El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) envió al Tribunal Estatal Electoral (TEE) la impugnación que presentaron cinco de los siete consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana contra su propia decisión de reducir su sueldo, con el fin de que se agoten las instancias locales.
El auditor del estado, Alfonso Damián Peralta, confirmó que el amparo que demandaron consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife), fue devuelto a los inconformes para que agoten el procedimiento en instancia locales; es decir, en el Tribunal Electoral del Estado.
La reducción del sueldo que se aprobó por unanimidad en una sesión del Consejo General del IEPC fue de aproximadamente el 50 por ciento y se dio en acatamiento a las observaciones de la Auditoría General del Estado (AGE), debido a que los consejeros percibiáin ingresos superiores a los del gobernador del estado.
Al TEE llegó la impugnación que los consejeros Marisela Reyes Reyes, Alma Delia Eugenio Alcaraz, Rocío Calleja Niño, Jorge Valdez Méndez y Felipe Arturo Sánchez Miranda presentaron en contra de su propio acuerdo aprobado el 21 de junio por el que se redujeron su sueldo.
Consultado en la segunda jornada de sensibilización Constru-yamos un gobierno abierto, que convocaron los organismos de transparencia nacional y estatal con organizaciones civiles, el auditor Damián Peralta se refirió brevemente al recurso legal que promovieron consejeros en el Trife.
Antes, aclaró que la postura de la AGE sobre las observaciones a los sueldos de los consejeros, ha sido dicha en varias entrevistas, “y está plasmada en los pliegos”. Esto es que, según la Constitución del estado, ningún funcionario puede ganar igual o más que el gobernador, y mientras el sueldo mensual del ejecutivo estatal era de 146 mil pesos, los consejeros tenían percepciones de 175 a 212 mil pesos.
El 21 de junio, después del debate público que se generó, los consejeros aprobaron la reducción de sueldos, y el 29 de agosto trascendió que cinco de los siete impugnaron su propio acuerdo.
El auditor reveló ayer que recibió una notificación del Trife sobre la interposición de un recurso en contra de un acuerdo del IEPC, que vincula a la AGE. “Lo que nos comunican es que no fue aceptado y les dicen (a los quejosos) que se in-terponga antes el recurso en el TEE, que se agote la instancia local”.
Los que los consejeros buscan es que se revise si la AGE no violó la autonomía del IEPC cuando ordenó la reducción de los sueldos.
De acuerdo con una fuente del TEE, con su recurso ante el Trife los consejeros buscaban evitar que por cuestiones políticas fuera ratificada la decisión de la AGE, y además pretendían que no se conociera mediáticamente su intención de conservar sus altos sueldos.
A partir de la observación de la AGE, los consejeros aprobaron el nuevo tabulador de sueldo y percepciones del IEPC para el periodo agosto-diciembre de 2017, adecuando ssueldo por debajo del que obtiene el gobernador, que es de 146 mil 916 pesos.
El IEPC tenía presupuestado para pagar a los siete consejeros este año 19 millones 666 mil 26 pesos, de los cuales 3 millones 300 mil 416 pesos eran para el sueldo de la presidenta, por lo que sus percepciones mensuales hasta agosto eran de 275 mil 34 pesos. Esta cifra se redujo a 146 mil 832 pesos, 84 pesos menos que el gobernador.
Los otros 16 millones 727 mil 601 pesos era para el sueldo de los otros seis consejeros, quienes recibían 227 mil 300 pesos mensuales, y que a partir de la aprobación del acuerdo ganarán 143 mil 398.

Probables irregularidades en CAPAMA

El auditor también se refirió a la auditoría a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco (CAPAMA), que solicitaron diputados locales.
Confirmó que el Ayuntamiento recibió el pliego preventivo de “hallazgos encontrados” –probables irregularidades– para que presente la documentación que pueda solventar las observaciones.
Explicó que a partir de este informe que da garantía de audiencia al gobierno municipal, éste tiene 15 días hábiles, hasta el 22 ó 23 de septiembre, para responder.
Por otro lado, informó que más de 70 ayuntamientos cumplieron en tiempo la entrega de sus cuentas públicas, y están siendo revisadas conforme a la nueva legislación fiscal, que da elementos a la Auditoría para ser más eficaz en la revisión y sanción.
Anunció que, como hicieron con esta etapa para la entrega de las cuentas públicas, también van a impartir cursos a los gobiernos municipales sobre la entrega recepción de 2018, para que conozcan “los procesos y las consecuencias” de los informes.
Aclaró que las sanciones serán para la autoridad vigente en el periodo en que sean detectadas. Los entrantes no podrán decir que como solo ejercieron unos meses del primer año “no pasa nada”, así mismo los salientes, “como no cierro el ejercicio fiscal, la responsabilidad es del que sigue”