El director de Averiguaciones Previas y Control de Procesos de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Ulises Sandoval Catalán, informó que en la consulta por usos y costumbres del modelo de elección del gobierno municipal en Ayutla, hubo incidentes menores que no pusieron en riesgo las asambleas que se celebraron el sábado y domingo.
Del proceso de ayuntamientos, diputados y gobernador de 2015, dijo que de 225 averiguaciones previas abiertas por la Fiscalía, sólo ocho casos se consignaron como delitos electorales, los jueces les otorgaron cinco órdenes de aprehensión y a la fecha los procesos están abiertos en segunda instancia.
En una reunión del Instituto Nacional Electoral (INE) en Rectoría de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), se le consultó sobre las denuncias que trascendieron durante la consulta de Ayutla el sábado y domingo, en 140 colonias y localidades.
Señaló que la Fepade acudió a la mayoría de las asambleas de la cabecera municipal, delegaciones y comunidades, y confirmó que las asambleas se desarrollaron de forma pacífica.
Precisó que donde hubo inconformidades, integrantes de la Fepade resolvieron dudas y brindaron asesorías a las autoridades comunitarias. De las denuncias, aclaró que fueron rumores de situaciones en el momento “nada concreto”, y hasta ayer no había ninguna denuncia formal ante la fiscalía.
Indicó que sólo se formuló una queja que será turnada al Instituto Electora y de Participación Ciudadana (IPEC), para que valore si procede o no.
Por separado, la presidenta del IEPC, Maricela Reyes Reyes, informó que hubo una denuncia específica de policías comunitarios armados que tendrá que valorar el órgano electoral.
De los incidentes, Sandoval Catalán informó que hubo señalamiento de que no se permitía votar en las asambleas a personas que no pertenecen a la localidad, y que tampoco se permitió la asistencia de observadores en determinadas asambleas, porque no pertenecían al área en cuestión. En cuanto a los rumores, aclaró que la fiscalía los investigó.
Además, indicó que se cuestionó la intervención de “organizaciones de aquella región” en la consulta, y aclaró que aunque sean militantes de una organización o partido, también son ciudadanos con derechos que no les pueden restringir.
Destacó que las asambleas estuvieron a cargo de las autoridades comunitarias, que ahí la población determinó quienes iban a participar y la forma en que iban a regir la elección por usos y costumbres.
Luego habló de las denuncias en el proceso ordinario y extraordinario de 2014-2015. Dijo que fiscalía concluyó 98 por ciento de los casos.
Detalló que de 225 averiguaciones previas, sólo ocho fueron consignadas, los jueces otorgaron cinco órdenes de aprehensión, pero el ejercicio de la acción penal sigue en segunda instancia.
Después de aquel proceso electoral, indicó que recibieron 35 denuncias, tres en 2017 y las últimas se integraron en carpetas de investigación en el nuevo sistema penal acusatorio. Consideró que sin proceso electoral, los denunciantes pierden interés y dificulta la investigación que la fiscalía está obligada a agotar.