El Congreso local aún tiene pendiente aprobar el aplazar la elección del poder Judicial local para el 2028, a pesar de que se aprobó la minuta federal.
Aunque el pasado 2 de junio, en una de las últimas sesiones del periodo ordinario, los diputados locales aprobaron una serie de reformas electorales entre ellas varias del llamado Plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum, para, entre otras cosas disminuir regidurías, sindicaturas, y presupuesto a los Congresos estatales, todavía quedó pendiente aprobar que la elección Judicial se aplace al 2028, y no en 2027 como estaba prevista.
Fuentes legislativas informaron que aunque la gobernadora emitió una primera propuesta de reforma a leyes secundarias en materia de poder Judicial, para adecuar la elección de jueces y magistrados, a los pocos días llegó la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para aplazar las elecciones judiciales locales, tanto federales como en los estados.
Fue por ese motivo que no concluyeron el análisis de la iniciativa del Ejecutivo estatal y comenzaron de nuevo tomando en cuenta la reforma presidencial para cambiar las fechas del proceso electoral judicial.
De acuerdo con esta fuente, se espera que sea a través de un periodo extraordinario de sesiones, donde el pleno apruebe oficialmente aplazar la elección judicial para el 2028.
Aunque la fecha límite de los congresos estatales para aprobar reformas a la Constitución y modificar sus leyes en materia electoral era el 5 de junio, es decir 90 días antes del proceso electoral, en el Congreso local argumentan que al tratarse de una elección que se hará en 2028, ese plazo de los 90 días no aplicará.
Otro punto que desde el Congreso argumentan es que al ya validarse y aprobarse una reforma a la Constitución las disposiciones emanadas de ellas ya son aplicables, por lo que aplazar la elección judicial al 2028 ya es un hecho firme.
La reforma a la Ley Electoral local aprobada el pasado 2 de junio, solo incluyó la no reelección y el nepotismo; 3 de 3 contra la violencia; representación indígena y afromexicana en el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC); reducción de sindicaturas y regidurías; igualdad sustantiva; paridad efectiva; y reducir remuneraciones de los consejeros y magistrados electorales. (José Miguel Sánchez / Chilpancingo).