En San Luis Acatlán, Ayutla de los Libres y Tlapa policías comunitarios y organizaciones sociales salieron a marchar y bloquearon la carretera Tierra Colorada-Cruz Grande, por cuatro horas, para pedir la libertad de los 25 integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de La Concepción, así como de Gonzalo Molina y Samuel Ramírez, presos en Chilpancingo.
En las manifestaciones la CRAC exigió la renuncia del gobernador Héctor Astudillo Flores, el fiscal Javier Olea Peláez y el secretario de seguridad pública, Pedro Almazán, a quienes responsabilizaron de la muerte de tres policías comunitarios asesinados durante el desarme violento ocurrido el pasado domingo, luego de un primer enfrentamiento, que dejó a ocho personas muertas, dos de ellas policías comunitarios.
Además de respeto al sistema comunitario, el retiro de la Policía Ministerial de la comunidad de La Concepción. La aprobación inmediata de la iniciativa en materia de derechos indígena del estado de Guerrero, así como la iniciativa popular de la Ley 701 y rechazaron la Ley de Seguridad Interior.

La marcha bajo la mirada de la Sedena

Bajo la vigilancia de un helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de agentes vestidos de civiles, se realizaron las movilizaciones por las casas de justicia de El Paraíso, Ayutla y San Luis Acatlán, en los dos municipios donde no hubo incidentes.
En Ayutla de los Libres, minutos antes de las 11 de la mañana, la movilización de unos 200 integrantes de la CRAC, salieron de las instalaciones de la unidad deportiva de la cabecera municipal y se dirigieron a la entrada sur de la ciudad, donde bloquearon por cuatro horas de manera intermitente, mientras otro grupo se apostó en la entrada norte de la carretera estatal Tierra Colorada-Cruz Grande.
En las pancartas que portaban los manifestantes, entre ellos mujeres, se leía: “Astudillo asesino, fuera” y “respeto a la Ley 701, al acuerdo internacional 169 de la OIT”. Los manifestantes rechazaron la acción de los policías estatales contras sus compañeros. Durante la protesta, los integrantes de la CRAC detectaron a un agente militar vestido de civil, quien al ser descubierto huyó.
A las 11:30 de la mañana, unos 300 integrantes de la CRAC salieron de las instalaciones de la Casa de Justicia, en el barrio de San Isidro, y recorrió las calles de la cabecera municipal.
Los manifestantes realizaron tres paradas, en frente de los inmuebles que ocupan, el juzgado de paz, el juzgado civil, y las instalaciones de la Policía Ministerial, que permanecieron cerradas desde la mañana por el anuncio de las protestas y la versión de que serían tomadas. Lo que no ocurrió.
Antes de que saliera la movilización, un helicóptero de la Sedena también sobrevoló la cabecera municipal. Durante la movilización también fueron descubiertos un hombre y una mujer, que al ser encarados por los policías comunitarios en la movilización, se identificaron como prensa y luego de ser abordados se retiraron de la protesta.
A las 12:30 de la tarde, la protesta llegó al palacio municipal, que también se encontraba sin actividades. Ahí tres oradores demandaron la libertad de los 25 detenidos en La Concepción y justicia para los cinco policías comunitarios muertos, tres de ellos asesinados durante el operativo de desarme de los policías estales y dos más, que murieron durante un enfrentamiento con civiles armados.
Sabás Aburto Espinobarros recriminó al alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, a quien se refirió como El Pirruris Evodio Velázquez, el respaldo que le dio al gobernador del estado al decir que la actuación y el desarme fue bueno.
El vocero de la CRAC reclamó que el gobierno del estado se refiera a los policías comunitarios de La Concepción como “civiles armados”, cuando son parte de un sistema reconocido por la ley del estado.
El consejero regional Valentín Hernández Chapa dijo que la actuación del gobierno es parte de la persecución contra la organización, que desde que se creo ha sido criminalizada. Recordó la irrupción violenta del Ejército en agosto de 2013, en la Casa de Justicia de El Paraíso, que terminó con la detención de una veintena de comunitarios, el último de ellos Arturo Campos, recién liberado el pasado 14 de diciembre, luego de cuatro años y 13 días en la cárcel.
Mientras la activista amuzga Kenia Hernández Monteaban recordó la lucha que desde 2003 se levantó en los 47 pueblos que conforman los Bienes Comunales de Cacahuatepec, contra el megaproyecto hidroeléctrico La Parota, que pretendía inundar 12 veces lo que es la bahía de Acapulco, las tierras de los campesinos que querían ser compradas en 90 centavos el metros cuadrado.

