Lourdes Chávez

Chilpancingo

El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero (Itaigro), impuso al menos cinco multas a la Unidad de Transparencia del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero (Cocytieg), por no entregar la información requerida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), en los plazos estipulados de acuerdo a la Ley de Transparencia,
La comisionada del Itaigro, María de Lourdes Ortiz Basurto, quien dictó las cinco multas en el transcurso de 2024, aseguró que al final, el sujeto obligado “entendió la magnitud de las resoluciones y en lo sucesivo, por cuanto hace a esta ponencia (sobre las denuncias que conoció), el Consejo ha estado acatando al pie de la letra la instrucción que se le da, para el derecho de acceso a la información y a la protección de datos personales”.
No obstante, señaló que Cocytieg sólo pagó una de las multas impuestas. Las pendientes siguen el trámite.
La comisionada fue consultada en su oficina sobre la omisión del Consejo de Ciencia y Tecnología del estado que se denunció en El Sur hace tres meses, de que no respondió a solicitudes de información sobre el uso de los recursos que recibió por multas y sanciones a los partidos políticos, unos 50 millones de pesos en cuatro años.
Solicitudes de información relacionadas con otras que derivaron en una denuncia en la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental contra el director Miguel Ángel Rendón Liborio, aún sin resolver.
La comisionada, reconoció en general, que hay resistencia de “algunos sujetos obligados” –más de 200 en Guerrero–, pero lo atribuyó a los cambios de administraciones y de funcionarios en el gobierno.
Desde la reforma federal del 20 de diciembre en la materia de Transparencia, reveló que aumentó “la distracción de algunos sujetos obligados” que consideraron que ya no tenían que cumplir sus obligaciones.
Reconoció que es necesario seguir trabajando de manera más eficiente lo que tiene que ver con la cultura de la transparencia, “algunos no les queda claro que toda información es pública, para la rendición de cuentas a la ciudadanía”.
Con esa reforma, los congresos locales deben homologar la constitución y leyes secundarias con la ley nacional en un plazo que vence el 19 de junio, que entre otros puntos, extingue a los órganos garantes en los estados.
Ortiz Basurto aclaró que se extinguen los institutos, no los derechos a la información y a la protección de los datos personales, llave para el acceso a otros derechos.
Reconoció que usuarios del sistema tienen interés en saber qué va a pasar con sus procedimientos de revisión.
Estimó que del total de solicitudes, entre 7 y 8 mil por año, 70 por ciento llegan a revisión, es el momento cuando los comisionados conocen las denuncias, y “vamos a tutelar esos dos derechos hasta el último el día”.
Aclaró que aún están en análisis las propuestas de seguimiento de las denuncias que tiene en proceso el órgano garante. Confió en que el análisis de la reforma en los poderes legislativo y ejecutivo “no será al vapor, sino responsable.
“Tendría que ser muy cuidadosa (la reforma) para que no quede lugar a dudas que se realiza todo de manera muy imparcial”.