Luego de que el Congreso local aprobó las reformas en materia de fiscalización para dar mayor autonomía a la Auditoría Superior del Estado (ASE), y que resta facultades al Poder Legislativo, la alcaldesa electa, Adela Román Ocampo opinó que aunque ésta debe tener autonomía, no puede ser absoluta, pues “obviamente que el auditor tiene que estar supervisado”.
En declaraciones al salir del foro regional de la evaluación multipartidaria sobre la participación política de las mujeres en el proceso electoral 2018, que se llevó a cabo en un salón del hotel Copacabana, a la ex magistrada Román Ocampo se le preguntó su opinión sobre la aprobación de las reformas que dan mayor autonomía a la ASE, y respondió que no ha leído a fondo la reforma y que se verá cómo actúa la próxima legislatura, donde será mayoría la fracción de Morena, pues “tiene gran responsabilidad el Congreso entrante de analizar cuidadosamente esta reforma que se acaba de aprobar para hacer las reformas que considere pertinentes, siempre ponderando el bien de la colectividad”.
Dijo que el auditor tiene que estar supervisado y no “puede actuar de manera arbitraria, sí tiene que tener autonomía en cuando a hacer revisiones de las cuentas públicas, pero la autonomía no es absoluta”. Indicó que la actuación del auditor tiene que ser apegada a la ley, tiene que seguir todos los procedimientos para revisar las cuentas públicas de los ayuntamientos, tienen que actuar con honestidad, con profesionalismo, y no tiene que haber funcionarios de excepción en cuando respeto a la ley. Dijo que si se vive en un estado de derecho no se puede hacer lo que venga en gana, porque hay leyes.
Con la nueva reforma, el auditor se podrá reelegir otros siete años, podrá nombrar a los cuatro auditores especiales y determinar su temporalidad en el cargo, también los exonera de ser juzgados por responsabilidad política y, en consecuencia, el Poder Legislativo no podrá destituirlos y toda la responsabilidad recaerá en quien esté al frente del órgano fiscalizador.
Sobre la reforma al artículo 14 de la Constitución local, que rige a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, la alcaldesa Adela Román Ocampo dijo que es una ley que no debe desaparecer sino fortalecerse, porque “surge como una necesidad de los usos y costumbres”.
Indicó que en Guerrero hay varias etnias y la Ley 701 es “importantísima, que debe fortalecerse en todo aquello que beneficie los usos y costumbres y con pleno respeto a los derechos humanos”.
Sobre los sueldos de funcionarios del Ayuntamiento de Acapulco, que no es nada transparente, y de si a ella ya le mostraron la nómina para ir ajustando los salarios de los que llegaran en su administración, Román Ocampo dijo que todavía no, pero que van a ver los sueldos como están para buscar el equilibrio.
Sobre los 80 mil 865 que gana el secretario de Seguridad Pública al mes, más que el alcalde que es un salario de 53 mil 812, la alcaldesa electa dijo que sabe que el responsable de la seguridad tiene un seguro de vida especial y un sobresueldo especial, y habrá que revisar el asunto, porque la seguridad es importante.
Indicó que entiende que haya una prestación extra dado que Acapulco es de alta vulnerabilidad y peligrosidad. Añadió que se va a buscar que quienes están en este ámbito “ganen bien, no más que el presidente municipal, pero si tengan sueldos justos porque son lugares donde se corres riesgos y el riesgo más importante de perder la vida”.