Lourdes Chávez y Jacob Morales

Chilpancingo

Feministas marcharon la tarde de este lunes para exigir justicia y recordar a las mujeres asesinadas en el estado.
Por la mañana, denunciaron en una conferencia de prensa virtual que sin tomar en cuenta el contexto de violencia hacia mujeres y niñas en Guerrero, la Comision de Justicia del Congreso local elaboró una propuesta de reforma al artículo 159 del Código Penal que castiga a quienes resulten embarazadas por una violación y condena a las víctimas a los abortos clandestinos.
Con un posicionamiento que avalaron organizaciones y mujeres del estado y el país, llamaron al gobierno del estado a emitir una opinión al respecto, y en caso de que el dictamen sea aprobado la próxima semana por el pleno, como se prevé, pedirán al gobernador Héctor Astudillo Flores que ejerza su facultad constitucional de veto a una ley regresiva.
A las 5 de la tarde las feministas, integrantes de la colectiva Feministas en Red, Quememos el Patriarcado y sus Violencias Machistas colocaron un tambo donde colocaron fuego y danzaron alrededor vestidas de brujas, en el altar que fue colocado un día antes en el hemiciclo a Juárez en la glorieta de las Banderas.
Después unas 15 integrantes encabezadas por las feministas María Luisa Garfias, Marina Reyna Aguilar y Sol Cuevas realizaron una marcha del Monumento a las Banderas a la glorieta Unidos por Guerrero y regresaron al lugar de inicio.
Las feministas reclamaron a la Comisión de Justicia el dictamen que condiciona el aborto a las mujeres que sufrieron una violación, y señalaron que si se aprueba como está, están obligando a las mujeres, jóvenes y niñas a someterse a una maternidad no deseada.
Además recriminaron a los gobiernos del estado y municipios que las acciones para frenar la violencia han fracasado a pesar de los millones de pesos que han recibido de la federación y señalaron que sólo hay simulación.
En la mañana, en la conferencia de prensa, las feministas insistieron en que el dictamen que tuvieron al alcance, incrementa los obstáculos a las víctimas para acceder a la interrupción legal del embarazo, sin tomar en cuenta el contexto de violencia que viven las mujeres y niñas en el estado, muy documentado con organismos nacionales e internacionales, con indicadores oficiales de salud, y testimonios recuperados por activistas de derechos de las mujeres.
Incluso, se contrapone a mandatos, normas, sentencias y leyes establecidas. Un ejemplo de ello, es que limita la interrupción del embarazo a las víctimas de violación hasta las ocho semanas de gestación, cuando los servidores públicos de justicia y de salud alargan burocráticamente los trámites, privilegiando sus creencias religiosas.
Recordaron que la Organización Mundial de la Salud tiene un protocolo para la interrupción del embarazo que es de al menos 12 semanas. Sin embargo, retomaron los plazos estipulados para el aborto electivo, que no aplica a embarazos por violación.
De contexto, señalaron que Guerrero está entre los tres primeros lugares nacionales en embarazo infantil y adolescente, junto con Chiapas y Durango; solo en los últimos diez meses, tres mil 81 mujeres guerrerenses menores de edad tuvieron hijos.
Indicaron que de acuerdo con cifras registradas por el Sistema Nacional de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), del 1 de enero al 26 de octubre del 2020, mujeres de entre 9 y 17 años de edad tuvieron un embarazo que culminó en nacimiento.
Los municipios con más casos registrados de embarazos de niñas y adolescentes son Acapulco con 443, Chilpancingo con 214, Chilapa con 147, Tlapa con 143, Zihuatanejo con 116, e Iguala con 106.
Señalaron que el gobernador omitió la recomendación de la Secretaría de Gobernación Federal vía la Comisión Nacional para Atender y Erradicar la Violencia hacia las Mujeres (Conavim), de coadyuvar en este proceso para garantizar justicia a las mujeres y niñas víctimas de embarazos producto de violación sexual. Para remediarlo, lo exhortaron a vetar la norma si fuera aprobada.
La feminista María Luisa Garfias Marín subrayó que la maternidad no debe ser una obligación ni un castigo, por ello se reconoce su derecho a decidir si continúan o no un embarazo, sobre todo cuando fue producto de una violación.
Sin embargo, los diputados no saben lo que vive una mujer embarazada a consecuencia de una violación, los daños fíísicos y emocionales. “Su patrón es su jerarca religioso de todos los cultos”.
La peticionaria de la segunda Alerta de Violencia de Género, Viridiana Gutiérrez Sotelo, recordó que antes de hacer la petición del mecanismo por agravio comparado, activistas documentaron muchos casos de mujeres que quisieron acceder a una interrupción del embarazo, sobre todo de 14 y 16 años de edad, que fueron criminalizadas por servidores públicos incluso cuando se presentó una denuncia previa en el MP.
Se confirmó que en el estado, el Código Penal se contrapone con los derechos establecidos de las víctimas de violación, después de año y medio hasta se declaró la alerta en junio de 2020.
En esta campaña para que el Congreso local atienda las recomendaciones de la Conavim, y no las posturas conservadores, se difundieron seis de niñas violadas en la Montaña.
Gutiérrez Sotelo añadió que varias instituciones públicas las han llamado para que saber dónde están las niñas y cómo las pueden ayudar, “la oportunidad que tienen no sólo es atender a estas seis niñas, la oportunidad es respaldar a todas las adolescentes que están viviendo violencia sexual que hemos expuesto esta mañana en el estado”.
Insistió en este momento es una oportunidad del Congreso del estado y del Ejecutivo estatal de eliminar ese agravio contra las mujeres de Guerrero,“no pueden hacerse a un lado, le compete porque tienen obligación de trabajar para que niñas y adolescentes vivan una vida libre de violencia”.
La peticionaria de la Alerta de Violencia de Género por Violencia Feminicida, Marina Reyna Aguilar, añadió que el ejecutivo ha sido un espectador en la segunda alerta declarada por Agravio Comparado, “dejando que todo pase”.
Añadió que esperran que el gobernador pueda ejercer su facultad al veto a la reforma que probablemente se apruebe.
Gutiérrez Sotelo recordó que esta iniciativa se presentó en marzo pasado por diputados de Morena, apegada a las recomendaciones de la Conavim, y fue modificada con los votos de cuatro integrantes de la Comisión de Justicia, el priista Omar Jalil Flores Majul, el ahora perredista, Servando Salgado, la panista Guadalupe González Suástegui, y de Morena, Ossiel Pacheco.