La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que el gobierno de Guerrero tuvo un subejercicio por 39 millones 144 mil 300 pesos durante 2016, “cuya aplicación está pendiente de ejercer”. Sin embargo calificó que hubo “una gestión eficiente y transparente de los recursos de los programas, excepto por las áreas de oportunidad”
De las nueve observaciones que la ASF realizó al gobierno de Guerrero, siete fueron solventadas y las dos restantes quedaron como no atendidas porque el último requerimiento que entregó el gobierno del estado, el 24 de mayo pasado, no cumplió con las características de lo que le solicitó el órgano fiscalizador, por lo que no aclararon ni justificaron en qué utilizaron estos recursos federales.
Como consecuencia de eso se generaron una recomendación y un pliego de observaciones.
En su dictamen la auditoría establece que revisó una muestra de 446 millones 948 mil 600 pesos, que representó el 71 por ciento de los 629 millones 837 mil 600 pesos transferidos a Guerrero mediante el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades.
Hasta el 31 de diciembre de 2016, el gobierno estatal había gastado solo el 58 por ciento de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría que fue el 30 de abril de 2017 pasado había ejercido el 93.9 por ciento. Por lo que la auditoria consideró que eso generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados.
También consideran que el gobierno de Guerrero no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender “los riesgos que limitan el cumplimiento”.
Además, incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) “ya que no hizo del conocimiento de sus habitantes el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, ni al término del ejercicio, los resultados alcanzados con el fondo”.
Pero esas observaciones las respondió el gobierno estatal afirmando que ya realiza investigaciones para determinar quiénes fueron los servidores públicos responsables.
La ASF consideró que los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, y en general concluye que el gobierno de Guerrero “realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del programa; excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos”.
En el informe se precisa que al gobierno del Estado de Guerrero le fueron entregados 629 millones 837 mil 600 pesos del FISE, y durante su administración (2016) se  generaron intereses por 7 millones 117 mil 400 pesos, por lo que el total de recursos disponibles para ese ejercicio fiscal fue de 636 millones 955 mil pesos.
De esos recursos, se constató que hasta el al 31 de diciembre del 2016 se pagaron 369 millones 466 mil pesos que representaron el 58 por ciento del disponible, por lo que determinó un subejercicio del 42 por ciento, que equivale a 267 millones 489 mil pesos, pero al 30 de abril de 2017 pasado el subejercicio se redujo al 6.1 por ciento que equivale a 39 millones 144 mil 300 no devengados.
Después de que el gobierno estatal no comprobó la ejecución del 6.1 por ciento de los recursos la ASF presume un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal por 39 millones 144 mil 304 peos más los rendimientos generados hasta la aplicación de los recursos del fondo”.
Pero además precisa que esos recursos estaban destinados para 257 obras en las zonas de atención prioritaria y pobreza extrema
De la transparencia del ejercicio de los recursos, el informe observó a Guerrero por no reportar oportunamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con la aplicación de los recursos del FISE 2016 que le fueron transferidos.
Para solventar las observaciones de la ASF la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del estado de Guerrero informó que inició diferentes procedimientos “para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos”.
De las obras y acciones sociales  informa que las 108 obras pagadas con recursos del FISMDF 2016 que forman parte de la muestra de auditoría, se  licitaron, adjudicaron y contrataron legalmente, pero apunta que hubo casos de excepción en los que el gobierno estatal otorgó contratos sin licitación y justificaron de manera “suficiente”, pero no se precisa cuántos ni cuáles fueron.