En la comunidad me’phaa de Colombia de Guadalupe se realizó un foro para informar sobre los avances de la iniciativa de reforma integral a la Constitución local surgida de los pueblos, y allí se dijo que ésta no es aceptada por los diputados y el gobierno del estado porque implica inversión de recursos para atender a los pueblos indígenas.
El comisario municipal Moisés Figueroa Estrada dio la bienvenida a más de 300 representantes de Malinaltepec, San Luis Acatlán, Copanatoyac e Iliatenco
El Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña (CCDM) y el Frente de Comunidades por la Defensa de los Derechos Colectivos en la Montaña (Frecoddec), realizó la reunión para informar sobre el contenido  de la iniciativa  de reforma integral a la Constitución local que respaldan  la CRAC-PC, el Frente Popular de Tlapa (FPT) y el Cecop.
Abel Bruno Arriaga dijo que la iniciativa popular cumplió los requisitos legales, pero su contenido no es aceptado por los diputados y el propio gobernador, porque contiene derechos que requieren de inversiones millonarias para atender la salud, educación, becas para estudiantes, canasta básica, campo y territorio.
Dijo que los diputados también han manifestado que las organizaciones que la promueven “piden mucho”.
Mencionó que la iniciativa que Astu-dillo mandó al Congreso es un retroceso y en sus declaraciones dice que va a desaparecer organizaciones sociales o grupos.
Del Frente Popular de Tlapa, Ubaldo Segura Pantoja dijo que los diputados no aceptan la iniciativa porque ellos hacen las leyes que  violan las garantías de los ciudadanos y de los pueblos originarios y un ejemplo es la reforma educativa.
Lamentó las dificultades para que la ley sea aprobada por un Congreso con mayoría del PRI y sus aliados.
Remarcaron que la  CRAC-PC ha garantizado la seguridad en las comunidades donde tiene presencia y la quieren desaparecer, como lo mencionó el secretario de Gobernación,  Miguel Ángel Osorio Chong, sin pensar que es un sistema de justicia en donde la ley no se vende sino que se aplica.
El comisario de San Miguel del Progreso, Luis Gálvez Ortega, invitó a luchar para conservar el territorio para sus hijos porque el  gobierno vende los territorios de los pueblos y no las ciudades.
Los asistentes dijeron que van defender el derecho y territorios como la hace San Miguel del Progreso, el cual dio batalla en los tribunales al ampararse de las mineras.
Representantes de núcleo agrario  de Ocoapa  dijeron que el comisariado Raúl Jerónimo Solano obliga los comuneros a inscribirse y acepten la certificación parcelaria que promueve la Sagarpa, lo que consideran servirá para las mineras.
Se acordó un foro en la comunidad de Plan de San Miguel del núcleo agrario de Ocoapa del municipio de Copanatoyac el próximo 17 de septiembre.
Los comisarios lamentaron los comentarios de desprestigio del delegado estatal de la CDI,  Lenin Carbajal Cabrera, hacia el centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, al decir que maneja de 18 a 20 millones de pesos para los granos básicos que se entrega los damnificados de la Montaña sin que de cuentas.
Dijeron que el consejo no maneja dinero y es la CDI la que  entrega los granos por medio de los camiones de Liconsa y se hace con la exigencia de documentación de la CURP y credencial de elector.