El Sistema de seguridad, Justicia y Reeducación de la Coordinadora regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), no va a extenderse a todas las regiones, aclaró el consejero Pablo Guzmán ante el señalamiento del gobernador, Héctor Astudillo Flores, de que la justicia comunitaria no puede suplir la justicia del estado.
En consulta telefónica demandó al jefe del Ejecutivo que no confunda a la sociedad al hablar de los policías comunitarios de la CRAC como si se tratara de autodefensas o policías ciudadanas, y que no conculque el derecho de los pueblos originarios a la consulta con una nueva iniciativa para reformar la Ley 701 de Reconocimientos de Derechos y Cultura Indígena, que el miércoles anunció públicamente.
En este momento en el Congreso del estado hay cuatro iniciativas para regular los derechos de los pueblos originarios que supliría a la 701, la última de organizaciones sociales que fue llevada la pleno por los partidos de oposición para su análisis en comisiones.
Ayer, en un comunicado, la CRAC-PC, el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, el Frente Popular de Tlapa, el Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña, el Frente de Comunidades en Defensa de los Derechos Colectivos de la Montaña y el CECOP, convocaron a la sociedad a dar seguimiento al tratamiento que dará el Congreso a la propuesta de ley de las organizaciones.
Anunciaron que el Sistema Comunitario como las comunidades de las demás organizaciones sociales firmantes, están atentas y dispuestas a emprender las acciones necesarias para hacer valer nuestros derechos.
No mencionaron la posición del gobernador en la conmemoración oficial del día del abogado en Casa Guerrero, de que enviará una reforma a la ley 701, una vez que el Congreso local apruebe la iniciativa del ejecutivo, de reforma al artículo 14 de la Constitución, que se refiere a las acciones del estado para garantizar la seguridad pública y prevención del delito, y de las acciones que implementen los pueblos y comunidades indígena y afromexicanas de acuerdo con sus prácticas tradicionales.
Respecto de la reforma de la Ley 701, Astudillo Flores sentenció que “las policías comunitarias no pueden no pueden suplir la función del estado de garantizar la seguridad”.
Vía telefónica, Guzmán Hernández opinó que el gobernador no debe confundir a la ciudadanía, en cuanto a que la Policía comunitaria dela CRAC pretenda suplir la tarea de dar seguridad pública del Estado.
Dijo que la institución comunitaria no pretenden “extenderse ni dar seguridad en todas las regiones del estado”, sino ajustarse a la labor de seguridad impartición de justicia y reeducación en las comunidades indígenas.
Señaló que en 22 años de trabajo en la microrregión Costa Chica-Montaña, ha habido coordinación entre Policía Estatal y Sistema Comunitario, “podían estar juntos pero no revueltos porque que la corrupción que pudiera presentar cuerpo de seguridad oficial no se la adjudicaran a la comunitaria”, precisó.
Exigió que el gobierno reconozca que la Policía Estatal tiene limitaciones para garantizar seguridad y prevenir el delito, “no tiene recursos, son pocos elementos que no conocen bien a bien todo el territorio, son ajenos a la población y no tiene el arraigo y la confianza de los Policías Comunitarios que son nombrados por las comunidades. El ejecutivo debiera de orientar sus posturas al reconocimiento, no de autodefensas ni policías ciudadanas, que haga referencia a la Policía Comunitaria de la CRAC”.
Se le recordó que hay comunidades mestizas en el sistema fuera de la microrregión Costa Chica Montaña, respondió que esas localidades decidieron incorporarse y regirse bajo el sistema comunitario de la CRAC-PC, que tiene una reglamentación en el marco del derecho que tienen los pueblos originarios a la autonomía y libre determinación.
Insistió en que el Ejecutivo no puede negar el derecho de los pueblos originarios a acciones de seguridad y justicia, y de llevar una iniciativa a Legislativo, tendría que respetar el derecho a la consulta libre e informada de los pueblos originarios y comunidades afrodescendientes que serán implicados en esta reforma.
Reveló que de manera extraoficial, la CRAC-PC está buscando la interlocución con el ejecutiva “nada más que no da la cara”, recriminó.