El gobierno del estado presentó una denuncia en contra del obispo Salvador Rangel Mendoza, ante el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, Alejandro Encinas Rodríguez, por sus reuniones con líderes del narcotráfico en la sierra de Guerrero, informó el prelado por la tarde, quien se quejó: “Y así quieren hacer las paces conmigo, no se vale”.
La denuncia fue presentada la semana pasada por el subsecretario de Gobierno para Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos del gobierno del estado, Rogelio Parra Silva.
Antes, en Chilapa, el obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa dijo que está de acuerdo con una amnistía restringida para los presos políticos, y no en una amnistía general, “desconozco el historial de cada uno, pero valdría la pena que se viera cada uno de ellos, porque de lo que estoy convencido es que muchas veces el Estado toma una especie de venganza contra políticos incomodos o gente que no va de acuerdo con sus ideas y les han abierto procesos judiciales”.
Por la tarde, en Chilpancingo, habló de la denuncia en su contra que presentó el subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno.
La queja del gobierno estatal ante el federal en contra del prelado, es en aparente respaldo a la denuncia pública que hizo la semana pasada el vocero del Frente Unido de Policías Comunitaria del Estado de Guerrero, Salvador Alanis, quien declaró que el obispo es parcial porque solamente se ha reunido con el líder del Cartel del Sur, Isaac Navarrete, El Señor de la I, y que es mentira que busque una tregua.
En un extracto de la denuncia que envió Parra Silva a Encinas Rodríguez, se lee que: “Una parte de la población en donde tiene presencia la policía comunitaria está molesta y ofendida”, por las reuniones que ha tenido el obispo con uno de los líderes del narcotráfico.
“No se vale, son los del gobierno los que presentan la denuncia, y así dicen que quieren hacer las paces conmigo, pero con estas cosas, no es justo, no creo que sea justo”, declaró visiblemente disgustado.
El 4 de octubre, después de una reunión con el gobernador Héctor Astudillo Flores en la iglesia de San Francisco de Chilpancingo, el obispo declaró que había resuelto sus diferencia con el gobernador, “porque el distanciamiento lo que produce es pura esterilidad y es mejor reconciliar, tanto a la parte gubernamental como la parte eclesiástica”.
La relación entre el gobierno estatal y el obispo se había enfriado a partir del asesinato de los sacerdotes Germaín Muñiz e Ivan Añorve, el 5 de febrero cerca de Taxco.
En la entrevista, el obispo se preguntó: “¿Entonces (el gobierno) está favoreciendo a quién? ¿A la invasión?”, en referencia a que si el gobierno estatal está respaldando en su denuncia a la policía comunitaria que tiene tomado Filo de Caballos desde el 11 de noviembre, entonces está a favor del desplazamiento forzado de familias por este grupo.
Se preguntó, entonces, en dónde están los derechos humanos, “es por lo que yo estoy molesto”, dijo.
El prelado declaró también en otro tema que las policías comunitarias, ciudadanas y autodefensas, se han ensanchado en el estado porque hay mucho vacío de poder, “donde no ha podido llegar el gobierno, ha dejado lugar y se han adueñado las policías comunitarias”, declaró luego de que en un diagnóstico, el gobierno del estado reconoció la semana pasada que 23 de estos grupos tienen presencia en el 64 por ciento del territorio guerrerense y que de todos, solamente la CRAC-PC tiene el reconocimiento legal.
Agregó que otro problema es que todo el territorio de Guerrero está en manos del narcotráfico e insistió en que la mayoría de estas policías sirven al narcotráfico.
Declaró que estas declaraciones son las que tienen muy molestos a los funcionarios del gobierno “y me están acusando ante derechos humanos, la misma secretaría de Gobierno del estado me está acusando ante el subsecretario (Alejandro) Encinas”.
Sin embargo, insistió en que lo que ha declarado es una verdad que no quieren reconocer, “yo en lo particular he tratado de solucionar los problemas, he tratado de buscar la paz, pero yo veo que estas declaraciones molestan a algunos”.
El obispo declaró que no es la primera denuncia que han hecho en su contra, “tengo varias ante Gobernación y que han salido de la secretaría de Gobierno del estado”, y dijo que la reciente, que hizo esa dependencia la semana pasada, fue consecuencia de su declaración de que los civiles armados que tomaron Filo de Caballos no son policías comunitarios, sino miembros de la delincuencia, lo que originó la respuesta del vocero del Frente de Policías Comunitarias en el sentido de que es el obispo el que se ha reunido con el líder del Cartel del Sur y que es mentira que busque una tregua para la paz.
Dijo que su intención siempre ha sido tratar de ayudar, “cooperar en todo esto, pero desgraciadamente hay gente que no lo entiende así”.
La semana pasada, el vocero del Frente de Policías Comunitarias advirtió que si el gobierno no procede en contra del obispo, por sus reuniones con un líder del narcotráfico, lo van a detener los comunitarios para someterlo a reeducación.
“Yo no lo creo. Tiene que haber una acusación oficial, y estas policías llamadas así, comunitarias, qué autoridad tienen. Yo no creo, y tampoco me van a espantar con el petate del muerto, porque así como ellos le faltan el respeto a la autoridad religiosa, también la mayoría de los guerrerenses respetan al obispo y no creo que se vayan a atrever a hacer algo”.
Adelantó que él seguirá yendo a la sierra, “siempre que me inviten y a donde me dejen entrar, allí voy a estar”.
