El auditor superior del estado, Alfonso Damián Peralta, acudió ayuntamiento de Chilpancingo a instalar a un grupo auditor que revisará la ejecución de los recursos públicos de todo el ejercicio fiscal 2017, del cual los primeros diez meses correspondieron al gobierno del alcalde con licencia Marco Antonio Leyva Mena, y dos al presidente suplente Jesús Tejeda Vargas.
Minutos antes de las 2 de la tarde llegaron a la Secretaría General del Ayuntamiento trabajadores de la ASE para “abrir auditoría” domiciliaria al ejercicio fiscal 2017; esto, después de que se entregara de manera parcial al órgano fiscalizador la cuenta pública de 2017.
Ahí el auditor notificó al alcalde del inicio de la visita domiciliaria para la revisión de la cuenta pública 2017, y firmó que en 17 municipios de Guerreo realizan el mismo ejercicio.
Destacó que la prioridad que le dan a Chilpancingo es por “los antecedentes que tiene la auditoría en el contexto de los acontecimientos que se han venido suscitando en fechas anteriores”, en referencia a la sustracción de documentación comprobatoria que presuntamente realizó Leyva Mena.
Lo acompañaron el auditor especial del sector Ayuntamientos, Raúl Pacheco Sánchez, y Daniel Campos Tolentino, Karina Loaeza Guzmán  y Francisco Vázquez Martínez, que son servidores públicos de la ASE y fueron adscritos a esa auditoría especial.
En el acto protocolario, el auditor entregó al alcalde suplente una orden de visita con lo que dejó a un grupo de trabajadores de la ASE realizando una revisión financiera.
Ahí se leyó el acuerdo de la auditoría con fecha de ayer, en el que comunican a Jesús Tejeda que se “ha ordenado la práctica de una auditoría financiera presupuestaria y técnica a la obra pública, al Ayuntamiento de Chilpancingo de los Bravo con  la finalidad de comprobar que los recursos públicos ingresados y egresados por dicho ayuntamiento” se hayan captado, administrado y aplicado en estricto apego a la ley 404 de ingresos.
Para el desahogo de la visita domiciliaria también comisionaron a Ciro Díaz López y Héctor Contreras Rodríguez.
En el documento entregado se solicita al alcalde que se proporcione a los funcionarios de la ASE “los libros, expedientes, informes, archivos, documentos comprobatorios y justificativos del ingreso y gasto público y de más información que resulte necesaria en esta auditoría”.
Le pidieron Tejeda Vargas que les proporcione una área de acceso restringido dentro del ayuntamiento para el trabajo del grupo auditor. De no cumplir con las solicitudes, se advierte que “serán sujetos de responsabilidad”.
En su participación Alfonso Damián dijo que notificará al gobierno municipal los resultados de la auditoría. Advirtió también que la prioridad por fiscalizar Chilpancingo es porque en diciembre pasado se comunicó a la ASE de la sustracción de documentos comprobatorios del periodo en el que estuvo como alcalde Marco Antonio Leyva.
Mientras que el alcalde suplente dijo que proporcionarían toda la información que requiera el equipo de la ASE.

Procedería un juicio político

Ya en declaraciones el auditor dijo que el caso de la fiscalización a ese Ayuntamiento es “singular”  por la sustracción de documentos, delito por lo que ya hay una denuncia penal.
Advirtió que “si se mantiene el supuesto de que no existe documentación comprobatoria estaríamos ampliando o presentando denuncias nuevas por ese hecho”.
De la posibilidad de que la ASE presente una solicitud de juicio político contra Leyva Mena, explicó: “en estos momentos estamos desahogando el proceso de fiscalización, en cuanto tengamos mayores elementos y si es procedente, tengan la seguridad de que estaremos haciendo lo propio ante el Congreso”.
Se le preguntó por el señalamiento de Leyva Mena que sugirió que la ASE está realizando procedimientos acelerados en el caso de Chilpancingo como parte de la persecución política que ha señalado, y respondió que la semana pasada iniciaron 17 auditorías similares en el mismo número de municipios.
“Niego categóricamente que la ASE esté actuando por consigna, somos un órgano técnico que está actuando en términos de ley y tenemos antecedentes denunciados de irregularidades que se han venido denunciando y ventilando en los medios de comunicación”, apuntó Damián Peralta.
Justificó que si las acciones de fiscalización empatan con temas electorales o políticos “es otra circunstancia”.
Explicó que la ley le faculta para que las visitas domiciliarias puedan durar hasta un año, pero el informe de resultados lo tendrá que entregar al Congreso local a más tardar el 30 de septiembre cuando se realizará el pliego preventivo.
Mientras que Tejeda Vargas reiteró que Leyva Mena se llevó toda la información financiera comprobatoria y de programas sociales.
Se espera que hoy se notifique al pleno del Congreso local  la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por el que se establece que el Poder Legislativo de Guerrero sí incurrió en una omisión al desatender la solicitud de reincorporación de Marco Antonio Leyva Mena desde enero pasado, además de que ordena que se le dé respuesta.