Luis Daniel Nava

Chilpancingo

El colectivo Defensorxs denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR), la omisión del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y de la Unidad Estatal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en Guerrero, al no brindar protección al periodista y ambientalista Manuel Alejando Moreno Serna, Alex Serna.
Defensorxs es una organización de especialistas en Derecho que buscan la protección de personas defensoras de derechos humanos.
Alex Serna, de 39 años, originario de San Luis La Loma, municipio de Tecpan y egresado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Guerrero desapareció el pasado 20 de junio, cuando acudió a la comunidad de La Saladita, para realizar un reportaje sobe daños al ambiente causados por una empresa deshidratadora de mango.
Dos días después, su cuerpo con huellas de tortura fue localizado entre Arroyo Seco y Coyuquilla Norte, del municipio de Petatlán.
Con fecha 15 de julio, cuatro integrantes de Defensorxs pusieron una denuncia ante la FGR en contra de Tobyanne Ledesma Rivera, directora general del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del gobierno federal; Willy Arturo Hernández Alcocer, coordinador de Recepción de Casos y Reacción Rápida del Mecanismo y Froylán Vladimir Enciso Higuera, coordinador ejecutivo nacional del mismo mecanismo.
También contra María de Lour-des Martínez Cisneros, titular de la Unidad Estatal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Guerrero.
Los señala por su probable comisión de los delitos homicidio calificado, negación del servicio público, abuso de autoridad y los que resulten en perjuicio del periodista y activista Manuel Alejandro Morena Serna.
Consultada por El Sur, la directora de la Unidad Estatal de Protección a periodistas, María de Lourdes Martínez, confirmó que la denuncia existe, pero aseguró que hasta ayer la Secretaria General de Gobierno no había sido notificada.
Aseguró que Manuel Alejandro Moreno no contaba con medidas de protección estatales ni federales.
En la querella presentada ante la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos; la fiscal especializada en Materia de Derechos Humanos, Mariana Díaz Figueroa, y la titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), Ruth Zenteno López, se atribuye a los funcionarios la omisión de adoptar medidas de protección para Moreno Serna, a pesar de que ya había hecho públicas amenazas recibidas por sus investigaciones en defensa del me-dio ambiente en Zihuatanejo.
En su relatoría de hechos, el colectivo argumentó que Alex Serna había denunciado en su cuenta de Facebook a la presidenta municipal Lizette Tapia Castro de autorizar cambios de uso de suelo presuntamente ilegales, así como a su esposo, el dos veces alcalde, Jorge Sánchez Allec.
Y que señaló a una empresa de operar sin permisos ambientales requeridos en el municipio La Unión de Isidoro Montes de Oca.
“El 4 de marzo de 2025, la víctima directa compartió en su cuenta de Facebook una serie de mensajes y comentarios emitidos en su contra a manera de amenaza, en los siguientes términos: ‘Ya te traemos en la mira, mejor bájale de huevos’ y ‘Piensas que la gente meterá las manos por ti’”.
Citan un video publicado el 14 de julio en el que Serna denunció la construcción de un edificio en el muelle de Zihuatanejo que presuntamente no contaba con el estudio de impacto ambiental requerido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Seis días después, el 20 de junio, publicó una nueva denuncia acerca de una empresa que presuntamente operaba sin autorización ambiental en la comunidad de La Saladita, municipio de La Unión. Ese día se perdió el contacto con el comunicador.
Defensorxs solicitaron aperturar una carpeta de investigación, dictar un acuerdo de inicio de investigación y realizar todas las diligencias y actos de investigación necesarios, así como agotar todas las líneas de investigación para esclarecer el caso.
Como parte de las diligencias solicitadas, piden que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) atraiga la investigación por la probable relación del crimen con el ejercicio periodístico de la víctima.
Que incorpore la carpeta iniciada por la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE), reconozca a sus familiares como víctimas indirectas, y que les otorgue medidas de protección.
Además, determinar la responsabilidad de los autores materiales e intelectuales del crimen así como las posibles omisiones de los funcionarios denunciados.
Hasta el cierre de esta edición la FGR no había informado si la denuncia había sido admitida.