José Miguel Sánchez

Chilpancingo

La Comisión Instructora del Congreso del Estado continuará el procedimiento de revocación de mandato en contra de la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, e incluso podrá dictaminarla en septiembre.
No obstante, la comisión ya no podrá someterla a votación del pleno, hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determine la situación legal de la alcaldesa, después de que le otorgó una suspensión provisional.
Fuentes legislativas cercanas al caso confirmaron que la Instructora continuará con el análisis del caso, que pese a la suspensión de la SCJN para detener todos los procedimientos que hay en contra de la alcaldesa de Acapulco, la sesión para el desahogo de pruebas, prevista para el 9 de julio próximo, no se ha cancelado.
“Abelina logró una suspensión temporal, para que el Congreso no emita una determinación y falta si se le concede o no una suspensión definitiva. Mientras tanto, el juicio de Revocación de Mandato sigue. El 9 de julio se celebrará la última audiencia de desahogo de pruebas y la comisión puede aprobar el dictamen. Lo único que tendría que esperar es la decisión de la SCJN para mandarlo al pleno”, explicó la fuente sobre el caso.
La solicitud de revocación de mandato en contra de López Rodríguez fue hecha por el político opositor Ramiro Solorio Almazán, quien la presentó de forma oficial al Congreso del Estado el pasado 21 de abril, por presuntas “omisiones reiteradas en el cumplimiento de sus obligaciones”.
Entre las omisiones que argumenta Solorio Almazán, para hacer procedente la revocación de la morenista, están la falta de un programa de prevención del delito, no cumplir con las sesiones de Cabildo abierto, además de los viajes al extranjero que realizó sin solicitar permiso al Congreso del Estado.
Sobre el tema de los permisos y las sesiones de Cabildo, la Mesa Directiva del Congreso local y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), confirmaron lo denunciado por Solorio Almazán, de que la alcaldesa de Acapulco no solicitó permiso y que hasta el pasado 8 de junio no había celebrado una sesión de Cabildo abierto.
El caso en la Instructora avanzó, a tal punto, que el próximo 9 de julio habrá una sesión privada, en donde se hará el desahogo de pruebas confesional, donde revisarán las respuestas que dio López Rodríguez a 20 cuestionamientos de Solorio Almazán, que hizo como parte denunciante, y como parte del procedimiento.
Con los avances que lleva el caso, se espera que la Instructora pueda tener el dictamen a más tardar en septiembre, pero su votación ante el pleno estará pendiente hasta que la SCJN determine la situación legal de López Rodríguez.