El subsecretario de Finanzas y Administración, Tulio Pérez Calvo, informó
que la empresa subrogada Jobamex en tres secretarias del gobierno del estado, tiene “pendientes” con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por lo que los pagos correspondientes a anteriores administraciones están detenidos.
Consultado vía telefónica, Pérez Calvo indicó que la Secretaría de Finanzas y Administración (Sefina), no tienen ninguna deuda con la empresa Jobamex que pertenece al empresario Joaquín Badillo Escamilla.
A pesar de que en un comunicado firmado por el grupo Jobamex, en el que se detallaba una deuda de 16 millones de pesos por la falta de pago en el servicio de seguridad durante el 2017, el funcionario estatal aseguró que están al corriente.
Recordó que cuando recibieron la administración en octubre del 2015, meses adelantes conocieron los adeudos históricos que no fueron documentados, “de tal suerte que los tuviéramos dentro de la deuda para ser pagados”.
“No ha sido fácil remontar estos asuntos, nosotros lo que hemos atendido son los contratos actuales, en el caso de la administración de Finanzas, nosotros procuramos cumplir con la contratación”.
Pérez Calvo señaló que el SAT les informó que se estuviera “pendiente” del pago a esta empresa porque se tienen “pendientes” con el SAT y por esa razón se tiene detenido el proceso administrativo de pago.
“Por lo pronto nos esperaremos a que se resuelva el embargo de la cartera de crédito que como contribuyente Jobamex tiene ante el Servicio de Administración Tributaria y podamos nosotros atender este asunto”, señaló.
Indicó que ante este panorama ellos recibieron una notificación del SAT para que su institución (Sefina), esté pendiente hasta que se resuelvan los compromisos pendientes de Jobamex.
Detalló que el gobierno del estado cuenta con contratos para las Secretaría de Salud (Ssa), Secretaría de Educación de Guerrero (SEG)y la Sefina, pero recordó que se ha vigilado que el servicio privado sí se cumpla ya que en ocasiones no se da.
Recordó que los trabajadores de Jobamex no son empleados del gobierno del estado, sino que son contratados por una empresa para que den el servicio a las dependencias.
“De mala manera los trabajadores presionaron a través del cierre de las oficinas, cuando deben de reclamar a su empresa que los contrato”.
Se le preguntó si el gobierno del estado iniciaría un proceso legal en contra de los trabajadores que impidieron los labores en la Secretaría de Salud, pero contesto que en la medida que no causen “disturbios graves” puede ser “tolerado”.
Insistió en que no se trata de un incumplimiento del gobierno del estado sino de la empresa con sus trabajadores, a los que no les cubre el salario que les corresponde durante este tiempo.
El gobierno del estado en el caso de la Secretaría de Salud debe a la empresa Jobamex 135 millones de pesos por el concepto de limpieza y seguridad, mientras que en el caso de la Sefina son 16 millones por seguridad del 2017.
Durante la consulta se le preguntó sobre el adeudo que mantiene la SEG con la empresa local, pero dijo que no contaba con los número a la mano.