Piden en Tlapa libertad de Suástegui

Integrantes de las policías comunitarias de los municipios de Huamuxtitlán, Tlapa, Alpoyeca, Olinalá, Xochihuehuetlán y de organizaciones sociales, marcharon para exigir la liberación de los miembros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop) y de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) detenidos en La Concepción, municipio de Acapulco.
Más de un centenar de participantes en la movilización rechazaron las acciones represoras del gobierno del estado en los hechos violentos de La Concepción, en los que se detuvieron y mataron a policías comunitarios, así como contra la Ley de Seguridad Interior y el despliegue de militares en la región de la Montaña.
La marcha salió desde la comunidad de Atlamajac al Ayuntamiento de Tlapa, en el centro de la ciudad, con mantas, lonas y mensajes que decían los participantes a través del aparato de sonido.
En sus mantas pidieron “libertad inmediata a todos los presos políticos de la CRAC-PC, castigo a los autores materiales e intelectuales de los asesinatos de nuestros compañeros comunitarios”, “fuera policías estatales, municipales y federales del territorio comunitario” y “rechazó total a la inconstitucionalidad de la ley de Seguridad Interior”.
La marcha concluyó frente al corredor del Ayuntamiento, que fue cerrado, con un mitin en donde participó un representante de la policía comunitaria de Tototepec, del municipio de Tlapa, quien dio su respaldo total a los comunitarios y líderes del Cecop y los hechos del 7 de julio en La Concepción, en que hubo detenidos, heridos y muertos por la incursión policial que hizo el estado en el territorio comunitario.
Mencionó que la policía comunitaria surge de los pueblos y por eso atacan a la delincuencia, que eso el gobierno no lo ve mal, menos en un espacio donde hay conflictos por el territorio y se quiere implementar la presa La Parota.
El representante de los padres de los 43 estudiantes respaldó a la policía comunitaria, porque funciona contra la delincuencia y llamó a todos a despertar para enfrentar al gobierno, que miente y mata y no resuelve nada, “todos los días hay muertos, desapariciones en el país, en Chilapa, Tlapa, Acapulco, Iguala y el gobierno no hace nada”. Se quejó y agregó que es lo mismo que ha pasado con sus hijos no saben dónde están.
El Frente Popular de Tlapa exigió la libertad de los hermanos Marco Antonio y Vicente Suástegui, líderes del Cecop y la comunitaria, y los más de 30 detenidos y recluidos en el penal de Las Cruces.
Agregaron que esas fueron acciones de intimidación para la gente que se opone a los megaproyectos y crea sus sistemas comunitarios de aplicación de justicia, que no le convienen al gobierno porque el nivel de corrupción e impunidad disminuye.
“Que Astudillo deje de chingar y reprimir al pueblo y que se vaya”, pidió.
El Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña dijo que las acciones del gobierno estatal contra el Cecop y la comunitaria de los Bienes Comunales de Cacahuatepec fue una confrontación directa del estado con los pueblos y que es el mensaje de lo que se espera en 2018, con la Ley de Seguridad Interior.
Dijo que por eso se necesitaba crear un frente amplio y un sector que defienda a las poblaciones vulnerables, como aquellas donde hay minería en La Montaña.
De la CETEG lamentaron que la Ley de Seguridad Interior sea el paso libre para la represión, que ya se vio en los recientes hechos, y pidió el cese a la militarización de las comunidades de la Montaña, adonde llegan con el pretexto de combatir la siembra de enervantes.
Entre los manifestantes se encontraban integrantes del Frente Popular de Tlapa, CETEG, padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, del Frente de Comunidades por la Defensa de los Derechos Colectivos de La Montaña (Frecodeg), la Organización Popular Independiente de Guerrero (OPIG), El Colectivo El Grito y El Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña.