Redacción

El presidente de la Comisión Ins-tructora del Congreso, Arturo Álva-rez Angli, reveló que la solicitud de procendencia que presentó en días recientes la Fiscalía General del Estado (FGE), es para desaforar a un alcalde, de quien no se ha revelado el nombre por considerar que se violaría la presunción de inocencia.
En la sesión del pasado martes, la Mesa Directiva notificó al pleno que la FGE realizó una solicitud de procedencia para desaforar a un funcionario público, del cual no se reveló el nombre por acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
La solicitud se turnó a la Comi-sión Instructora, que preside Álvarez Angli, la cual tendrá que determinar si procede o no la solicitud.
En medios políticos se menciona que se trataría del presi-dente municipal de Atlixtac, Guiller-mo Matías Barrón, quien el pasado 4 de marzo encabezó una moviliza-ción masiva que paralizó la capital, y en la cual el Palacio de Gobierno fue atacado a pedradas.
Días después, Matías Barrón y su esposa sobrevivieron a un ataque a balazos a su vehículo cuando salían de Acapulco.
Este miércoles, antes de iniciar la sesión, en entrevista en el Congreso, Álvarez Angli reveló que la solicitud es contra un alcalde, pero que no se da su nombre en respeta a la presunción de inocencia.
Dijo que en la Comisión se dieron un plazo de entre 30 y 40 días para emitir un dictamen y que se abordará la próxima semana.
“Yo creo que la próxima semana nos estaremos reuniendo con la Comisión para empezar ya y hacer un calendario de actividades, nosotros vamos a respetar el procedimiento en su totalidad”.
Ante la secrecía con la que se maneja el nombre del señalado, el diputado del PVEM consideró que es correcto porque así se pueden analizar el tema de manera objetiva, sin tener que abrir una discusión pública fuera del ámbito legal.
“A mí me parece que todos lo temas que se resuelven en la Comisión Instructora y que pueden derivar en juicios de procedencia, o revocación de mandato, debe de ser manejados con ese nivel de secrecía, hasta en tanto no se analicen correctamente, se revisen las evidencias, las pruebas y se pueda tomar una determinación”.
Agregó que la secrecía en varios casos ayuda a que no sean discutidos de manera pública, en medios de comunicación o redes sociales sin contar con los elementos “y eso le provoca al Congreso un gran problema porque se generan presiones distintas sin saber realmente lo que se está recibiendo”.
“A mí me parece que esa es la manera correcta de tratar absolutamente todos los asuntos, más allá de la gravedad o no gravedad del tema del que se trate, yo creo que lo correcto es manejarlo con absoluta secrecía y respeto al debido proceso y que eso permita hacer análisis y tomar decisiones sin presiones externas”.
Señaló que el Congreso actuará con apego a la legalidad, con respeto al debido proceso y la presunción de inocencia, sin prejuzgar la gravedad del caso ni al implicado y que la decisión final dependerá de los elementos que aporte la FGE y el análisis detallado que realice la Comisión Instructora en los próximos días.
“Si abonamos a que las cosas se politicen desde antes de revisarlas y decidir sobre ellas me parece que normalmente la evidencia existe y si lo politizamos el riesgo de equivocarnos es mucho más alto”. (Con infor-mación de José Miguel Sánchez / Chilpancingo).