Organismos de derechos humanos en el estado manifestaron su indignación, y lamentaron que los poderes Legislativo y Ejecutivo hicieran oídos sordos ante las múltiples peticiones de rechazo a la Ley de Seguridad Interior, promulgada este jueves.
El Centro  Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), el Centro de Defensa de los Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad  (CTI) y la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, afirmaron que con esta Ley se pretende imponer un régimen de excepción con el falso argumento de la seguridad,
En un comunicado los organismos expusieron su descontento ante la promulgación de la Ley de Seguridad Interior.
“Fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior, sin que se realizara ningún acto protocolario y apenas con una mención de (el presidente) Enrique Peña Nieto sobre su publicación en el marco de una reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, concluyendo su proceso de promulgación plagado de irregularidades y con una fuerte falta de legitimidad por parte de la sociedad mexicana en general”.
En su discurso el mandatario dijo que no emitiría Declaratoria de Protección de Seguridad Interior en los términos de esta Ley, hasta que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación realice un análisis sobre su constitucionalidad.
El escrito abunda que también enfatizó que ese hecho no significaría que dejaría de haber intervención de la federación en materia de seguridad pública, con lo cual se expresó la voluntad política del estado mexicano de no retirar a las fuerzas armadas de labores de seguridad pública.
“Como organizaciones civiles de derechos humanos expresamos nuestra profunda indignación y lamentamos que los poderes Legislativo y Ejecutivo hicieran oídos sordos ante las múltiples peticiones de rechazo y que ahora pretenda imponerse un régimen de excepción con el falso argumento de la seguridad”, señala.
Resalta que esa Ley no ha incorporado los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza pública, y muchos menos ha atendido aquéllos relacionados con el establecimiento de estados de excepción para garantizar los derechos humanos de la población, como la Observación General Número 29 del Comité de Derechos Humanos de la ONU.
Ante ello los organismos consideran  que la promulgación de la Ley representa un grave retroceso en materia de derechos humanos, y refleja un claro rechazo del Estado mexicano a las recomendaciones que han hecho varios mecanismos de Naciones Unidas.
“La amenaza para el respeto de los derechos humanos que representa esta ley es inminente, por lo que reiteramos nuestro rechazo y hacemos un llamado urgente para que nuestro máximo tribunal mexicano escuche a la sociedad civil y atienda debidamente el reclamo internacional de frenar esta legislación, declarando su inconstitucionalidad e inconvencionalidad”.
Subraya que como centros de derechos humanos realizarán un monitoreo constante sobre las violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército, y seguirán impulsando las acciones necesarias para que sea declarada inconstitucional.