embargo, aclaró que no significa que haya más apertura y voluntad para avanzar en el esclarecimiento del caso, puesto que se sigue protegiendo al Ejército, que se niega a entregar los 800 folios con información relevante del caso.
Entrevistado por teléfono, Barrera Hernández recordó que se sabe que había por lo menos diez cámaras en el Palacio de Justicia, que pudieron haber captado lo que sucedió ahí esa noche de donde se llevaron a casi la mitad de los 43 estudiantes desaparecidos.
El director de Tlachinollan, organismo que da acompañamiento al movimiento de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, dijo que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene que investigar qué pasó con esos videos.
“Obviamente la ex presidenta del TSJ tuvo una alta responsabilidad y se tiene que saber si de verdad destruyó los videos, y si fue así por qué, si se trataba de una evidencia tan importante”.
Explicó que Galeana Marín era la máxima autoridad en el estado en cuanto a la administración de justicia, y por tanto sabía que era un material muy importante y se requería conservarlo.
Pero si destruyó los videos fue para desaparecer la evidencia, “y eso habla de una complicidad para borrar cualquier indicio relacionado con la identificación del modus operandi de esa noche cuando desaparecieron a los 43 estudiantes”.
Indicó que por ello la detención de Galeana Marín será determinante, porque con la información que aporte se puede llegar a esclarecer qué pasó con los videos, o qué realmente motivó que estos videos se escondieran primero y después se destruyeran. “Se tiene que saber por qué se perdió esa información clave”.
Barrera Hernández declaró que Galeana Marín no era una ciudadana común y corriente, “fue una autoridad con un cargo muy alto y sabía de la alta responsabilidad que tenía para preservar estas evidencias, máxime que estamos hablando de uno de los casos emblemáticos de desaparición en nuestro país y no se puede pasar por alto esas actuaciones de autoridades que no están dimensionando la importancia que tienen estos videos”.
Opinó que aunque llega tarde esta actuación judicial, abre una oportunidad para saber qué realmente pasó. “Es importante que se aclare bien que pasó con esos videos y saber si tuvo conocimiento de su contenido para que se pueda avanzar en el paradero de los estudiantes”.
Pero aclaró que no ve que con la detención de la ex presidenta del TSJ haya más apertura en el caso, mayor interés o voluntad de las autoridades, “más bien, es la persistencia de las madres y padres que en todo momento en las reuniones que tuvieron con el ex presidente Andrés Manuel López Obrador pidieron que se avance en todas las líneas de investigación”.
Dijo que lo mismo han insistido que se entreguen los archivos que tiene el Ejército mexicano.
“Con la detención de la ex presidenta del TSJ hay un avance, pero realmente el punto central que han planteado las madres y padres son los folios que solicitaron al ex presidente López Obrador y actualmente lo están solicitando a la presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo.
Barrera Hernández declaró que en el caso del Ejército sigue detenido todo: “esto (la detención de Galeana Marín) no quiere decir que hay más apertura, se hablaría de una verdadera apertura si se accediera a los 800 folios del Ejército”.
“Esto es importante porque es parte de las líneas que se han planteado y se trata de pruebas y evidencias que se tienen que presentar, sobre todo para saber cómo se dio esa desaparición en ese lugar, porque de ahí se llevaron a un gran número de estudiantes”.
Pero reiteró que con todo y lo que se ha avanzado por la insistencia de las madres y padres para dar con el paradero de los estudiantes y con los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), “se ha visto que para seguir abonando en el paradero de los estudiantes, se tiene que adentrar a los 800 folios y ahí todavía no se ha podido”.
Insistió que es donde se ha estancado el avance de las investigaciones y no se ha sabido la participación del Ejército, “es decir, como participó, si por acción omisión o complicidad, por eso hay la necesidad de acceder a los documentos para salir de esa incertidumbre”.
Concluyó que las madres y padres han insistido y se lo han planteado a la presidenta Sheinbaum que el punto medular es ese; la entrega de los 800 folios en poder del Ejército.