Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Elementos de la Unidad de Fuerzas Especiales (UFE) de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a la que pertenecen los que retuvieron y agredieron verbalmente la noche del domingo al fotoreportero de El Sur y trabajador de XEUAG Lenin Ocampo Torres, han sido denunciados constantemente por abusos y violaciones graves a los derechos humanos.
El abogado Valentín Sandoval Montiel y la abogada del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Teodomira Rosales Sierra, quienes han presentado denuncias y quejas por distintas causas en contra del mismo grupo policiaco, coincidieron por separado vía telefónica que los elementos de ese agrupamiento actúan al margen de la ley e impunemente, y que son reincidentes porque cuentan con la protección de sus superiores.
Fueron integrantes de ese grupo los que el 15 de septiembre del año pasado irrumpieron en la casa del propietario de la taquería El Chivito Alegre, José Juan, en la colonia El Encanto, al oriente de Chilpancingo, en donde lo mataron a golpes, según los familiares del comerciante.
Esa vez, los familiares de la víctima denunciaron que los elementos de ese grupo sustrajeron las grabaciones del circuito cerrado de las cámaras de seguridad y golpearon a la esposa del hoy finado, intentaron abusar de ella y amenazaron con cortarle los dedos. Después, robaron objetos de valor de la casa, según una nota publicada en la edición de El Sur del 16 de septiembre.
Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó al día siguiente mediante un boletín de prensa que José Juan murió al aventarse de la azotea de su casa durante la persecución de la policía.
La abogada del Centro Morelos, Teodomira Rosales Sierra, informó ayer que los elementos de ese mismo grupo fueron los que el 28 de diciembre del año pasado los golpearon y les robaron su equipo de cómputo a ella y al director del organismo, Manuel Olivares Hernández en Chichihualco, durante una protesta de los desplazados que exigían seguridad.
Recordó que esa vez a ella la tiraron al suelo y le metieron la mano bajo su ropa interior y le subieron el brasier, mientras que a Olivares Hernández lo empujaron arrojándolo al suelo.
Dijo que una primera agresión la sufrieron en la salida rumbo a El Naranjo en el punto conocido como Guarda Ganado y la segunda en el crucero conocido como La Ermita, a la salida hacia Chilpancingo. Ambas agresiones fueron frente al secretario de Seguridad Pública David Portillo Menchaca, quien no hizo nada por impedir los abusos de sus elementos, se quejó Rosales Sierra.
La abogada declaró que entonces comprobó que los elementos de esa agrupación desconocen y no actúan con base a los protocolos del Nuevo Sistema Penal Acusatorio para hacer su trabajo de seguridad, y que, incluso, cuando les reclamó le dijeron que ellos no sabían de eso y que hacían lo que les mandaban.
“Yo no vi que esos policías conocieran el Sistema Penal Acusatorio, lo que sí sé es que les dan un curso de detención, pero no vi que ninguno de ellos conociera el Nuevo Sistema penal Acusatorio, que establece que cuando se realiza una detención no debes de ser agredido, se detiene pero sin causar daño”.
Dijo que cuando les reclamada el desconocimiento de ese protocolo, le respondían con más agresiones: “que te calles hija de tu puta madre”.
La abogada informó que en enero presentaron una queja en contra de los elementos ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pero que no han tenido respuesta.
En esa ocasión los mismos elementos hostigaron e impidieron la realización de su trabajo a los reporteros Israel Díaz y Manuel Segura.
En otro incidente, los elementos de la UFE, golpearon y detuvieron durante media hora el 21 de junio al abogado José Antonio Guerrero Camilo en la colonia San Juan, al poniente de Chilpancingo, porque éste no llevaba cubreboca.
El abogado Valentín Sandoval Montiel informó que al día siguiente presentaron una denuncia ante el Ministerio Público y una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y que actualmente esperan que se reanuden las actividades suspendidas por la pandemia del coronavirus para solicitar ante la Contraloría Interna de la Secretaría de Seguridad Pública información de los elementos que actuaron esa vez.
“El procedimiento está estancado debido a que por la pandemia no se puede actuar más que en casos urgentes, estamos en la etapa de investigación, ya le pedimos al Ministerio Público que enviara oficios a la Secretaría de Seguridad Pública para efectos de que informen los nombres y los cargos de las personas que conducían la patrulla ese día”, informó ayer el abogado.
Denunció que los policías de ese agrupamiento asumen una actitud de abuso de autoridad, puesto que legalmente no tienen facultades para detener a ninguna persona, a menos de que sea en flagrancia, es decir, cuando se esté cometiendo el delito.
Agregó que los elementos de este grupo actúan con impunidad por la protección que reciben de sus superiores. “El hecho de que exista una protección, permite que los policías sigan cometiendo infracciones a los ciudadanos como las detenciones ilegales, las revisiones ilegales, y violaciones graves a los derechos humanos”.
Por ejemplo recordó que cuando agredieron a su compañero abogado inmediatamente que pusieron la denuncia la Secretaría de Seguridad Pública emitió un comunicado donde defendió a los elementos policiacos, “sin tener conocimiento, sin iniciar ninguna investigación, solamente con la versión de los policías quienes negaron los hechos”.
Denunció que los miembros de este grupo policiaco están actuando al margen de la ley “y eso tiene una responsabilidad penal como la que estamos haciendo valer nosotros, porque es abuso de autoridad y uso ilegal de atribuciones”.
Otra agresión fue la que sufrió por elementos del mismo grupo el reportero de la página Guerrero al Instante José Molina, el 24 de julio cuando este daba cobertura al asesinato de una mujer en la colonia CNOP.
Esa vez, la Secretaría de Seguridad Pública informó en un comunicado que se investigaría el caso para deslindar la responsabilidad de los agentes estatales.
Asimismo, la dependencia recomendó al gremio periodístico que utilice gafetes o emblemas de Prensa para que sean identificados por los elementos.
Lenin Ocampo denunció en una carta que se publicó en la edición de ayer de El Sur que la noche del domingo al salir de la Radio Universidad (XEUAG) fue interceptado por integrantes de una patrulla de la Unidad de Fuerzas Especiales para una presunta revisión.
“Me identifiqué con mis credenciales oficiales y de reportero de El Sur, a lo que un elemento policiaco me contestó: “Me vale verga, te vamos a revisar”, denunció en su carta.

Repudian egresados de Ayotzinapa la intimidación

La Coordinación Nacional de Egresados de Ayotzinapa condenó el hostigamiento y la represión contra los periodistas, y consideró que “nada se hace sin el aval y orden del gobernador Héctor Astudillo Flores”, en referencia a la “retención arbitraria” por parte de policías estatales del reportero Lenin Ocampo.
En un comunicado, la agrupación exigió al gobierno estatal que respete el trabajo del gremio periodístico, y lo hizo responsable de la integridad física y psicológica del periodista y su familia.
“El gobernador administra la violencia y hace vulnerable al gremio periodístico de Guerrero, a los luchadores sociales, a los campesinos y a toda la gente que se organiza para luchar que se le respeten sus derechos humanos”, denunció.
La agrupación refrendó su reconocimiento y “fraternal apoyo” a Lenin Ocampo “por su valioso trabajo” y al gremio de los periodistas “porque a pesar de vivir en un estado violento realizan su trabajo con profesionalismo y veracidad”.
Exigió al gobierno federal una investigación exhaustiva y castigo a los policías estatales involucrados en este hecho.