Admitió que tiene temor, pero que vale la pena, “porque yo creo que deben entender ellos que aquí no es que uno favorezca a un grupo o a otro. Aquí lo importante es que estamos favoreciendo la verdad y la justicia de esos desplazados ,que fueron sacados de sus casas y yo no sé si los derechos humanos pudieran justiciar esto. Los sacaron de sus casas y de sus comunidades y ahorita todavía muchos no pueden regresar”.
A las 5 de la tarde, el obispo ofició una misa en la capilla de San Juan Diego, de la colonia Cooperativa, en la que estuvo el presidente municipal perredista, Antonio Gaspar Beltrán, quien entregó al Comité de Desarrollo de la colonia las escrituras del terreno de la capilla, con lo que se resuelve un conflicto en el cual un particular quería apropiarse del predio.
En su homilía, el obispo habló de que la Iglesia es importante para la sembrar valores, sobre todo actualmente, cuando la sociedad está en crisis y el tejido social desbordado.
Dijo que la gente mata, secuestra y cobra derecho de piso porque “tenemos una conciencia laxa y floja”, y agregó que se tienen que recuperar esos valores y el tejido social, para lo que, insistió, la Iglesia en importante y llamó a los padres a hablar de eso con sus hijos.
Hacerle más caso a los defensores de derechos humanos

Después del mediodía en Chilapa, el obispo declaró que valdría la pena revisar los casos de los presos en Guerrero propuestos para una amnistía, porque el Estado fabrica procesos judiciales en venganza a políticos o gente incomoda.
Rangel fue consultado al concluir su homilía dominical en la catedral de Chilapa, sobre la propuesta de la senadora Nestora Salgado, para dar amnistía a 176 presos políticos en el país, incluidos los del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop) y del promotor de la Policía Comunitaria en Tixtla, Gonzalo Molina.
“Estoy de acuerdo en una amnistía restringida, no se puede hacer una amnistía general. Respecto a los presos políticos, desconozco el historial de cada uno, pero valdría la pena que se viera a cada uno de ellos, porque de lo que estoy convencido es que muchas veces el Estado, como una especie de venganza a políticos incomodos o gente que no va de acuerdo con sus ideas les han hecho procesos (judiciales)”.
“Vale la pena que vean cada uno de los procesos y si merecen la libertad. Si los condenaron sin deberla ni temerla, estaría de acuerdo que los liberaran”.
Agregó: “La cárcel tiene un motivo muy claro, corrección y enmendar la vida, si estos personajes ya han dado señas de que quieren reintegrarse a la sociedad, que los liberen”.
Acerca de la postura del gobernador Héctor Astudillo, de que en Guerrero no hay presos políticos y la respuesta del director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera, de que los presos políticos son luchadores sociales acusados de delitos del fuero común, el prelado respondió: “Hay que hacerle más caso a los organismos de defensa de los derechos humanos, porque la ley se maneja, la ley se compra y la ley se vende, muchas veces los políticos pueden fabricar cualquier cosa”.
Machacó: “Para mí son más de confiar los organismos de defensa de los derechos humanos. Que revisen los expedientes y el historial de los presos propuestos para la amnistía y quen merezca estar en libertad que lo liberen”.
Sobre la suspensión de clases en escuelas de Chilapa, Zitlala y otros municipios de la Montaña baja, así como en escuelas de todos los niveles de Chilpancingo y Acapulco, tras la viralización de mensajes de supuesta extorsión a los maestros, el obispo consideró que sólo lo hacen para espantar a la gente y llamó a la comunidad escolar a empoderarse para sacudirse el miedo.
“Esos (mensajes de) Whatsapp son como el petate del muerto, para espantar gente. Estoy convencido de que si una persona te va hacer mal no te lo anuncia, pero meterlo en una red social donde sabemos perfectamente, técnicamente, de algo que se llama las sabanas, donde incluso el gobierno saben bien de dónde vienen los mensajes”.
“Para mí que son más amenazas que cosas reales y la gente tiene que empoderarse y sacudirse el miedo, que Chilapa y otros lugares vayan con la normalidad a sus escuelas”.
“Alguien me contó un caso en una ciudad cercana de Chilapa, que quien estaba haciendo y mandando estos whats a los maestros, era un propio maestro, eso se llama fuego amigo. Ojalá y no sean los mismos maestros, que por ciertas razones estén mandando esto”.
“Lo que me interesa es la población, que no se llene de miedo y hay que asistir, mandar a los niños a la escuela”, dijo.
Sobre la seguridad que deben proporcionar los gobiernos del estado y el federal, Rangel Mendoza pidió que los maestros presenten las denuncias y que pidan seguridad donde realmente se necesite.
“Puedo pedir seguridad, pero si es falso lo que está sucediendo, la seguridad se tiene que dar en esos lugares que son verdaderamente de peligro”.
Acerca de la situación de desplazamiento y violencia que se vive en la Sierra, Salvador Rangel dijo que la situación continúa igual y que incluso se siguen suscitando enfrentamientos armados entre pueblos.
“Lo que les puedo decir es que antier me decían que más adentro, lo que es Campo Morado estaban balaceándose con los de La Guitarra, quiere decir que esto que no está funcionando la estrategia y valdría la pena que el gobierno revisara la estrategia que está realizando”.
“Realmente desconozco la estrategia del Estado. Y no es el momento, pero a mí realmente me da pena que gente como yo u otra, que queremos cooperar, en vez de que nos ayuden nos están atacando”, lamentó.