José Miguel Sánchez

Chilpancingo

A dos meses y medio de que la Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó al Congreso del Estado un juicio de procedencia para desaforar a un alcalde, la Comisión Instructora, órgano colegiado que desahogará el asunto, no lo ha resuelto ni dictaminado para su votación en el pleno.
Pese a que el tema tiene implicaciones legales, dado que lo solicitó la Fiscalía, la Comisión Instructora no ha informado de manera oficial sobre el avance y el trámite que se le ha dado.
El asunto llegó el 1 de abril al Congreso del Estado, remitido por la FGE, para solicitar un juicio de procedencia para retirarle el fuero a un alcalde, cuya identidad se mantiene reservada, al igual que los delitos por lo que se le investiga.
La FGE solicitó “retirar una inmunidad procesal, a fin de que un servidor público acusado de un delito sea puesto a disposición de una autoridad judicial”, de acuerdo con lo mencionado por la mesa directiva, al hacer el asunto del conocimiento al pleno.
Esta solicitud fue presentada por la agente del Ministerio Público de la FGE, Margarita Azucena Sánchez Gutiérrez.
De acuerdo con lo declarado por el diputado del PVEM, Arturo Álvarez Angli, presidente de la Comisión Instructora, había un plazo de 60 días para analizar el asunto, sin que hasta hoy, dos meses y 15 días después, haya información precisa y oficial sobre el caso.
El 5 de mayo, la Comisión Instructora se declaró en sesión permanente para analizar la solicitud de procedencia para desaforar al alcalde; además de las solicitudes de revocación de mandato, en contra de la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, de Morena, y de la de José Joaquín de Herrera, Micaela Manzano Martínez, del PVEM.
Sin que se sepa sobre los avances en la solicitud de procedencia, la Comisión Instructora sí dio entrada y seguimiento al caso de López Rodríguez, a tal punto que el próximo 25 de junio habrá un desahogo de pruebas.
La revocación de mandado contra López Rodríguez la solicitó el ex regidor y ex candidato opositor a la alcaldía, Ramiro Solorio Almazán y ha sido calificada por el coor-dinador de los diputados de Morena, Jesús Urióstegui, como una “de-manda ciudadana” que se atiende.
A través de un anuncio publicado en la Gaceta Parlamentaria del Congreso local, el 5 de mayo, se informó la declaración de la sesión permanente.
La Comisión Instructora está integrada por los diputados Arturo Álvarez Angli, como presidente; Vladimir Barrera Fuerte, de Morena, como secretario; Jesús Eugenio Urióstegui García, Erika Lührs Cortés y Carlos Eduardo Bello Solano, como vocales.
Entre los argumentos de Álvarez Angli para no hacer público el nombre del alcalde está el que se trata de respetar el debido proceso, la presunción de inocencia y evitar lo que llamó un “linchamiento político”.
Hasta la fecha se desconoce de qué partido y municipio es el implicado, mientras que Álvarez Angli aseguró que el proceso se mantendría en secrecía hasta que la comisión dictamine si procede o no.
Aunque los 60 días no se cumplen, porque se tomó en cuenta la fecha de instalada la sesión permanente de la Comisión Instructora, si están a 15 días de que se venza el plazo.
En caso de dictamirnalo en las siguientes semanas, el pleno del Congreso local podría votarlo hasta septiembre, fecha en que se declara el inicio del periodo ordinario de sesiones, ya que por ahora está el periodo de receso.
La Junta de Coordinación Política también acordó mantener en secrecía el caso, en tanto no se dictamine y se llame a las partes involucradas, como parte del procedimiento legislativo, para desahogar la solicitud.