Rosalba Ramírez

Chilpancingo

Diputados locales debatieron sobre la iniciativa de reforma constitucional en materia de derechos indígenas y afromexicanos. Los morenistas insistieron en que se dictamine ya la propuesta presentada en diciembre pasado, pero el PRD adelantó que no va a pasar porque tienen tintes políticos y pidieron no engañar a los pueblos originarios. Por su parte el PRI afirmó que ni el Comité Técnico Comunitario ni los diputados conocen la propuesta.
El tema lo llevó al pleno el diputado de Morena Aristóteles Tito Arroyo, quien recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con su determinación en contra de la reforma en materia de candidaturas indígenas aprobada por el Congreso el primero de junio, estableció que “en adelante, el Poder Legislativo está obligado a consultar de cualquier medida legislativa que se pretenda realizar y que afecte a los pueblos originarios y afromexicanos”.
Con esa sentencia la Corte hizo “un reproche jurisdiccional” y dejó muy claro que una vez culminado el proceso electoral 2021, se debe reponer la omisión y convocar a una consulta para que los pueblos afectados participen en la toma de decisiones.
También destacó que se necesita combatir el racismo y la discriminación, debido a que juegan un papel determinante en la violación a los derechos humanos de los indígenas y afros, y reiteró el llamado a dictaminar la iniciativa presentada desde diciembre, por la cual hubo una importante movilización el pasado 17 de septiembre.
El diputado perredista Alberto Catalán Bastida reprochó a los diputados de Morena que con la promoción del litigio contra el decreto aprobado el primero de junio con el que se establecen las reglas para las candidaturas indígenas, pretendieron exhibir al Congreso de Guerrero.
Recordó que seis diputados de Morena que votaron a favor del decreto después “se arrepintieron” y junto con sus compañeros presentaron el recurso de impugnación contra lo que ellos aprobaron.
Y recordó que aunque la SCJN invalidó el decreto, estableció que las acciones afirmativas determinadas a favor de los pueblos originarios prevalecen, ya que la consulta se tendrá que reprogramar para después de los comicios del 2021.
Entonces, el también dirigente estatal del PRD pidió a los morenistas no manipular la información respecto al tema, tampoco a generar escenarios que no se van a cumplir, “en el PRD somos un partido serio que no le apuesta a la demagogia ni al espectáculo mediático, no le apostamos al oportunismo porque somos el partido de la verdadera izquierda”, dijo.
El morenista Marco Antonio Cabada Arias destacó que los grupos que impulsan la reforma en materia de derechos y cultura indígena se han manejado dentro del marco legal, prueba de ello es que recientemente estuvieron en el Congreso sin generar ningún tipo de daño.
Nilsan Hilario Mendoza precisó que el pleno no tiene que discutir sobre si la iniciativa cumple o no los requisitos hasta que haya un dictamen, y que es responsabilidad de la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos dictaminar para que el pleno determine en la votación si procede o no, de lo contrario apuntó que siguen siendo omisos en su responsabilidad.
De Morena, el diputado Alfredo Sánchez Esquivel afirmó que está a favor de muchos apartados de la iniciativa, pero en otros no y su argumento fue “porque muchos líderes que han empujado esa reforma, son los mismos líderes que con engaños han manejado a los grupos de jóvenes que en días pasados dañaron este inmueble, lo que pido es congruencia”.
Por su parte el diputado Celestino Cesáreo Guzmán adelantó que la iniciativa no se va a aprobar porque no tiene el aval mayoritario de los integrantes de la legislatura “y no va a pasar es evidente que los foros que se realizaron no fueron plurales por lo tanto pues no son reconocidos por todos” y dijo que ha planteado a los morenistas instalar una mesa para analizar las propuestas realizar de consenso una propuesta “plural y llevemosla a las asambleas previamente acordadas, plurales, avaladas por todos y de ahí que surja una propuesta que venga al pleno y sea avalada por todos. Por lo que veo no sea aceptado”.
También lamentó que el tema tiene un “tinte político muy marcado… creo que eso es estarle jugando chueco a los pueblos originarios eso es no estarle diciendo la verdad a las distintas etnias y creo que deben saber así como se está llevando el tema la ley no va a pasar ojalá se retome la propuesta donde de manera conjunta podamos sacar en esta legislatura una ley indígena”.
Por su parte el coordinador priista Héctor Apreza Patrón consideró que, si algún personaje en referencia a diputados de Morena pretende “erigirse como salvador de los pueblos indígenas, debe revisar su actuar”.
Ahí Apreza Patrón afirmó que muchos de los diputados locales que promueven la reforma no conocen la iniciativa y que incluso los integrantes del Comité Técnico Comunitario “autodesignado” de los Pueblos Originarios, están solicitando copia de la iniciativa presentada por el diputado Aristóteles Tito Arrollo.
Afirmó que tiene la certeza de que muchos diputados no conocen las implicaciones de la reforma. Luego se refirió al diputado Marco Antonio Cabada, de Morena: “¿Sabía usted, compañero, que en esta iniciativa de reforma Acapulco está considerado para el esquema de usos y costumbres?”.
Después Apreza patrón soltó otra pregunta ¿Cuántas diputadas y diputados conocen el tema, artículo por artículo, fracción por fracción de la iniciativa? Pero ninguno de los morenistas le respondió al priista.

