El gobernador Héctor Astudillo Flores señaló que mientras la UPOEG “use armas de uso exclusivo para el Ejército y esté fuera de los territorios indígenas, está fuera de la ley”. Esto, en respuesta al rechazo de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) al desarme de sus policías ciudadanos.
En conferencia de prensa en el palacio de gobierno, se le preguntó si existe una comunicación con la UPOEG tras el acuerdo de su asamblea de conformar un Consejo Estatal de Autoridades para evitar el desarme de sus policías ciudadanos. Astudillo ratificó que la organización se encuentra fuera de la ley.
En la breve declaración, denunció que la organización usa armamento de uso exclusivo del Ejército y que no se puede amparar en leyes que dan cobertura a los pueblos originarios.
El gobernador descartó asimismo la propuesta de organizaciones y el Sistema Comunitario de Seguridad, Justicia y Reeducación de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), para reformar la constitución en materia de derechos indígenas y afromexicanos, de acuerdo con una iniciativa que con apoyo de los partidos de oposición llevaron al Congreso local.
Aclaró que una ley “es general aquí y en China”, no puede incluir cuestiones de grupos ni de organizaciones. En este sentido, evidenció que los términos de la propuesta de las organizaciones no son apropiados para el diseño de una iniciativa de ley.
En la entrevista, recordó que hay un proceso legislativo sobre la Ley 701 de Reconocimiento, derechos y cultura indígena, que debe ser homologada con la constitución del estado de Guerrero.
“Lo que tratamos de hacer es que la 701 quede colocada correctamente en términos jurídicos. La Constitución y las leyes son generales, no pueden tener dedicatoria, es muy importante decirlo como abogado y como gobernador. No puede haber una ley para una organización en particular. No pueden contemplar cuestiones de grupos o de organizaciones. Si es una ley que tiene que ver con cuestiones hacendarias en general, con cuestiones indígenas, es general, no para una organización de carácter indígena”. Sin embargo, no mencionó que la Ley 701 ya reconoce el carácter de la CRAC-PC, como parte del estructura institucional del gobierno del estado.
La semana pasada, en la celebración del Día del Abogado en Casa Guerrero, Astudillo adelantó que una vez que los diputados aprueben la reforma del artículo 14 de la Constitución que se refiere a las acciones para garantizar la seguridad pública y la prevención del delito, y las que implementen los pueblos originarios, el ejecutivo enviará una iniciativa de reformar la Ley 701.
De la oposición de comunidades del municipio de San Miguel del Progreso, a las actividades mineras en la región Montaña, dijo que el gobierno del estado apoya todas las iniciativas de empresas canadienses, incluso mexicanas, interesadas en la minería, siempre y cuando sea viable hacerlo, “donde no es viable no es hace”.
Asimismo, se le preguntó su opinión sobre el anuncio del fiscal general del estado, Javier Olea Peláez, de que en tres semanas daría a conocer el nombre del asesino del quien fuera presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Armando Chavarría Barrera, y vencido el plazo no envió la información al Congreso. Astudillo dijo que antes de la conferencia tuvo comunicación con el fiscal “y seguramente en los próximos días enviará informe como lo ofreció”.
Finalmente habló de las jornadas comunitarias de soldados en comunidades con grupos ciudadanos armados por la seguridad, en Tlatempanapa, municipio de Zitlapa, y en San Miguel Totolapan, en Tierra Caliente, han sido vinculados a grupos delictivos.
Astudillo señaló que las jornadas comunitarias de carácter social está a cargo de los militares y se realizan en localidades donde “ha habido problemas, y estamos de acuerdo y estamos apoyando para que se hagan”. Agregó que en los próximos días habrá una reunión para definir donde continuarán las jornadas.