En una evaluación de las Unidades de Género del Poder Judicial en México, de la asociación Equis Justicia para las Mujeres, Guerrero es ejemplo de las actividades que no se deben realizar en estas áreas de gobierno, como el concurso del tamal dietético y nutritivo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Una investigación elaborada a partir de solicitudes de información y difundido en redes sociales en octubre, indica que las acciones realizadas por las Unidades de Género “son de alcance limitado, la mayoría reducidas a la capacitación. Además que, en muchos casos, incluyen actividades que no van acorde con su fin”.
Señaló preocupante que Unidades de Aguascalientes y Guerrero, incluyen en la capacitación cursos de autoestima y elección de pareja, y en el tema de salud, la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos del Poder Judicial de Guerrero, incluyó un concurso del tamal dietético y nutritivo.
Unidades de Género en el Poder judicial: informe sobre su estructura y funcionamiento a nivel nacional, explica que las oficinas deben ser órganos especializados dentro de los poderes judiciales, para “asegurar que la institucionalización de la igualdad de género y los derechos humanos sean pilares fundamentales en la toma de decisiones que, tanto administrativamente como en la impartición de la justicia, se llevan a cabo día a día.”
Para observar si cumplen con este fin, Equis Justicia para las Mujeres realizó una investigación sobre el estado que guarda la estructura institucional y la operación de las Unidades de Género en los poderes judiciales estatales y en tres órganos federales.
Indicó que a partir de solicitudes de información presentadas en 2016 solicitó información que se contextualiza en la Declaración Cancún de noviembre de 2012, y en el Pacto para introducir la perspectiva de género en los órganos de impartición de justicia en México.
Explicó que en la declaración “se estableció que las jerarquías del aparato judicial debían adoptar una política de igualdad de género y propiciar la creación de una Unidad Permanente, que apoyara en la implantación de la política de género, coordinando, impulsando, monitoreando y evaluando un sistema integral”.
En el análisis, encontró que en 27 entidades con unidades de género, los poderes judiciales estatales, entre ellos Guerrero, tienen problemas de estructura organizacional “y cumplen una diversidad de funciones que resultan irrelevantes y desvían la atención del fin para el que fueron creadas”.
Destacaron que siete unidades de género en el país cuentan con presupuesto propio que les permitiría fortalecer la autonomía, pero Guerrero no se encuentra en ese bloque, sí en los que tienen poco personal, y donde no existen criterios para elegir a la persona titular de la Unidad de Género. La designación es discrecional.
Señalaron indispensable que las unidades de género tengan una posición relevante en el organigrama, con facultades congruentes a su posición para que tengan mayor interlocución para colaborar y coordinarse con diferentes áreas del poder judicial.
Porque si bien, todas fueron creadas por autoridades superiores, “no aportan fuerza
suficiente a las Unidades al situarlas en posiciones bajas del organigrama”.
En Baja California Sur, Chihuahua, Tlaxcala y Veracruz los documentos de creación de las unidades son las leyes orgánicas del Poder Judicial; en Campeche, Durango, Puebla, Sinaloa y Zacatecas, fue por acuerdos del Pleno del Tribunal Superior y en Baja California, Coahuila, Estado de México Hidalgo, Morelos, Tamaulipas y Guerrero, por acuerdos del Pleno del Consejo de la Judicatura Estatal.
La Unidad de Guerrero funciona con el Plan Nacional de la La Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), y sus actividades más comunes que fueron reportadas son la sensibilización y capacitación.