Los 33 diputados asistentes a la sesión de ayer del Congreso local aprobaron el acuerdo por el que se instituye el 20 de agosto de cada año, como “aniversario luctuoso” del perredista Armando Chavarría Barrera, asesinado en 2009 cuando era presidente de la Comisión de Gobierno de la 59 legislatura, y solicitaron al secretario General de Gobierno Florencio Salazar Adame, que se incluya en el calendario oficial del gobierno del estado.
Los promotores fueron los integrantes de la Junta de Coordinación Política Flor Añorve Ocampo, del PRI; Erika Alcaraz Sosa, del PRD; Eduardo Ignacio Neil Cueva Ruiz, del PVEM; Ricardo Mejía Berdeja, de MC, Fredy García Guevara, independiente, María de Jesús Cisneros Martínez, de Morena, e Iván Pachuca Domínguez, del PAN.
La propuesta de acuerdo parlamentario fue presentado como un asunto de urgente y obvia resolución. En la argumentación, el diputado Fredy García Guevara recordó que la mañana del 20 de agosto del 2009, al salir de su casa, Armando Chavarría fue asesinado dentro de su vehículo.
Y agregó que el hecho fue condenado y calificado como infame, siniestro, desconcertante, lamentable, condenable y perverso.
Se informó al pleno que desde el 10 de julio pasado, la viuda de Chavarría Barrera, Martha Obezo Cázares, solicitó al Congreso local que se emitiera una declaratoria para que de manera definitiva el día 20 de agosto de cada año se declare como Día de duelo para que se conmemore en todo el estado.
La misma solicitud la realizó a las dos legislaturas pasadas y a los ex gobernadores Ángel Aguirre Rivero y Rogelio Ortega Martínez, pero ninguno la aceptó.
En tribuna, el diputado de MC Silvano Blanco de Aquino, dijo que el homicidio del perredista difícilmente se va a aclarar, a pesar de los anuncios del fiscal Javier Olea Peláez, quien en su comparecencia hace un mes en el Congreso se comprometió a entregar resultados en dos o tres semanas.
“Armando iba a ser gobernador, iba a transformar de fondo al estado y bueno la elite del poder decidió asesinarlo”, dijo Silvano Blanco.
Por su parte, Ricardo Mejía Berdeja, afirmó que los asesinos de Armando Chavarría “quisieron dejar el antecedente de que cualquier persona es vulnerable y puede ser asesinado y no va a pasar absolutamente nada”.
Señaló que al instituirse el 20 de agosto, será el recordatorio permanente de un crimen político.
Apuntó que si Javier Olea no da resultados quedará como un fiscal que “procura impunidad”, pero que “nosotros –los diputados– sí podemos empezar a combatir la impunidad poniendo la fecha en el calendario del estado”.
Y festejó la insistencia de la viuda para que se instituyera el día del asesinato de su esposo, porque “no ha caído en la seducción del poder”.

La negociación

Se supo que ya existía un acuerdo entre la viuda de Armando Chavarría Barrera y el gobernador Héctor Astudillo Flores, en el sentido de que el Congreso local aprobaría instituir el 20 de agosto como el aniversario luctuoso del ex presidente del poder Legislativo, y que el fiscal no presentaría las supuestas conclusiones de su investigación en el caso, porque mantenía la tesis de que fue un grupo guerrillero el que planeó y ejecutó el asesinato.
La viuda y el ahora diputado federal por el PRD, David Jiménez Rumbo, han demandado que se investigue al ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo como el presunto autor intelectual del crimen. Sin embargo, ayer las fracciones del PRI y el PRD negociaron puntos del orden del día a cambio de aprobar la propuesta de instituir el aniversario luctuoso de Armando Chavarría en el calendario del estado.
Fuentes de ambas fracciones comentaron que el PRI pidió al PRD que retirara del orden del día dos de sus propuestas. La primera fue un punto de acuerdo de la fracción perredista por el que el Congreso “requiere al fiscal general del estado que presente por escrito un informe de avances y resultados relacionados con la investigación realizada por el homicidio” de Armando Chavarría.
El PRD también retiró la participación de la diputada Erika Alcaraz Sosa, en el que hablaría de su solicitud que está en comisiones, que se refiere a la comparecencia ante diputados del secretario de Seguridad Pública Pedro Almazán Cervantes y del alcalde de Chilpancingo Marco Antonio Leyva Mena.
También Erika Alcaraz pidió a la Mesa Directiva que retirara su propuesta de punto de acuerdo por el que pide por segunda ocasión al fiscal general del estado, presente al poder Legislativo para su “visto bueno” los nombramientos de los fiscales especializados en delitos electorales, combate a la corrupción y en materia de desaparición forzada y búsqueda de personas desaparecidas.
En la negociación entre las fracciones, el PRD solo consiguió que el diputado priista Samuel Reséndiz Peñaloza, quien es presidente de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría General del Estado, retirara también del orden del día un punto de acuerdo por el que el poder Legislativo instruía una auditoría al ejercicio fiscal 2016 de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), “para que detecte y en su caso denuncie ante la Fiscalía” posibles actos de corrupción.