El diputado priista Samuel Reséndiz negó que los diputados hayan violado la ley al dar a conocer las observaciones que la Auditoría General del Estado (AGE) realizó a la cuenta pública 2016 de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), porque los diputados no están impedidos para hablar del tema.
Y precisó que sólo el órgano fiscalizador está impedido para dar a conocer la información hasta que esté concluido el proceso.
El diputado priista respondió al señalamiento de integrantes de la fracción perredista e independientes reclamaron que los diputados integrantes de la comisión de Evaluación y Vigilancia de la AGE dieran a conocer el presunto daño patrimonial de 194 millones 577 mil 346 pesos a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA) durante 2016, porque violaron los plazos que establece la ley de fiscalización ya que el procedimiento no está concluido.
Reséndiz Peñaloza precisó en una llamada a la redacción de El Sur, que ni él ni los diputados locales que estuvieron en la conferencia el martes pasado, del PVEM Mauricio Legarreta Martínez y Ricardo Mejía Berdeja, violaron la ley 1028: “yo creo que los compañeros diputados no conocen la ley de fiscalización”.
Y llamó a que los diputados que los acusan de violar la ley, digan cuál es el artículo que violan y que digan en dónde “se me impide a mí como diputado dar a conocer los resultados, yo creo que hablan en un total desconocimiento de la norma”.
De lo dicho por la diputada Silvia Romero Suárez, quien afirmó que la información no se dio a conocer como Comisión de Vigilancia y Evaluación, sino de manera particular por los tres diputados asistentes, ya que no la convocaron a pesar de que es la secretaria, Samuel Reséndiz dijo que efectivamente la conferencia fue únicamente de los diputados promoventes de la auditoría que en este caso fueron los del PRI, PVEM y MC que “casualmente” son integrantes de la comisión.
“Fue una conferencia de tres de los cuatro promoventes, por lo que no teníamos por qué invitar o llamar a todos los integrantes de la comisión, cuando no era un asunto de la comisión”, reiteró el priista.
Además de que apuntó que la CAPAMA atendió las observaciones que la AGE le realizó, sin embargo la información entregada no solventó las irregularidades halladas por lo que en el informe entregado al Congreso persiste la presunción de un daño patrimonial por 194 millones 577 mil 346 pesos.
“CAPAMA entregó la documentación que le pidió la AGE en tiempo y en forma, entregar la documentación no solventa automáticamente las irregularidades financieras, ellos tienen las observaciones, intentaron solventarlas y no pudieron”, precisó Reséndiz Peñaloza.
Y apuntó que no es el PRI o MC, si no el PRD el que quiere politizar el tema de la mala administración financiera de la CAPAMA: “quieren meternos en una agenda política a la cual no le vamos a entrar la agenda es meramente técnica y presupuestaria”.
A pregunta, el diputado priista dijo que la ley no prohíbe a los diputados dar a conocer los informes de resultados a pesar de que son dictámenes preliminares y que el impedimento es únicamente para la AGE.