Luego del asesinato del presidente de Petatlán, Arturo Gómez Pérez, los dirigentes del PRD, PAN y MC exigieron justicia, y respondieron al gobernador, Héctor Astudillo Flores, que no están politizando el tema sino exigiendo seguridad, porque todos están expuestos a la violencia.
En conferencia en la sala de juntas del hotel Acapulco Malibú, el presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, Ricardo Barrientos Ríos; el presidente del Comité Directivo estatal del PAN, Marco Antonio Maganda Villalva; y el coordinador de MC, Luis Walton Aburto, cuestionaron que sean tantas las víctimas de partidos políticos y tan frecuenyrd.
Los dirigentes sugirieron la salida del fiscal, Javier Olea Peláez, ante la falta de resultados, y recordaron que han hecho énfasis en la necesidad de cambios en el gabinete estatal.
Señalaron que tanto la Procuraduría General de la República (PGR) como la Fiscalía General del Estado (FGE) debieron dar respuestas en las investigaciones sobre los asesinatos de 16 políticos guerrerenses en dos años y medio, hace más de un mes, y no lo han hecho.
Asimismo, señalaron que los problemas de Guerrero no se resuelven repartiendo despensas, y que van a insistir en exigir justicia para las familias de los deudos de Arturo Gómez Pérez y todos los militantes asesinados.
La conferencia se desarrolló antes de una reunión privada en la que hablaron sobre las candidaturas en los distritos locales para la elección de 2018, y la inseguridad.
Exigieron que autoridades garanticen la seguridad de los ciudadanos de Guerrero, y generen las posibilidades de expresión y desarrollo en la entidad.
Lamentaron que en reuniones en las que han participado para firmar el pacto de la seguridad en el estado, se habló de hacer cambios radicales en política de seguridad, social y económica, sin que se muestren resultados fehacientes que beneficien a las familias.
El presidente estatal del PRD, Ricardo Barrientos sostuvo que “son cambios que no se han visto reflejados en el estado de Guerrero, y se puedan generar mejores condiciones. Se debe garantizar la libertad, la seguridad y el desarrollo”, y añadió que el acalde asesinado de Petatlán era el mejor evaluado de Guerrero.
Pidieron que se haga una investigación pronta y castigo a los responsables del crimen ocurrido la noche del jueves.
Además de sugerir cambios en todo el gabinete, plantearon revisar el desempeño de la FGE y la Secretaría de Seguridad Pública.
Por su parte, el presidente estatal del PAN, Marco Antonio Maganda Villalva exhortó a hacer una revisión de la seguridad y la procuración de justicia, mientras que el dirigente estatal de MC, Luis Walton Aburto, enfatizó que se vive una situación delicada en la entidad.
“Todos los ciudadanos son importantes, no solamente los dirigentes de los partidos políticos”, sostuvo, e indicó que es responsabilidad de los poderes ejecutivos federal y estatal, y de los municipales, brindar la seguridad, pues añadió que la Constitución no hace diferencia.
“El Estado la tiene la obligación de dar la seguridad, no la van a dar los ciudadanos. Lo que ocurre en Guerrero es criticable”, dijo y cuestionó al fiscal general del estado del estado de los avances de las indagatorias.
Nombro a los dirigentes asesinados en los últimos dos años y medio: Ambrosio Soto, Roger Arellano, Demetrio Saldívar, Crisoforo Otero, Octavio Arellano, Catalino Duarte, Ángel Vergara Chamú, Victorino Iglesias, Armando Arturo López Solano, Ángel Vergara, Francisco Tecuchillo Neri, Ranferi Hernández, Arquímedes Guzmán, Justino Carbajal y Arturo Gómez Pérez.
“Toda la ciudadanía de Guerrero pide seguridad; el procurador es el responsable de castigar los delitos y no hay resultados”, enfatizó el ex alcalde de Acapulco, quien reveló que tiene en su contra cinco averiguaciones previas, integradas por el procurador estatal:
“Ya nos fuimos al amparo, tiene dos años resolviendo y no ha resuelto el señor, y tiene interés. Solamente yo que soy un dirigente estatal, ¿qué no será (con) cualquier (otro) ciudadano? ¿Qué resultado hay de todas las carpetas que hay?, cuestionó.
Dos de las averiguaciones en su contra fueron integradas a raíz de un contrato firmado con la empresa de lámparas de alumbrado público Óptima, durante la gestión del ex alcalde priista Manuel Añorve Baños (2009-2012), y que Walton Aburto (2012-2015) señaló que el dinero por concepto Derecho de Alumbrado Público (FAP), se pagaba a esa empresa, entre 90 y 95 millones de pesos, en lugar que fuera entregado a la administración municipal de Acapulco.
El dirigente del PRD, Barrientos Ríos agregó que, “no hemos visto que las políticas públicas se hayan traducido en reducir las condiciones de inseguridad”.
Planteó revisar las políticas públicas, sociales y económicas, y dijo que, “no estamos politizando el tema, estamos exigiendo no sólo por la gente que hace política en el partido, sino de todos los ciudadanos, que se garantice la seguridad”.
Cuando se les preguntó a los dirigentes qué harán como Frente sobre las aspiraciones del ex gobernador, Ángel Aguirre Rivero de ser candidato por el distrito 8, y que consiguió la gubernatura cobijado por el PRD, el representante de ese mismo partido dijo que, “el PRD no tiene responsabilidad en lo ocurrido con la desaparición de los 43 normalistas, el 26 y 27 de septiembre de 2014. Los votantes de la región de Costa Chica decidirán si el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero llegará a ser candidato a diputado local en el próximo proceso electoral”.