La secretaria técnica de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, Magdalena López Paulino, le tomó la palabra al gobernador Héctor Astudillo Flores, para revisar e intervenir en el caso del activista Nicolás Mendoza Villa, principal testigo de cargo contra el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, luego de que el gobierno federal le retiró las medidas cautelares para garantizar su seguridad y la de su familia.
En consulta telefónica, confió en que no sean palabras al aire, porque hace un año el gobierno del estado cortó la comunicación con la organización de derechos humanos que representa al activistas y a deudos del luchador social, Arturo Hernández Cardona, así como a las víctimas de la masacre de El Charco, en Ayutla de los Libres.
El lunes, la Red denunció que Mendoza Villa se abstendrá de dar testimonio ante el juzgado primero federal penal de Matamoros, Tamaulipas, por el homicidio del luchador social Arturo Hernández Cardona, porque el gobierno federal le retiró las medidas cautelares que ordenó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para garantizar su seguridad. Al respecto, el gobernador respondió que revisará e intervendrá en el caso “de ser necesario”.
López Paulino aclaró que después de la visita del Obispo Raúl Vera en Chilpancingo en febrero de 2016, la relación de la Red con el gobierno se turnó al secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, y éste los envío con otros funcionarios, hasta que no hubo más comunicación, y se incumplieron todos los acuerdos.
No obstante, aceptó el respaldo del gobierno estatal, “esperamos que sea verdad y cumpla, que no sean palabras al aire y se haga una reunión a la brevedad”.
Sobre el caso contra Abarca, reconoció que el proceso judicial se va “desplomar un poco” sin el testimonio de Mendoza Villa, pero respetan la decisión del activista de no presentarse a declarar.
Explicó que después que la defensa de Abarca solicitó el cierre de la etapa de instrucción, la hija de Hernández Cardona, Soledad Hernández, entregó un escrito en el Juzgado Primero federal penal de Matamoros, para llevar como prueba de cargo el testimonio de Mendoza Villa. En esa diligencia el presunto responsable y su defensa podían interrogarlo (un careo de Mendoza Villa con Abarca).
Pero, ante el retiro de las garantías amplias de seguridad, ya notificaron al juez que se retira la prueba testimonial, y no habría ratificación de las declaraciones que señalan directamente a Abarca como autor material del asesinato del luchador social.
Por otro lado, dijo que ya informaron a la CIDH que la junta de gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, no restituyó las garantías de seguridad que ordenó el organismo internacional. Lo hizo de manera restringida.
La Comisión solicitará una explicación al gobierno mexicano y la resolución de las medidas cautelares, “mientras, pasará tiempo importante porque la vida del señor Nicolás está en riesgo”.
Desde la mesa de trabajo en Panamá en noviembre pasado, donde la CIDH pidió la restitución inmediata de las medidas cautelares para Mendoza Villa, dijo que los funcionarios federales estaban renuentes a proporcionarlas.
Asimismo, la hija de Hernández Cardona no ha tenido las medidas de seguridad acordadas con el gobierno federal. Sólo cuenta con un botón de pánico y debía tener cámaras de circuito cerrado en su domicilio.