Como se esperaba, ayer en la sesión del consejo General del IEPC, se presentó al pleno el informe relativo al fenecimiento del término de la ley para impugnar a los actos emitidos por el Consejo General del órgano electoral. Entre las impugnaciones está la de los cinco consejeros por la reducción de su sueldo.
Lo que los consejeros buscan con su impugnación es que se revise si la Auditoría General del Estado (AGE) no violó la autonomía del órgano cuando ordenó la reducción de los sueldos porque superaban al del gobernador, lo que es anticonstitucional.
En la sesión el tema no se discutió y sólo se informó que el acuerdo aprobado el 21 de junio fue impugnado en el término que establece la ley, que es de cuatro días después de su aprobación.
El acuerdo impugnado tomó a partir de las observaciones que la Auditoría General del Estado (AGE) les realizó, debido a que ganaban más que el gobernador.
En el acuerdo aprobado, en el punto cuarto los consejeros apuntaron “se dejan a salvo los derechos de los servidores públicos electorales vinculados con los efectos del presente acuerdo”, con lo que dejaron el anuncio de que iban a impugnar la modificación hecha en cumplimiento al pliego de observaciones realizadas por la entonces AGE.
A pesar de que la presidenta Marisela Reyes Reyes no dio declaraciones al respecto, se conoció que ella junto con Alma Delia Eugenio Alcaraz, Rocío Calleja Niño, Jorge Valdez Méndez y Felipe Arturo Sánchez Miranda –este último termina su periodo para el que fue designado el próximo 30 de septiembre–, impugnaron su propia decisión.
Los únicos dos consejeros que no impugnaron fueron Leticia Martínez Velázquez y René Vargas Pineda.
En breves declaraciones, el secretario ejecutivo, Pedro Pablo Martínez Ortiz, confirmó que consejeros (sin precisar cuantos) impugnaron la resolución. “Es su derecho impugnar actos que les puedan afectar”.
Comentó que la impugnación se presenta de manera formal ante el IEPC y este lo envía al Tribunal Electoral del Estado (TEE).
A pesar de que al secretario ejecutivo también se le redujo el sueldo, comentó que no impugnó la resolución.
Explicó que la impugnación es por la posible violación a la autonomía: “entiendo que lo que se pretende que se realice es si esa determinación que tomó la AGE, no está afectando sus principios, para saber si hay criterios ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establezca que cuando alguna autoridad se involucra con diversos temas dentro de esos el de los sueldos de otros órganos o poderes en los que impere el principio de independencia y autonomía”.

La sesión

Durante la octava sesión ordinaria del Consejo General del IEPC se aprobó  la designación de consejeras y consejeros electorales distritales.
Entre ellos están los presidentes y consejeros electorales distritales propietarios y suplentes para permanecer en el cargo durante dos procesos electorales ordinarios, aunque pueden ser ratificados para un proceso electoral más.
En la sesión se informó de la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) que determinó improcedente la solicitud del IEPC Guerrero para que “ejerza la facultad de asunción parcial respecto a la implementación y operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) para el Proceso Electoral de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-2018”.
El consejero René Vargas Pineda dijo que esperaba que el INE iba a apoyar la propuesta, mientras que el representante de Morena Sergio Montes Carrillo consideró que el PREP “para lo único que sirve es para crear percepción del fraude que viene, es falso que de certeza”.
El Consejo General del IEPC aprobó una sanción al ex Presidente del Consejo Distrital Electoral 09 Celso Pérez López, que consiste en la inhabilitación temporal de un año, para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público, porque “cometió una infracción considerada grave al acreditarse su omisión absoluta de presentar en tiempo y forma su declaración de situación patrimonial final”.
También aprobó las sanciones interpuestas por la Contraloría Interna  a partir de procedimientos de responsabilidades administrativas contra la ex Presidenta del Consejo Distrital 21 Érika de León Araujo y el ex Presidente del Consejo Distrital Electora 23 Mauro Gutiérrez Castrejón.
Las sanciones administrativas consisten en una amonestación pública, debido a que no realizaron en tiempo su declaración de situación patrimonial final, sino que fue realizada de manera extemporánea y consideraron que no es una infracción grave.
También se declaró improcedente la queja interpuesta por Jorge López Martin, en contra del PRI y quienes resulten responsables por presuntamente “allegarse de recursos provenientes de entes prohibidos”.
Ese caso fue desahogado en la sesión del Consejo General que consideró inexistente la infracción, por lo que se declara infundada la queja.
En la larga sesión de trámite también se aprobó procedencia de las modificaciones a la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos los documentos básicos de los partidos políticos estatales denominados Partido del Pueblo de Guerrero y  Partido Socialista de México; que les hacían falta para concluir su registro como partidos políticos estatales.
Y se autoriza a la Consejera Presidenta, Marisela Reyes Reyes, y al Secretario Ejecutivo, Pedro Pablo Martínez Ortiz, para que suscriban el Convenio General de Coordinación y Colaboración entre el INE y el IEPC en el que se establecerán las bases de coordinación para el proceso electoral ordinario de diputaciones locales y ayuntamientos 2017-2018.
En el convenio se considerarán  entre otros temas la coordinación para integración de consejos municipales y distritales, campañas de actualización y credencialización, listas nominales de electores, insumos registrales, capacitación y asistencia electoral, casillas electorales, documentación y materiales electorales; Integra-ción de mesas directivas de casilla, observadores electorales.

Condena el PAN la agresión racista a reportera de El Sur y el caso de Alejandro Guerrero

En asuntos generales, el representante del PAN ante el IEPC Carlos Millán Sánchez calificó como aberrante que el gobernador “haya manifestado que por su apariencia se haya pensado que no era reportera, digo aberrante porque si un indígena se acerca hacer una petición, entonces sus escoltas lo van a estar agrediendo, o a cualquier otro ciudadano por su apariencia, ¿por ser una persona de color o de bajos recursos… se le va agredir?”.
Lamentó que a pesar de la violencia estatal que diariamente reciben ahora sufrirán violencia física, dijo en referencia al acto del gobernador en Copanatoyac Héctor Astudillo Flores en la que sus escoltas agredieron a la corresponsal de El Sur en la Montaña, Antonia Ramírez.
A nombre del PAN, Millán Sánchez exigió respeto al trabajo periodístico y “que de una vez por todas se aclaren los asesinatos de periodistas y la agresión contra Alejandro Guerrero en Iguala”, dijo en referencia al intento de homicidio del también reportero de este medio atropellado en el estacionamiento de un centro comercial.