El delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), José Manuel Armenta Tello expuso que “la negligencia administrativa” para la inhabilitación del ex delegado y diputado local priista Héctor Vicario Castrejón, es por “concepto de obra pagada no ejecutada”, entonces se tiene que proceder contra empresas como lo ha hecho la delegación.
Además dijo que siguen las gestiones de la delegación ante oficinas centrales para que les paguen los cuatro meses de salario devengado a los trabajadores del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), que tienen cerradas las instalaciones en Chilpancingo desde el martes.
El delegado fue consultado en el restaurante Verona, donde se le preguntó sobre la inhabilitación de Vicario Castrejón.
“Lo que conozco es lo que se ha hecho público por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP) que es una inhabilitación por negligencia administrativa, en estos casos se tiene la alternativa de obviamente impugnar esa sanción y presentar las pruebas en su favor que puedan cambiar el sentido de la sentencia de esta resolución. Entiendo que él está haciendo lo necesario y bueno eso es ante la función pública, no la Sedatu”, explicó.
Abundó que dentro de la Sedatu se tiene una representatividad de la Secretaría de la Función Pública en un órgano interno de control, que en octubre de 2015 auditó los recursos del Fonden o contratos que se habían ejercido dentro de la delegación, y que tenían un vínculo con la coordinación de delegaciones.
Específicamente dijo que “la auditoría es por conceptos de obra pagada no ejecutada, entonces hay la necesidad de proceder contra empresas que nosotros hemos hecho como consecuencia y recomendación de esta auditoría, se nos sugirió que nosotros presentáramos denuncias ante la PGR para que pudiéramos obtener el recurso que se había pagado en exceso, y que de alguna manera daña al erario”.
Mencionó que cinco empresas tienen ocho denuncias que se hicieron anteriormente, y que se presentarán 12 denuncias a un mismo número de constructoras.
Las primeras ocho denuncias afectan a Chilpancingo en el fraccionamiento Nuevo Mirador, donde las casas están cuarteadas, tiene fisuras, presentan filtraciones y 32 deben de ser demolidas porque son inhabitables, y las otras 12 denuncias afectaron la reconstrucción en el resto del estado.
De las responsabilidades por las que no se han terminado de reconstruir las viviendas de damnificados de 2013 abundó que “hay muchas responsabilidades”, que hace poco hizo un recuento a casi cuatro años, entre ellos 1 año 8 meses la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) tuvo clausurados los fraccionamientos por omisiones en la administración pasada.
“De mi responsabilidad no porque yo he buscado resolver estos conflictos, hemos ya obtenido el retiro de los sellos de clausura, hemos logrado que se arranque el proceso de reconstrucción que a mi llegada a la Sedatu en noviembre del 2015 tenía ocho meses parado el proceso de reconstrucción, así es que he buscado que no quede en mi responsabilidad, no he dejado de hacer nada de lo que a mí me corresponde”, aseguró.

El conflicto con los trabajadores del Fonden

El martes trabajadores del Fonden cerraron las instalaciones de la Sedatu para exigir el pago de cuatro meses de salario devengado.
Al respecto Armenta Tello manifestó que se trata de trabajadores de la unidad técnica, que anteriormente firmaron minutas de acuerdo en oficinas centrales pero no se cumplieron, motivo que los orilló a tomar las instalaciones.
Expuso que nuevamente hizo gestiones para conseguir que se resuelva el problema, y recordó que el recurso del Fonden está agotado para el caso de la operatividad de quienes hacen supervisión, vigilancia, integración de expedientes, que tiene que ver con el proceso de reconstrucción que se le ordenó a la Sedatu.
Precisó que son 24 trabajadores y el adeudo es dentro de su honorario y de gastos operativos, que comprenden viáticos, combustible y peajes por cerca de 9 millones de pesos.
Dijo que anteriormente eran 33 y quedan 24 a los que les deben de junio a la fecha.
“Nosotros hacemos gestiones a la Secretaría porque a mí como delegado nadie nos ha ordenado que el proceso de reconstrucción se deba de detener, y prescindir del servicio profesional de nuestros compañeros es que el proceso de reconstrucción se detenga”, manifestó.
Refirió que está pidiendo que se hagan esfuerzos presupuestales en la Secretaría para que puedan pagarles, con recursos de la dependencia federal.

Hay en el estado 35 conflictos agrarios

De los conflictos agrarios en el estado dijo que “tenemos identificados dentro del Consejo Agrario Estatal 35 conflictos… que tienen o datan de diversas épocas, pero son conflictos de hace muchos años, institucionalmente nosotros estamos haciendo lo que presupuestalmente y es humanamente posible para que estos conflictos se resuelvan, pero obviamente es un asunto de posesión, de tenencia, de uso y disfruto de tierras en donde comunidades, entran ellos precisamente en esta disputa y hay participación de tribunales y de otras dependencias”.
Indicó que además es voluntad de las comunidades afectadas que haya una solución, para que se pueda acceder al recurso Conflictos Sociales del Medio Rural es necesario que primero haya un acuerdo de las comunidades para buscar una solución, además de la participación de tribunales y en el caso de que emitan sentencia esta sea aceptada por quienes participan en el conflicto.