La sesión

El pleno del Congreso local aprobó un exhorto dirigido a la Cámara de Diputados y a la Comisión de Presupuesto del Congreso de la Unión para que en la revisión, análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, se establezca una política económica que incentive la producción agropecuaria y pesquera, con la intervención de todos los actores de la cadena productiva, en especial de aquellos que cuentan con una producción de autoconsumo.
El punto de acuerdo fue propuesto por el diputado del PRD Robell Urióstegui Patiño quien argumentó que es necesario fortalecer el sistema productivo para que la población que se dedica a la producción agropecuaria y pesquera no dependan de los programas sociales del gobierno federal. La propuesta fue votada por mayoría de votos de los diputados del PRD, PRI, PT, PAN, MC y algunos de Morena.
También en la sesión los diputados del PVEM Eunice Monzón García y Manuel Quiñones Cortés, presentaron una iniciativa con proyecto de Ley de Fomento al Empleo del Estado y de los Municipios. En la argumentación establecen que se busca reactivar la generación de empleos y fomentar el crecimiento económico, “dando oportunidad de trabajo a personas discapacitadas, personas de la tercera edad y a madres solteras, además de consagrar a los jóvenes con la oportunidad del primer empleo, que al ser de nueva creación, deberá ser ocupado por personas sin experiencia laboral o que nunca hayan cotizado en el IMSS” fue turnada a la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo.
Por su parte la diputada del PT Leticia Mosso Hernández presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Ejecución Penal del Estado para armonizarla con los estándares nacionales e internacionales, relativo a la comunicación con el exterior, “como parte de una eficaz y progresiva reinserción social de las personas privadas de la libertad”, para que las personas que cumplan una condena en la carcel puedan tener visitas íntimas, y estar informados de lo que pasa al exterior a través de medios de comunicación, la propuesta se turnó a la Comisión de Justicia.
Por su parte el diputado del PRI Jorge Salgado Parra presentó un punto de acuerdo para exhortar a los titulares de las secretarías de Economía, de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno federal, “para que expliquen al pueblo de Guerrero cuáles serán las repercusiones económicas y medioambientales derivadas del acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional”, la cual fue rechazada y turnada a comisiones.
Mientras que el morenista Carlos Cruz López presentó un punto de acuerdo para exhortar a los secretarios de Salud y Protección Civil estatal, así como a los 80 ayuntamientos y al Consejo Municipal Comunitario de Ayutla de Los Libres, para que elaboren de manera coordinada un plan de trabajo e impartan un curso taller a los líderes responsables de las asociaciones religiosas y civiles de la entidad, así como a los propietarios de locales comerciales, relacionado con las medidas sanitarias y protocolos de seguridad en atención a la pandemia originada por el Covid19, que permita la reducción de contagios, pero no alcanzó la votación necesaria y fue turnada a la Comisión de Salud.
También de Morena, el diputado Antonio Helguera Jiménez presentó una propuesta de exhorto al Fiscal General del Estado para que conforme a sus atribuciones legales, emita acuerdo por el cual se constituye la Unidad Especializada en Inteligencia Patrimonial y Económica, que en coadyuvancia con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y como parte de la estrategia nacional, fortalezca el combate al lavado de dinero y las operaciones con recursos de procedencia ilícita, la cual fue aprobada por unanimidad en lo general.
Pero después de la discusión, la diputada del PRI Alicia Zamora Villalva propuso una modificación a los transitorios, para que dicho exhorto entre en vigor al día siguiente de la asignación de los recursos presupuestales para su operación y ejecución dicha modificación fue votada en contra por toda la bancada de Morena.
Sin embargo la presidenta de la Mesa Directiva Eunice Monzón García informó que la modificación fue aprobada por mayoría de votos lo que desató una ola de reclamos de los morenistas que insistieron en que se informara que diputados habían votado a favor y quienes en contra, otros pedían que se sometiera a votación nuevamente.
Pero la presidenta se negó argumentando que en la votación se especificó que se estaba poniendo a consideración y que se dio tiempo suficiente para que votaran en el sentido en el que era su voluntad, incluso el presidente de la Jucopo Jesús Villanueva pidió la palabra para plantear a la Mesa que para que no hubiera duras, que reconsideraran el repetir la votación para dar legalidad a la decisión del pleno, pero Eunice Monzón se negó a pesar del amago de los morenistas de abandonar la sesión, lo cual no ocurrió.
El diputado de Morena Marco Antonio Cabada Arias propuso incluir como delito grave e imponer una pena de hasta cinco años de prisión a quien dispare un arma sin causa justificada. Argumentó que Guerrero es uno de los estados con mayor incidencia de víctimas por balas perdidas.
Dijo que es habitual que las personas disparen al aire en señal de “festejo”, sin embargo, en ocasiones, este tipo de hechos terminan con consecuencias fatales.