Las presidentas de organizaciones feministas en el estado, Mujeres y Hombres Avanzando Juntos y el Bloque de Mujeres al Poder, lamentaron el atraso y desdén del poder legislativo para reconocer la violencia política de género en el estado, cuando diariamente hay agresiones a mujeres.
En una visita a la Redacción, condenaron las agresiones a dos reporteras de El Sur y a la locutora de RTG en Ometepec.
De la organización feminista Mujeres y Hombres Avanzando Juntos, María de Jesús Martínez Hernández, criticó que el Congreso en su totalidad violenta los derechos de las mujeres que están vigentes en tratados internacionales, “al no reconocer la propuesta de modificación a la ley, para que se acepte y tipifique la violencia política en razón de género”.
Consideró que por los procesos electorales del próximo año y con el antecedente de la violencia política a mujeres, los mismos partidos intentan preservarla, “son claramente los varones quienes la ejercen la violencia política en razón de género hacia las mujeres, ahí ellos se protegen”.
Expuso que ante críticas hacia las organizaciones en defensa de la mujer, por acercarse a los diputados para incidir en la toma de decisiones, ellas no lo harían, “que debíamos cabildear pero los derechos de las mujeres no se tienen que cabildear, son derechos humanos que tendrían que darse de manera natural”.
Indicó que la determinación del Congreso del Estado es un retroceso para Guerrero. Incluso en la paridad de género del proceso electoral, afirmó que quienes ahora tienen un cargo no representaron un avance para las mujeres “porque llegaron como cuotas políticas, en ese sistema patriarcal, donde todavía ellas necesitan estar bajo la dominación de un líder político y ellas siguen una línea política”.
Por su parte, la presidente del Bloque de Mujeres al Poder, Silvia Galeana Valente, dijo que el legislativo de Guerrero tiene la obligación de adecuar las leyes de acuerdo con tratados internacionales, como el de Viena, la Convención sobre la Eliminación de todas Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), “los diputados están levantando barreras a las mujeres”.
El martes, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos sesionó pero se obvió la iniciativa referente a la violencia política contra la mujer. Fue el presidente de la comisión quien explicó que correspondía a los diputados federales ese tema.

Indignación por periodistas agredidas

Las representes de los derechos por la mujer coincidieron en que hay indignación por la violencia hacia la reportera de El Sur, Brenda Escobar, quien fue amenazada por la cobertura del caso del homicidio de la doctora Adela Rivas, por parte los familiares del presunto responsable del crimen. De la reportera también de El Sur, María Avilez, quien fue intimidada por trabajadoras de la secretaria de la Mujer, Rosa Inés de la O García, cuando le preguntaba sobre los 18 feminicidios en mayo en el estado. Y de la locutora indígena de habla ñomndaa de Xochistlahuaca, locutora de Radio y Televisión de Guerrero (RTG) y activista en Ometepec, Marcela de Jesús Natali, quien fue agredida a balazos mientras salía de la radiodifusora.
Galeana Valente indicó que los tres casos demuestran la vulnerabilidad de las mujeres en el desarrollo de su profesión, “qué mensaje está mandando quien normatiza la violencia hacia las mujeres, háganles lo que quieran”. Reafirmó el rechazo de la violencia contra las mujeres que difunden la noticia.
Martínez Hernández criticó que es “más indignante” que la agresión se genere desde la institución como es la Secretaría de la Mujer, porque debería ser la que garantice el derecho de las mujeres, “y resulta que esta dependencia se convierte en la agresora de los derechos de las mujeres”.
Pidió que se destituya a De la O García porque permitió la agresión a la periodista, “no lo debemos permitir, las organizaciones de feministas estamos indignadas por la actitud de esta señora, que no tiene la capacidad de ocupar ese cargo”.
Recomendaron que se reporte cualquier agresión “no importa si es la secretaria de la Mujer, quien sea, que se le denuncie por la violencia de género, que quede el precedente”. También llamaron a que el Tribunal Superior de Justicia contribuya, porque el tercer poder del Estado se ha mantenido pasivo ante los casos de justicia hacia las mujeres agredidas.