El Congreso local, sin el PRD, votó ayer por mayoría en contra de la reserva presentada por MC de sancionar a los partidos políticos que registren a candidatos que reciban recursos de la delincuencia organizada en procesos electorales y aprobó una reforma a la legislación electoral mediante la cual los partidos que quieren presentar candidaturas comunes para el proceso electoral del 2018 sólo lo podrá hacer en el 33 por ciento de los 81 ayuntamientos y de los 28 distritos electorales.
Esto, como parte de las reformas a la legislación electoral local.
A la sesión extraordinaria no asistieron los diputados del PRD y los dos independientes que eran del PT, porque se inconformaron por la reforma que se iba a aprobar para limitar las candidaturas comunes.
Por eso sólo el PRI, PVEM y PAN aprobaron las reformas en materia electoral. En el caso de las candidaturas comunes, es la más utilizada por los partidos de izquierda para presentar a un candidato en conjunto.
Las sesiones extraordinarias que el Congreso local realizó ayer, fueron para cumplir de ultima hora las reformas en materia electoral, antes de los 90 días que establece la ley previos al inicio del proceso electoral.
Los diputados del PRI, PVEM y el PAN rechazaron dos veces la propuesta de reforma que presentó MC para impedir o sancionar que candidatos o partidos políticos reciban en procesos electorales recursos ilícitos provenientes de la delincuencia organizada.
Incluso la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Flor Añorve Ocampo, se burló desde su curul con ademanes, risas y gestos del diputado Silvano Blanco de Aquino cuando insistió en tribuna la necesidad de que su propuesta se incluyera y reprochó que su iniciativa la presentó desde hace meses no fue considerada, pero sí dictaminaron de manera inmediata las enviadas por el gobernador Héctor Astudillo Flores.
Silvano Blanco insistió en tribuna que es necesario poner candados a la ley para que el dinero del crimen organizado no se infiltre en el proceso electoral y que así se evite el incremento de la violencia en el estado.
Reiteró que cuando hablan de recurso de procedencia ilícita, principalmente se refieren “a los halcones que tiene la delincuencia organizada, porque se vuelven promotores del voto  y movilizadores (de electores) el día de la jornada electoral, entonces también participan aportando recursos, humanos, recursos materiales, vehículos”.
Con la intromisión de la delincuencia organizada y que sean los grupos criminales quienes presenten o ayuden a candidatos “al final de cuentas los resultados son los que estamos viviendo en el estado de Guerrero; es decir, que hay alcaldes que están imposibilitados para actuar derivado de este acuerdo político que hicieron con la delincuencia organizada. Permiten que hagan lo que quieran, que extorsionen, secuestren, que asesinen en sus municipios”, dijo Silvano Blanco.

No se consultaron las reformas

Por su parte, la diputada de Morena, María de Jesús Cisneros Martínez, justificó su voto en contra de las reformas aprobadas ayer, porque dijo que “exhiben el puro interés del partido en el poder, no comparto las decisiones unilaterales del Ejecutivo ni los planchados en el Congreso”.
Recriminó que a muchos políticos se les olvida el origen del cargo “y simplemente acatan órdenes”.
Dijo en tribuna que los dictámenes con proyecto de ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral al igual que el de Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, “jamás se circularon, son documentos que desconozco, que no he visto, que no he analizado y que me imposibilita a votar, pero no por eso dejaría de asistir a esta sesión para ejercer mi responsabilidad como representante popular”.
Por su parte el coordinador de los diputados de MC Ricardo Mejía Berdeja, calificó como un “retroceso grave, regresión” la reforma aprobada ayer por la que se establece la limitante para que las candidaturas comunes de los partidos sólo se puedan realizar en el 33 por ciento de los 81 ayuntamientos y en el mismo porcentaje para las diputaciones locales. Con eso, consideró que se viola el derecho de asociación de los partidos políticos y su derecho para registrar candidatos, lo que adelantó será motivo de una impugnación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), “la reforma no resiste una impugnación”, adelantó Mejía Berdeja.
Pero también dijo en tribuna que la reforma tiene dedicatoria para los partidos de izquierda a los que pretende afectar en su organización en el proceso electoral de 2018.
De la reforma en el sistema de medios de impugnación electoral la consideró adecuada porque es ocioso que, en el sistema electoral la parte de litigio tenga dos instancias, un juicio y un recurso de reconsideración y a su vez el derecho de recurrir al Tribunal Electoral mediante el juicio de revisión constitucional.
Eso demerita de la expedientes, porque se pierde el tiempo en dos instancias que “no son necesarias”.
Entre las reformas a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado se aprobó prorrogar la vigencia y elección del diputado migrante o binacional hasta el año 2021.
Ayer, el periodo extraordinario se desarrolló de dos sesiones, en las que la Comisión de Justicia presentó un dictamen de dos iniciativas de reforma a dicha ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado, en las que el diputado Eusebio González Rodríguez y la Junta de Coordinación Política, argumentaron que no sólo armonizar la legislación secundaria con los ordenamientos federales, sino “mejorar y perfeccionar la democracia representativa con una mayor apertura ciudadana”.
En la argumentación la Comisión estableció que los partidos políticos tendrán derecho a postular candidaturas comunes para la elección de gobernador, diputados y miembros de los ayuntamientos, y para eso deberán presentar al Instituto electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) una solicitud firmada por sus representantes y dirigentes, a más tardar 30 días antes del inicio del periodo de precampaña de la elección de que se trate.
Además, no se podrá participar en más del 33 por ciento de los municipios o distritos, tratándose de la elección de integrantes de ayuntamientos y diputados.
También deberán especificar las aportaciones en porcentajes de cada uno de los partidos políticos para gastos de la campaña, conforme a los topes de gastos determinados por el Consejo General del IEPC, y para las elecciones de diputados y miembros de los ayuntamientos, determinar el partido político al que pertenecen los candidatos en caso de resultar electos.