José Miguel Sánchez

Chilpancingo

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) sancionó a dos dirigentes locales del extinto Partido Encuentro Solidario (PES), por realizar pagos no establecidos en la ley durante su proceso de liquidación de la organización local, por una cantidad que asciende a 300 mil pesos.
De acuerdo con una sentencia emitida por el Consejo General del IEPC, los ciudadanos Moroni Pineda Torrijos, en su carácter de ex responsable de Finanzas; así como a Samantha Isabel Vega Pérez, en su carácter de ex dirigente estatal del PES, realizaron cinco pagos no autorizados por la interventora durante el periodo de prevención, es decir, después de que se declaró la pérdida de su registro como partido local, al no lograr el 3 por ciento de la votación requerida.
El monto de esos cinco pagos, según se indica en el expediente, asciende a un total de 300 mil pesos, “atribuible” tanto al ciudadano Moroni Pineda como a Samantha Isabel Vega, en su carácter de la dirigencia de este partido local.
Según dice el documento “la forma en que se cometió la infracción consistió en que ambas personas denunciadas, en ejercicio de sus funciones partidistas y en su calidad de cotitulares autorizados de la cuenta mancomunada, dispusieron de recursos financieros mediante la realización de transferencias bancarias, sin contar con la autorización de la persona interventora designada”.
Estas operaciones fueron realizadas durante las etapas de prevención y liquidación del PES, hechas en contra del procedimiento obligatorio de “control, supervisión y autorización previa establecido para toda erogación durante el proceso de liquidación, pese a las advertencias e instrucciones formales emitidas por la autoridad electoral”.
En el expediente se menciona también que estas acciones fueron hechas de manera dolosa por parte de Vega Pérez y Pineda Torrijos, toda vez que ambos tenían pleno conocimiento de que ningún pago podía efectuarse sin la autorización previa de la persona interventora.
Además de que sabían que realizar pagos sin el aval de la persona interventora, tenía como resultado la transgresión a la normativa electoral.
En el proyecto se sanciona a ambas personas, con el requerimiento de reintegrar esta cantidad no autorizadas en los pagos, además de una multa de 63 mil 112 pesos, para cada uno, por incumplir la ley electoral.