Abel Barajas / Agencia Reforma

Ciudad de México

Blanca Alicia Bernal Castilla, ex fiscal de la Unidad Antisecuestros de la FGR, libró el delito de desaparición forzada de personas por el crimen de los 43 normalistas de Ayotzinapa, registrado el 26 de septiembre de 2014.
El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México concedió un amparo a la ex funcionaria para que un Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente lleve a cabo una audiencia de vinculación a proceso.
En esa diligencia deberá anular el delito de desaparición forzada, vincularla a proceso por delitos contra la Administración de la justicia y tortura, y abrir el debate para después resolver si la vincula a proceso por falsificación de documento agravado.
En el caso del primer ilícito, en forma unánime, los tres Magistrados del tribunal concluyeron que la FGR no ofreció los datos de prueba necesarios para mantener bajo procedimiento penal a la ex Fiscal.
“Con la exposición de datos de prueba no se logra establecer de manera probable que la impetrante de amparo haya cometido el hecho que la ley señale como delito que se le atribuye, toda vez que en el presente caso no se advierte que haya ocultado información del paradero de los estudiantes desaparecidos a sabiendas de su paradero”, sentenció el colegiado.
“Lo anterior es así, toda vez que de los datos de prueba aportados por la autoridad ministerial, no se advierte que haya tenido conocimiento del lugar donde se encontraban los estudiantes”.
Bernal fue aprehendida el 4 de septiembre del 2023 en Hermosillo, Sonora, y luego internada en el Penal Femenil de Santa Martha, Acatitla.
En julio pasado, una Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, le concedió la libertad provisional con el uso de geolocalizador electrónico, la firma mensual y las prohibiciones de salir de la CDMX y de convivir con las víctimas.
La Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) ya presentó su acusación y en ella pidió condenarla a 60 años de cárcel y al pago de una multa de un millón 792 mil 400 pesos.
.La jueza aún no ha indicado la fecha para el inicio del juicio.
En el proceso, la FGR acusa a Bernal de ser parte de una supuesta “maquinación” tramada en la gestión de Murillo Karam, para desviar la investigación del Caso Ayotzinapa y fabricar una versión alterna conocida como “verdad histórica”.
“Se tergiversó la verdad de los hechos, maquinando la versión que se llegaría a conocer como la ‘verdad histórica’: verdad única, conclusiva y cerrada, que frustró y cesó otras líneas de investigación acerca de la desaparición-destino de los 43 normalistas”, dice la acusación.
La UEILCA atribuye a Bernal haber girado un oficio de comisión a dos agentes de la Policía Federal Ministerial, para que llevaran a cabo las primeras pesquisas del caso.
El oficio fue emitido con base en una llamada telefónica anónima que la SEIDO recibió el 25 de octubre de 2014.
Los federales viajaron a Iguala y, un día después, la mañana del 26 de octubre, rindieron en la Ciudad de México un informe en el que detallaron la estructura del grupo criminal Guerreros Unidos, citando como fuente a una señora de 60 años que atendía una tienda en Cocula.
La UEILCA afirma que ese documento es la piedra angular del montaje, porque derivó en capturas de presuntos narcotraficantes que aparentemente fueron torturados y con sus testimonios se construyó la versión preconcebida y falaz del caso.