Zacarías Cervantes

Chilpancingo

A un año del ataque que dejó herido al dirigente del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, quien ocho días después falleció, más de 100 organizaciones sociales de todo el país, exigieron una investigación seria, imparcial, exhaustiva y eficaz” del caso y castigo a los responsables.
En una postura por escrito este jueves, los representantes de las agrupaciones reprocharon que el caso de Suástegui Muñoz, “es una deuda histórica frente al legado que dejó como líder social y defensor de los derechos humanos de los pueblos y comunidades del estado de Guerrero”.
El 18 de abril del 2025, un hombre atacó a balazos a Suástegui Muñoz en la playa Icacos de Acapulco, en plena temporada vacacional de Semana Santa. Ocho días después, el 25 de abril, el dirigente social murió a consecuencia de las heridas de bala que sufrió.
A un año de su asesinato, más de 100 organizaciones emitieron ayer un pronunciamiento que titularon: Impunidad total: a un año del cobarde asesinato de Marco Antonio Suástegui en el que denuncian que “el crimen se encuentra en la total impunidad”.
Señalan que la Fiscalía General del Estado (FGE) ha sido “gravemente omisa” en el impulso de la investigación, “dejando pasar tiempo que resulta crucial para esclarecer un crimen de este calado”.
Reprochan que, a la fecha, no ha sido detenido el autor material del delito. “Tampoco ha construido líneas de investigación que acerquen la justicia a la familia de Marco Antonio y a toda la gente que le siguió durante años”.
Derivado de ello, al cumplirse un año del asesinato del dirigente del Cecop, exigen “que las autoridades del estado de Guerrero cumplan con su obligación de realizar una investigación seria, imparcial, exhaustiva y eficaz que permita castigar a los responsables del asesinato”.
Señalan que esta es una deuda histórica “frente al legado de Marco Antonio Suástegui Muñoz como líder social y defensor de los derechos humanos de los pueblos y comunidades del estado de Guerrero”.
Recuerdan que Marco Antonio se distinguió por ser un “aguerrido y valiente líder social” que dirigió el Cecop, defendió el río Papagayo y a las comunidades olvidadas del Acapulco rural, frente al proyecto de la presa La Parota y los empresarios que buscan saquear los recursos naturales de la región”.
Refieren que a pesar de que Marco Antonio fue amenazado, criminalizado, encarcelado y torturado, nunca desistió.
“Hasta sus últimos días organizó a las comunidades de los Bienes Comunales de Cacahuatepec y a los prestadores de servicios turísticos del puerto de Acapulco para que juntos defendieran sus derechos”.
Entre las organizaciones que respaldan el comunicado están Taula per Mexic; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero; Instituto de Derecho Ambiental (IDEA); Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia (Múnich, Alemania); Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, y Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC).
También, Artículo 19 México y Centroamérica; Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan; Casa del Migrante Saltillo; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca (Consorcio Oaxaca); Iniciativa Sinaloa; Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz); Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (Prodesc).
Asimismo, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT), a la que pertenecen 88 organizaciones en 23 estados del país.