Jesús Ochoa y Plácido, hermano de la fallecida abogada Digna Ochoa, aseguró que tanto él como su familia y diversas organizaciones involucradas en el caso, tenían razón sobre la causa de la muerte.
Tras la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) que exige al gobierno mexicano que reabra las investigaciones sobre las circunstancias de la muerte de la abogada y defensora de derechos humanos, Jesús Ochoa encabezó una conferencia de prensa en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM).
El familiar y representante de la familia Ochoa afirmó que “nunca dudaron” de que la razón del fallecimiento de Digna Ochoa fue un asesinato. Destacó que mantendrán la hipótesis de que no fue un suicidio la causa de la muerte de Digna, misma que en su momento presentaron las autoridades en 2001.
Añadió que tanto el ex procurador de Justicia del Distrito Federal, Bernardo Bátiz, como el subprocurador de la misma dependencia, Renato Sales Heredia cargarán en su conciencia el caso de su hermana.
El caso de Digna Ochoa provocó que en 2002, Renato Sales se viera obligado a renunciar a su puesto. En su momento, la renuncia estuvo dirigida al entonces jefe de Gobierno y hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
A pregunta expresa de que si existe una deuda moral del estado de Guerrero con la familia Ochoa y la memoria de Digna, su hermano respondió que “hay confianza” en el gobierno federal. Resaltó que las autoridades de Guerrero, Ciudad de México y Veracruz son del mismo partido político con lo cual esperan no enfrentarse a las autoridades pues considera que tienen la voluntad de reabrir el caso y tomar las medidas punitivas respectivas.
Por su parte, el abogado David Peña, quien forma parte de la defensa legal del caso, puso como ejemplo que en Alemania se realizó una investigación sobre quien delató a la familia de Ana Frank. Debido a esto señaló que no debería ser problema los 20 años que han transcurrido desde el asesinato de Digna Ochoa.
Peña aseguró que existe obligación de las autoridades mexicanas de presentar informes a dependencias internacionales sobre el avance de la investigación. Añadió que hay confianza para que la investigación permita dar a conocer lo que sucedió, aunque saben que pueden existir complicaciones en el caso.
“Hay condiciones políticas e institucionales jurídicas para poder avanzar, sería ingenuo pensar que no habría obstáculos. Creemos que los obstáculos los podamos salvar”, declaró el abogado.
Señaló que el sistema de justicia mexicano se encuentra en una crisis y esto se debe a la corrupción que existe entre autoridades y distintos entes. Agregó que esperan un cumplimiento ágil de la sentencia y que hay acciones que determinan un lapso de uno a dos años para su cumplimiento, pero otras no se tardarán tanto.
La abogada Michelle Salas, que también forma parte de la defensa, aseveró que la sentencia emitida por la Coidh ha mostrado la injusticia que se cometió contra Digna y su memoria. Dijo que muchos de los peritajes en el país están “hechos a modo” y que no se avanzará en la impartición de la justicia si no se modifica esta situación
“Mediante la sentencia queda claro que el estado mexicano fabricó una verdad durante años, esto para desprestigiar la labor de Digna”, indicó Salas.
Declaró que tanto la familia como la defensa mantienen un voto de confianza a la fiscal general de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, de quien aseguró que ha trabajado a favor de los derechos humanos en el país.
El tercer integrante de la defensa, Alan Piñón, expuso que pueden existir complicaciones en la investigación, pues en la sentencia, la propia Coidh refiere que hay testigos que ya fueron asesinados o desaparecidos que participaron en la investigación.
Marcela Martin, del Centro para la Justicia y Derecho Internacional (CEJIL), coincidió en que la sentencia emitida por la Corte reivindica a Digna y le hace justicia a la lucha que llevó en vida.
Agregó que en la sentencia se hizo referencia “construcciones estereotipadas” que estaban basadas en su género, además de que las autoridades aseguraban que tenía una tendencia al sufrimiento y victimizarse.
Lay Guzmán, del mismo Cejil, resaltó que México es uno de los países donde se han producido más asesinatos de personas que defienden derechos humanos. Indicó que esto hace que el país sea de los más complicados para la defensa de derechos humanos.
Agregó que las mujeres defensoras de los derechos humanos son más propensas a ser víctimas de feminicidios o sufrir desaparición forzada. Además de que en la sentencia se maneja una obligación “doblemente reforzada” para la protección a mujeres defensoras de derechos.

Se cumplirá la sentencia de la Coidh, asegura Claudia Sheinbaum

Al mediodía de este viernes, minutos después de la conferencia donde se encontraba el hermano y defensa de Ochoa, la jefa de Gobierno de la Ciudad México, Claudia Sheinbaum Pardo, declaró que las instituciones del gobierno que encabeza, particularmente la Fiscalía General de Justicia, realizarán las acciones que le corresponda, esto de acuerdo con la sentencia.
Añadió que la Fiscalía deberá revisar la documentación existente y determinar la resolución correspondiente. Dijo estar confiada que Ernestina Godoy hará una revisión del caso tal como está planteada en la recomendación.
Sheinbaum Pardo admitió que conoció a Digna Ochoa, reconociendo su labor en la lucha por los derechos humanos. Afirmó que de su parte siempre ha existido el reconocimiento a la trayectoria y memoria de Digna Ochoa. Mencionó que harán todo lo posible para que el reconocimiento continúe.
Digna Ochoa fue una abogada defensora de los derechos humanos nacida en el municipio de Misantla en el estado de Veracruz. Fue parte del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. El 19 de octubre de 2001, fue encontrada muerta y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal determinó que se trataba de un suicidio.
La autopsia reportó que dos balas impactaron en el cuerpo de Digna. Una fue en el cráneo y la otra en el muslo. En 2005 los familiares pidieron la exhumación del cuerpo para continuar con las investigaciones.
En 2019 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó que se reabriera el caso debido a que la investigación no se había desarrollado adecuadamente. Por lo anterior, la Coidh reabrió el caso en 2021 con un enfoque de género y perspectiva de derechos humanos.
Fue apenas el pasado miércoles 19 de enero, cuando la Coidh emitió la sentencia donde hace responsable al Estado mexicano por las fallas dentro de las investigaciones sobre el fallecimiento de Ochoa. De igual forma, el organismo indicó que se debe realizar un acto público de responsabilidad internacional.