El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno, consideró indispensable que la federación separe a los internos inculpados o sentenciados por delitos federales de los penales estatales, en consulta sobre la situación de las prisiones del estado.
Estimó que el riesgo de conflictos como el de Acapulco, que dejó un saldo de 28 personas asesinadas, es constante en las cárceles incluso del país, y los organismos de derechos humanos lo han hecho patente en sus informes.
Consultado en el acto oficial del Día del Abogado en Casa Guerrero, indicó que las cárceles más grandes del estado, Acapulco, Chilpancingo e Iguala, reciben reos del orden federal “que traen más arraigado el problema criminal y contamina al resto de la población penitenciaria”.
Señaló que a partir de las acciones oficiales contra la delincuencia organizada, “en los reclusorios se juntan a todos los detenidos, imagínense lo que está pasando adentro”.
De su experiencia, dijo hace diez u 11 años en el penal de Acapulco, con 700 internos, la comisión podía organizar actividades deportivas, pláticas y recibía solicitudes y requerimientos de los internos, pero desde el combate a la delincuencia organizada, la población creció a mil 200 o mil 300 internos, la mayoría del orden federal.
Cuando hay espacios confinado con integrantes de grupos antagónicos, corresponde al gobierno federal “poner lo que le toca”, creando penales federales con infraestructura acorde al tiempo actual, para despresurizar las prisiones estatales.
Recordó que el penal de Las Cruces en Acapulco data del gobierno de Alejandro Cervantes Delgado, y fue considerado como un centro de alta seguridad “cuando la delincuencia no era como ahora”, pero quedó rebasado frente a la tecnología penitenciaria de los nuevos centros federales de readaptación social, y el gobierno estado no tiene capacitación para atender a lo internos de alta peligrosidad, sentenció.
De la pertinencia de crear una prisión federal para los reos del fuero federal en la entidad, indicó que hay reglas en los centros de detención estatales para los internos del fuero federal, “pero no es suficiente, es indispensable que el gobierno federal los separe, eso nos ayudaría mucho en Guerrero”.
Del tema, informó que este miércoles entregó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el expediente de la investigación del ataque del penal de Acapulco, que comenzaron de forma conjunta y que en el proceso hicieron visitas a los penales de Acapulco y Chilpancingo, donde están algunos reos que fueron trasladados después de la agresión.
Aclaró que no hallaron evidencia de la versión que indica que hombres armados entraron a la prisión a atacar a un grupo contrario, y que los testigos fueron enviados a otros penales para aligerar los riesgos. Reveló que sí hay detalles que obviamente no han trascendido a la opinión pública y que son parte de la investigación.

Policías comunitarias

A propósito de la declaración del gobernador Héctor Astudillo Flores, sobre llevar al congreso una reforma para la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura Indígena, señaló que la creación de policías comunitarias en el estado ha sido una “muy copiosa actividad”.
Coincidió con el pronunciamiento del ejecutivo, en que no se puede dejar la responsabilidad de la seguridad pública en manos de la policía comunitaria “que bien a bien todavía no demuestra con hechos qué puede hacer en esa materia, desde la sociedad misma”.
Estimó que adecuar el margo legal también va a obligar que la propia organización de la policía comunitaria se adapte, y dijo que así de todos los movimientos de autodefensa que han surgido en los últimos tres años en la entidad.
Recordó que muchos casos dentro de los movimientos ciudadanos de seguridad ha habido fallecidos, “personas que nada tienen que ver con la justicia comunitaria, entonces, es necesario que la policía actúe más en favor de la seguridad, que en temas de enfrentamientos, lo que jurídicamente es visible, es que si hay modificación en la constitución sea para fortalecer el sistemas de comunidades, de justicia comunitaria con resultados, la práctica nos ha llevado a lamentar muchas cosas donde ha estado la policía comunitaria”.
Subrayó que la seguridad pública es una obligación ineludible de los gobiernos estatales y municipales, “y no podríamos negar que las policías comunitarias surgieron a partir de que no había suficiente seguridad”.